El sacrificio es de los que menos tienen: cómo impacta el “sinceramiento” de precios en las familias de bajos ingresos

Mientras una familia necesita este jueves 500.000 pesos para sobrevivir (alimentarse, cubrir transporte y salud) el salario mínimo, de 156.000 pesos, debería más que triplicarse para cubrir esas necesidades básicas. Los datos se desprenden del costo de la Canasta Básica Total que releva el Indec y que solo en diciembre tuvo un incremento mensual del 27%. La situación se agrava si se pone el ojo en el acceso a los alimentos: los precios de la canasta alimentaria familiar escalaron 47 puntos por arriba de la inflación en 2023 y el panorama para este año es poco alentador.

En este marco y pese a que el gobierno no incluyó en la larga lista de “emergencias” del DNU y la ley ómnibus a la crisis alimentaria, crece el alerta por los que más pierden en el modelo de la libertad de mercado: cada vez menos personas tienen los recursos para comprar la cantidad mínima de comida para la subsistencia y en las barriadas populares los aumentos de alimentos alcanzaron el 48% solo el primer mes de gobierno de la nueva gestión nacional. En detalle, los productos de almacén que más aumentaron fueron arroz (775%), fideos (500%), harina (400%) y azúcar (361%), se suman las carnes (354%), y verduras y frutas (222%). El bolsillo está cada vez más vacío y, a la par, las organizaciones sociales reclaman además por el ajuste en las partidas de alimentos de comedores comunitarios que ya empiezan a sentir una mayor demanda de los vecinos.

En este esquema y frente a proyecciones privadas que sostienen que la pobreza podría escalar cerca del 44%, un relevamiento mostró que algunos medicamentos crónicos aumentaron más del 116% en el último mes y la “nueva realidad” pasa por “elegir entre comer o comprar medicamentos”. Asimismo, las falencias estructurales que hacen que el 95% de quienes viven en barrios populares no tengan acceso a gas de red, agravan el golpe a los ingresos que significa una inflación del 25% mensual así como la política de liberación y desregulación: se detectaron subas de hasta el 200% en el precio de la garrafa de 10kg, la que las familias usan para tener alimentos calientes en la mesa.

La emergencia que el DNU no ve

En diciembre, una familia argentina de cuatro integrantes necesitó contar con al menos $500.000 para no ser pobre. Los datos se desprenden del costo de la Canasta Básica Total (alimentos, transporte, gastos de vivienda sin contar alquiler) que releva el Indec y que solo en diciembre tuvo un incremento mensual del 27%. A su vez, para poder cubrir las necesidades básicas de alimentación y no ser considerada indigente, esa misma familia debió tener ingresos en torno a los $240.600, un 30% más que en noviembre pasado. Así, mientras los precios de la economía tuvieron un incremento del 211,4% en 2023, los alimentos de la canasta familiar escalaron 47 puntos por arriba (258,2%). Estos datos dan cuenta de que los alimentos subieron más que la propia inflación, situación que se vio reforzada en el último mes del año por la devaluación en torno al 118% y la liberación y desregulación de precios que en lo concreto se siente en las subas iniciales del 45% en transporte, el aumento de más del 80% en combustibles, el alza de 40% en salud, las subas de más del 100% en alquileres de la mano de la derogación de la ley que protegía a las y los inquilinos, y un encarecimiento de los alimentos con alzas que superan el 50% en envasados, carnes, productos de higiene y estacionales como frutas y verduras. 

