El grueso de las familias más ricas del país cumplió con su obligación de aportar de forma extraordinaria para paliar las consecuencias de la pandemia. El Gobierno nacional recaudó $ 223.000 millones que se destinarán a asistencia sanitaria, subsidios a las PYMES y a los barrios populares, como estipula la ley. La AFIP continuará con las fiscalizaciones para cobrarle al resto de los multimillonarios.
Los datos preliminares, a los que accedió El Destape, muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los $ 200 millones cumplieron con el aporte solidario. Se trata de alrededor del 80% del universo potencial, que permitieron que el Estado recaude $ 223.000 millones.
“La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, expresó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
MÁS INFO
Con el objetivo de asegurar que todos los contribuyentes alcanzados por esta ley, el organismo recaudatorio inició fiscalizaciones integrales sobre un conjunto de contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones que no presentaron sus declaraciones juradas y, por lo tanto, no ingresaron los pagos correspondientes. Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada.
Un pequeño grupo de millonarios, hasta ahora cerca de 200 contribuyentes, iniciaron acciones legales para no pagar el aporte solidario y extraordinario. En todos los casos, la AFIP se presentó en los tribunales para que el Poder Judicial fuerce a estos ultra ricos a cumplir con la obligación que les impuso el Parlamento para mejorar la situación de la mayoría de las familias, que padece la pandemia. La crisis económico-sanitaria, justamente, incrementó la brecha entre los más pudientes y los de menores ingresos.
Los recursos generados se destinarán directamente a financiar a sus fines preestablecidos, tal como lo encasilló el Congreso. Cerca del 20% del total, alrededor de $ 45.000 millones, se usará para la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
Una suma similar, otro 20% de los ingresos preliminares, irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas. Este tendrá el objetivo principal de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
A las becas Progresar les corresponderá una inyección adicional de recursos equivalente al 20% del total que será recaudado. Los fondos permitirán reforzar este programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica.
MÁS INFO
Más de $ 33.000 millones, un 15% de la recaudación observada hasta el momento, se destinará a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales en los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). En tanto, cerca de $ 55.000 millones, el 25% de los fondos, financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.
La ley 27.605, aprobada en diciembre del año pasado, estableció que el Poder Ejecutivo deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados. Las estimaciones sobre el destino de los fondos son preliminares ya que la AFIP continuará con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas. Asimismo, se espera que a lo largo de las próximas semanas avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte.
Cerrar sesión