206.000 millones de pesos o 0,35 por ciento del PBI. Ese es el monto que destinó el gobierno para financiar bonos de 18.000 pesos para siete millones de trabajadores informales y monotributistas, para seis millones de jubilados, y para ampliar los montos de la tarjeta Alimentar para 4,1 millones de beneficiarios, sectores todos ellos con ingresos que vienen perdiendo poder adquisitivo de forma ininterrumpida desde hace cinco años.
Y una cifra solo 3 por ciento menor, 200.000 millones de pesos, es lo que según la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) recaudaría el gobierno si el Congreso aprueba el proyecto de Renta Inesperada enviado por el Ejecutivo, que gravaría con una sobretasa a cerca de 350 empresas, las más beneficiadas por el actual contexto bélico y que pudieron ganar millones extras no a causa de una mayor inversión, desarrollo o productividad, sino fundamentalmente por el fortuito aumento de los precios de las materias primas derivadas de la guerra.
Aun así, y pese a que la cifra se iguala, el proyecto de ley el gobierno no vinculó ambas cuestiones ni señaló en sus considerandos que el monto se aplicaría de forma directa al sector más vulnerable de la población, un elemento que puede ser capitalizado por la alianza Juntos para volver a oponerse al proyecto sin pagar mayores costos políticos, al margen de que durante el debate por el impuesto a la riqueza este espacio político no exhibió reparos en demostrar que legisla en favor de las clases altas (ver tuit).
Entre el FMI y la OCDE
Sin embargo, organismos multilaterales han respaldado este tipo de impuesto y avalado también el concepto de “renta inesperada”. De hecho, el economista del FMI Jean-Marc Natal señaló que "al igual que debe hacerse y a veces se hace después de las guerras, donde mientras unas empresas luchan por sobrevivir otras se vuelven más débiles que nunca, los gobernantes pueden hacer que estas últimas compensen a las primeras con un impuesto adicional y temporal”.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también conocido como “el club de los países ricos”, definió como renta inesperada aquella ganancia que supera el 10 por ciento anual de la inversión, al tiempo que, de acuerdo a la UNDAV, informó que los ingresos por Impuesto a las Ganancias de sociedades en Argentina representan sólo el 5,4 por ciento del PBI, es decir menos de la mitad del peso que tiene este impuesto en promedio en los países de la OCDE, donde representa el 11,3 por ciento del PBI, con el extremo de Dinamarca que llega al 29,9 por ciento del PBI.
De esta forma, el impuesto a la Renta Inesperada equilibraría en parte y aunque sea temporalmente la regresiva estructura fiscal que rige en la Argentina, pues el proyecto oficial sobre este tributo se plantea como una sobrealícuota del 15 por ciento en el Impuesto a las Ganancias para aquellas empresas que ganaron más de 1.000 millones de pesos en el presente ejercicio económico en relación a 2021 y cuya ganancia real sea superior al 10 por ciento de sus ingresos, o bien cuya ganancia actual sea un 20 por ciento mayor que la del ejercicio anterior.
Se trata, fundamentalmente, de compañías exportadoras de materias primas, que a partir de la guerra vieron incrementar de forma exponencial los precios de sus exportaciones, pues desde febrero, el precio internacional del Trigo subió un 96 por ciento, el del Aceite de Girasol un 47 por ciento, el del Aceite de soja un 34 por ciento, el de Maíz otro 25 por ciento, y el del Poroto de soja un 19 por ciento.
Europa y Estados Unidos
Lejos de ser una creación argentina, o del actual gobierno, el impuesto a la Renta Inesperada, se está aplicando actualmente en Italia y Reino Unido, y tiene un importante antecedente en toda Europa y los Estados Unidos.
En Italia, este impuesto se aprobó este año para empresas energéticas que aumentaron sus ganancias entre octubre del 2021 y marzo del 2022, donde dependiendo de la facturación, las sobretasas podrán ir del 10 al 25 por ciento. Por su parte, en el Reino Unido se busca gravar la renta inesperada con una tasa del 25 por ciento a las compañías energéticas de gas y petróleo, con el fin de subsidiar la energía de 8 millones de hogares.
Pero además, según señala la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), el impuesto a la Renta Extraordinaria es una práctica extendida a lo largo de la historia en países desarrollados. Por caso, en 2010 Australia sancionó un impuesto extraordinario para las mineras, luego de una escalada de precios en este sector, mientras que en 1997 Inglaterra impuso impuestos a las ganancias extraordinarias tras la privatización de grandes empresas de servicios públicos.
Asimismo, FIDE señaló que durante esa misma década, Suecia, Noruega, Canadá, Alemania e Irlanda llevaron adelante impuestos directos a las ganancias extraordinarias por revaluaciones de tierras derivadas de la suba de precios internacionales de materias primas u otras condiciones excepcionales, mientras que en los ochenta, en medio del contexto de fuertes subas en el precio internacional del petróleo y desregulación de sus precios internos, Estados Unidos, Inglaterra y otros países europeos sancionaron gravámenes de ganancias inesperadas.
Además, FIDE plantea que esta modalidad fue aplicada mayormente durante contextos bélicos, ya que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Francia, Italia y Estados Unidos sancionaron este tipo de impuesto, mientras que tras la Primer Guerra Mundial, en 1918, Estados Unidos decidió aplicar un impuesto a las ganancias extraordinarias que, en una escala progresiva, llegó hasta un máximo del 80 por ciento de alícuota, cuyo monto se elevó al 95 por ciento durante la Segunda Guerra Mundial.
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