Las perspectivas para enero son poco alentadoras. Según la consultora LCG que analiza la evolución semanal de los precios de alimentos, en las dos primeras semanas de enero aumentaron 8,4%, con eje en productos como azúcar (12,7%), bebidas (9,7%), lácteos (8,2%) y panificación y pastas (4,5%). En este marco no son pocas las organizaciones que vienen denunciando una situación de emergencia alimentaria vinculada a que la suba de la canasta alimentaria golpea con más fuerza a los sectores de ingresos más bajos que destinan una mayor proporción de estos (arriba del 40%) solo a la compra de alimentos para la subsistencia cotidiana. De acuerdo con datos del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) mientras a nivel general los alimentos que mide el Indec marcaron en diciembre una suba del 30%, en comercios de cercanía de barrios populares del conurbano bonaerense el promedio de aumentos alcanzó el 48%, tal es así que los productos de almacén que más subieron fueron arroz (775%), fideos (500%), harina (400%) y azúcar (361%), se suman las carnes (354%), y  verduras y frutas (222%).

A la emergencia que representa no contar con el pan en la propia mesa se suma la crisis vinculada a la falta de asistencia estatal a los comedores comunitarios, lo que agrava el contexto actual. “Las y los trabajadores de la economía popular nos vemos perjudicados principalmente por la cuestión alimentaria, ya que no se están recibiendo alimentos en los comedores comunitarios y son cada vez más las familias que asisten a estos espacios. En ningún renglón de la ley ómnibus y el DNU 70/2023 se ha propuesto cómo atender la emergencia alimentaria que hay en nuestro país. Este gobierno ha tomado la decisión de no entregar alimentos a los comedores comunitarios”, señaló Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en su exposición en las comisiones legislativas que tratan la mega ley enviada por el gobierno.

En el mismo sentido, un informe de la organización La Garganta Poderosa alertó que en los barrios “eligen entre comer o comprar medicamentos”. A partir de analizar cómo impactan las remarcaciones en otro aspecto clave como es el acceso a medicamentos y a la salud, subrayaron que “en los barrios muchas personas toman medicación de forma crónica y pueden acceder de forma gratuita en la salita y hospital o así era hasta ahora”. De acuerdo a lo relevado a nivel federal, “una vecina de Villa Parque Norte en Catamarca que vive con Parkinson y las pastillas le duran diez días, pasó de pagar en un mes 10.000 pesos a 19.800 pesos”, de esta manera necesita por mes 59.400 pesos para medicamentos, más de la mitad de la jubilación mínima. Asimismo en la provincia de Buenos Aires, “el precio del Enalapril que es un medicamento para la hipertensión aumentó 116% en solo un mes”, lo que pone a las familias en el drama urgente de “elegir entre comprar comida o medicación, y esto no puede ser realidad aceptable”, destacaron. 

En este escenario, un grupo familiar de dos adultos y dos menores necesita ingresos por arriba de tres salarios mínimos (el valor actual es de 156.000 pesos) para no caer en la pobreza. Al respecto, según datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, con una inflación del 25% en diciembre y un estimado del 20% en enero, el Salario Mínimo, Vital y Móvil tendrá en dos meses una caída real del 30%, quedando un 10% por debajo de diciembre de 2001, dado también la pérdida sostenida de los últimos ocho años. Si bien desde el gobierno nacional aseguraron días atrás que la intención era convocar al Consejo del salario que define su actualización entre el 20 y 30 de este mes, lo cierto es que este martes se conoció que la idea seria postergar la convocatoria -podría ser en febrero- en respuesta al freno judicial al DNU y al paro y movilización del próximo 24 de enero, por parte de las centrales sindicales. La demora incide de forma negativa en los pisos salariales de referencia de los Convenios, así como en programas laborales como el Potenciar Trabajo en la prestación por Desempleo y el Programa Acompañar para victimas de violencia de género. 

Cómo pegan los “precios atrasados” en los que menos tienen

El 47% de las familias que viven en barrios populares del país no tiene acceso a agua de red, un 57% depende de conexiones de electricidad informales, sólo el 36% tiene cloacas y el 95% de las viviendas no tiene conexión de gas natural, es decir, depende de gas envasado. Estas condiciones materiales de vida hacen que el escenario de inflación sostenida desde mediados del 2022, y agravado desde el inicio de la gestión de Javier Milei en diciembre, pegue con más fuerza en las familias que los habitan, libradas ahora a la oferta y demanda del mercado.

