Hacia una nueva política de cuidados: una cuenta pendiente de la democracia

Este lunes el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley que propone, entre otras cosas, cambios en los regímenes de licencias por maternidad y paternidad que serán incorporados en las prestaciones de la seguridad social. En estas líneas proponemos un desglose de la relevancia económica de una propuesta como esta y una comparación con otras iniciativas que cada tanto vuelven a entrar en la agenda.

Las tareas de cuidado han sido históricamente desdeñadas en los análisis económicos. Sin ir más lejos, el cálculo del producto bruto interno (PBI) solo tiene en cuenta aquellas actividades que se realizan a través del mercado. Así, una tarea de cuidado rentada es contabilizada, pero una sin retribución económica, como suele suceder en la mayoría de los casos, no. Lo mismo sucede con el resto de los quehaceres domésticos. Sin embargo, cada vez queda más claro que las actividades domésticas no monetizadas son un elemento fundamental en el funcionamiento de nuestras sociedades, necesario para la reproducción de la vida, y por ende deben ser tenidas en cuenta en el análisis económico.

Recientemente el INDEC publicó los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 (aun no están disponibles los microdatos que permitirían cruzar las variables con otras y hacer análisis más específicos). Según este relevamiento, un 91 por ciento de las mujeres y un 74 por ciento de los varones realiza tareas laborales no remuneradas. Desagregadas por tipo de actividad, un 30,6 por ciento de las mujeres y un 19 por ciento de los varones realiza tareas de cuidado. En las mujeres entre 30 y 64 años este guarismo asciende al 38 por ciento. A su vez, realiza tareas de cuidado no remuneradas el 72 por ciento de las mujeres que vive en hogares en los que hay menores de 14 años, contra un 45 por ciento de los varones. Es decir, las tareas de cuidado no remuneradas recaen principalmente sobre las mujeres, lo que no es ninguna novedad, desde ya.

El dedicar tiempo a tareas domésticas no remuneradas de manera diferencial incide sobre las perspectivas laborales y, por consiguiente, sobre los ingresos a percibir en los mercados de trabajo. Así, no es casual que mientras las mujeres destinan más tiempo que los varones a trabajo doméstico no pago, los varones tengamos salarios significativamente más elevados (los últimos datos oficiales refieren a un 20 por ciento). Esta brecha salarial a veces refiere a que las mujeres cobran menos por el mismo trabajo, pero sobre todo a que las mujeres no suelen llegar a los mismos puestos debido a distintos obstáculos estructurales. Uno de ellos es, precisamente, la desigual carga de cuidados.

El eje central de la nueva propuesta refiere a las licencias para cuidar de recién nacidos/as. Por razones obvias, las personas gestantes tienen mayores cargas de cuidados que las no gestantes. Sin embargo, en Argentina el desbalance entre unas y otras lleva a que las brechas en el mercado de trabajo se agiganten. Las madres gestantes que trabajan en relación de dependencia tienen hoy en día noventa días de licencia con goce de sueldo a cargo de la ANSES, mientras que los progenitores no gestantes solo disponen de dos días, en este caso a cargo del empleador, pero en muchos convenios colectivos sectoriales el número es significativamente mayor, llegando a veces a los quince días o al mes. Claro está, para quienes están fuera de convenio son dos días.

Por un lado, el aumento de las licencias para progenitores no gestantes (en su mayoría, padres) es un beneficio -y un derecho- para ellos. Pero, por el otro, es un enorme beneficio para las mujeres, puesto que no solo se habilita compartir las tareas de cuidado sino que, además, se aligeran las diferencias en las carreras laborales. En el extremo, si varones y mujeres tuvieran la misma licencia luego de un nacimiento se reducirían significativamente los desincentivos de las empresas a contratar mujeres. La propuesta del Poder Ejecutivo plantea ampliar a quince días la licencia para progenitores no gestantes, pero con un recorrido de ampliación hasta los noventa días en los próximos años, y a 126 días para progenitores gestantes, tal como recomiendan hoy en día organismos internacionales.

Pero la propuesta va mucho más allá, porque refiere también a las empleadas de casas particulares y monotributistas. Hoy en día muchas relaciones de dependencia reales se esconden bajo la figura del monotributo (sobre todo en el Estado) y esas mujeres carecen de la licencia que les correspondería si fueran trabajadoras registradas. Quedan fuera, por ahora, las trabajadoras no registradas, lo que reviste mayores dificultades en términos de acceso y control. Sin embargo, la perspectiva de la institucionalización del sistema nacional de cuidados permite abrir esas discusiones faltantes a futuro.

Hacia el principio de la nota planteamos que proponíamos comparar esta propuesta con otras iniciativas que vuelven a entrar en la agenda pública. Un ejemplo son las declaraciones recientes de algunas dirigentes opositoras, como Amalia Granata o Patricia Bullrich, respecto de la necesidad de reestablecer un servicio militar obligatorio para quienes no estudian ni trabajan. Más allá de que se trata de medidas que refieren a temáticas distintas (y una cosa es un proyecto de ley elaborado y otra una declaración pública carente de todo sustento en papel) hay un punto en común que merece ser mencionado: el tratamiento del trabajo doméstico no remunerado. La mayoría de las mujeres jóvenes del país que formalmente no estudian ni trabajan, y que según las ideas de Granata o Bullrich deberían asistir a este renovado servicio militar, tienen tareas de cuidados a cargo. En muchos casos, fueron madres adolescentes. En otros, se hacen cargo de sus hermanos, hermanas y otros familiares. En menor medida, esto también sucede con varones.

A esas mujeres que no tienen trabajo remunerado -ni siquiera no registrado- y que no pueden estudiar, se las puede ayudar con políticas activas o se las puede enviar por la fuerza a un cuartel. Se puede comprender su situación particular o se las puede criminalizar. Se las puede escuchar o se las puede castigar. O también se las puede, como ha sucedido muchas veces, invisibilizar.

La discusión sobre la relevancia de los cuidados -y el trabajo doméstico no remunerado en general- abre desafíos para las políticas públicas, pero también para la teoría social -incluyendo a la economía-. La deficiente legislación es una deuda pendiente de nuestro sistema democrático, en tanto potencia la desigualdad entre varones y mujeres. A su vez, la falta de atención a estas temáticas en la formación de los economistas nos lleva a tender a relegar estas discusiones a otros ámbitos y a no preocuparnos por un elemento central del sistema económico, como la reproducción de las condiciones de vida.