Desde la implementación en octubre último del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) se desistieron reclamos a través de medidas cautelares (para acceder a divisas de manera directa) por hasta 2600 millones de dólares. El SIRA, que reemplazó al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), entró en vigencia el 17 de octubre del año pasado, con el objetivo de dar un mayor ordenamiento y trazabilidad completa a las operaciones y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otros mecanismos irregulares.
"La mayoría de las empresas que habían presentado SIMI y las tenían pendientes de resolución fueron desistiendo, y de las SIRA presentadas desde entonces no hay una sola cautelar que hayamos perdido", señaló el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel. El funcionario explicó que los importadores cedieron sus pretensiones porque "se dieron cuenta de que a la larga iban a perder" producto de los controles efectuados en el SIRA y ante el riesgo de denuncias por "uso abusivo de cautelares", lo cual podría dejarlos fuera del nuevo esquema y sin autorizaciones para importar.
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El 60 por ciento de las cautelares estaba concentrado en 100 empresas, en su mayoría de los rubros textil y electrónico. "El abuso de las medidas cautelares atenta contra la producción y el trabajo en nuestro país, y debemos cuidar el empleo argentino", sostuvo el titular de Aduana.
Los cargos y las multas a las empresas, tanto por maniobras de sobrefacturación de importaciones como subfacturación de exportaciones, escalaron a US$ 1.018,4 millones en el segundo semestre de 2022, 667 por ciento más que en los seis meses anteriores.
Mientras en el período comprendido entre enero y junio la Aduana analizó 14.134 operaciones por un monto fiscalizado (monto FOB) total de 896,4 millones de dólares, aplicando cargos suplementarios y multas por 132,7 millones de dólares, de julio a diciembre, las acciones se duplicaron "de manera sustancial", hasta 33.150 operaciones, y el monto FOB creció 430 por ciento hasta alcanzar los 4747,4 millones de dólares.
Las operaciones se enfocaron principalmente en las importaciones: en el primer semestre se habían analizado 10.956 importaciones y en el segundo la cantidad subió a 26.953. Las multas en exportaciones registraron un mayor aumento (4476 por ciento) y las empresas debieron afrontar cargos por 613 millones de dólares; en importaciones, las multas ascendieron a 405,2 millones de dólares (239 por ciento).
Los rubros más significativos sobre los que recayeron las acciones por parte de la Aduana son minería, productos agropecuarios, bienes de capital, insumos médico-sanitarios y agroquímicos. Al respecto, desde el organismo enfatizaron que los casos "encuentran un denominador común: la triangulación comercial nociva, que impacta en el egreso indebido de divisas". Se trata de operaciones comerciales con facturas de compra emitidas desde Estados Unidos, fundamentalmente, y desde Hong Kong, Uruguay y Panamá, en menor medida.
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