Tal es así que las familias populares y los comedores comunitarios dependen del acceso a una garrafa para poder cocinar los alimentos. Si a inicios del 2023 el precio de cada garrafa de 10kg rondaba de $2000 a $4000, en diciembre pasó a valer arriba de los $10.000. Así lo mostró un relevamiento reciente de La Poderosa que detectó subas de 80% al 200% solo en el último mes. Una garrafa le rinde, en promedio, 20 días a cada familia. En detalle, en Tucumán el valor pasó de $5.000 a $11.500 (+130%), en Mendoza de $4.000 a $13.000 (+225%), en Santiago del Estero de $5.000 a $11.000 (+120%) en Río Negro de $5.300 a $10.000 (+88%) y en CABA de $4.000 A $8.500 (+112%). “Se gasta el 10% del salario mínimo, y hay que considerar que los ingresos populares son un 60% más bajos que el promedio, es insostenible”, señalaron. Además, en el caso de los comedores populares las cocineras utilizan garrafas de 45kg cuyo valor aumentó de $20.000 a $50.000 en 30 días. 

En relación, la necesidad de obras de infraestructura y desarrollo de servicios básicos en los más de 5500 barrios populares del país es otra de las demandas centrales ya que, al momento, La Liberta Avanza no tiene previsto continuar con la política de integración socio-urbana que buscaba dar respuesta a dicha problemática. “Nos llama la atención que esta ley intente desfinanciar una política importante como ha sido la urbanización de barrios populares tratando de sacar el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas que ha permitido financiar miles de obras e impacta en cloacas, agua, conexión intradomiciliaria, urbanización que permiten dar dignidad de la gente. Mientras la ley Ómnibus construye una ingeniería para beneficiar al poder económico concentrado, no hay una sola política para atender los problemas de los sectores sociales”, dijo en ese sentido Gramajo de la UTEP, frente a las y los legisladores de todos los partidos que tienen en sus manos la decisión de avanzar o no en las reformas que promueve el gobierno nacional.

La otra cara: riqueza cada vez más concentrada

A contramano de la realidad de las familias argentinas y mientras el presidente Milei, participa esta semana del Foro Económico Mundial en Davos, que reúne a mandatarios nacionales con los grupos económicos y empresarios internacionales de mayor poder del globo, un informe de la ONG internacional OXFAM denominado “Desigualdad S.A.: El poder empresarial y la fractura global” le puso números a la desigualdad. ¿No hay plata o la riqueza está concentrada?

Según el documento, desde el 2020 la fortuna de los cinco hombres más ricos del mundo se duplicó mientras que casi 5 mil millones de personas se volvieron más pobres. “Mientras te ajustás para llegar a fin de mes con tu sueldo, te contamos que la fortuna de los cinco hombres más ricos incrementó un 114%”, dijo sin vueltas la reconocida organización y detalló también que en América Latina la riqueza de las tres personas más ricas ha aumentado en 70% desde la pandemia, además 7 de las 10 empresas más grandes del mundo tienen un director milmillonario o a un milmillonario como su principal accionista y el 1% más rico de la población mundial posee el 43% de los activos financieros globales.

La masculinización de la riqueza se evidencia a nivel global en que los hombres poseen 105 billones de dólares más de riqueza que las mujeres, lo que equivale a más de cuatro veces el tamaño de la economía estadounidense. Se agregó que únicamente el 0,4% de las 1600 empresas más grandes del mundo se comprometen públicamente a pagar a sus trabajadores y trabajadoras un salario digno y a este ritmo de concentración de la riqueza, se necesitarán 230 años para erradicar la pobreza.  “A base de exprimir a sus trabajadores y trabajadoras, evadir y eludir impuestos, privatizar los servicios públicos y alimentar el colapso climático, las empresas están impulsando la desigualdad y generando una riqueza cada vez mayor para sus ya ricos propietarios”, advirtió Oxfam y reclamó políticas activas de los Estados.