En 2017 los reprimió para desalojarlos del barrio de Once y los ubicó en predios privados en donde supuestamente iban a ser capacitados por el Estado para insertarse en el mercado laboral. Al año siguiente ya había rescindido uno de los contratos para mostrar un ajuste presupuestario y desde principios del 2020 dejó arbitrariamente de pagar el alquiler del otro terreno. Ahora más de 200 familias de manteros vuelven a quedar en la mira de un nuevo desalojo mientras el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no ofrece una respuesta y litiga contra el dueño del terreno "por ocupación indebida" de los terrenos, lo que involucra una deuda de 20,6 millones de pesos.
Sin la empatía que pueda generar la serie televisiva, Larreta enfrenta un juicio por "okupa" de terrenos que alquiló y no paga, donde ubicó a más de 200 familias de manteros para que ofrezcan sus productos mientras se los capacitaba. Había sido el acuerdo que ofreció la administración porteña a los vendedores para "sacarlos" de Once, sobre avenida Pueyrredón. "El objetivo era poner un predio para que vendan, a fines de 2016, en un terreno de mi cliente, y los iban a instruir para ingresar en el mercado laboral", explicó a El Destape, Fernando Mercuri, abogado representantes del titular de los dos predios en litigio.
MÁS INFO
A las patadas
En diciembre de 2016, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, alquiló, entre otros, un predio de 2800 metros cuadrados donde había funcionado la empresa Río Estudiantil. En 2017, el gobierno de Larreta desalojó, con represión mediante, que incluyó hasta un periodista lesionado, a los manteros en el cruce Pueyrredón, en el barrio de Once. Se los trasladó a los predios alquilados.
El contrato era por tres años, desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2019, cuando debía entregarse las instalaciones "libre de toda ocupación", según las actas a las que accedió este medio. El contrato podía prorrogarse por seis meses. El canon de alquiler del terreno más pequeño, El Mercado, era de 250 mil pesos por mes, mientas que el más grande, La Rioja, se pactó en 400 pesos mensuales. Este último se alquiló desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019, también prorrogable por seis meses.
Cuando se alquiló el segundo predio se rescindió el contrato del primero. "Hubo algún funcionario de la Ciudad que quiso mostrar un ajuste en el Presupuesto y directamente lo rescindió dejando unas 60 familias allí hasta hoy", explicó Mercuri. El otro contrato venció y la Ciudad dejó de pagar directamente. Ahora el dueño de los terrenos, Manchego Alberto Dardo, reclama el pago de 11 millones de pesos por el predio El Mercado y 9,6 millones por el de La Rioja, mientras reclama la desocupación del terreno. Al día de hoy continúa ocupando el inmueble "sin abonar los cánones locativos" desde junio de 2019 a la fecha en uno de los locales y desde mayo en otros.
La construcción está desarrollada en sótano, con planta baja y alta. En el primer piso el gobierno porteño aprovechó para instalar oficinas de educación vial, donde se darían las charlas de perspectiva de género. Sin embargo, con la pandemia, esas oficinas no se utilizan.
El ilusionismo porteño
En la planta baja funciona como galería comercial, constituida por locales contiguos y "posee sanitarios precarios hacia el fondo del predio", según la constatación judicial ordenada en el marco del juicio a la Ciudad. Allí hay se abre a diario las puertas para que los feriantes, en un contexto de escaso movimiento económico, puedan vender y sostenerse. Los propios feriantes se encargaron de los arreglos y mejoras de los galpones dispuestos para la feria.
MÁS INFO
"Varios invertimos en el lugar. Se hizo el techo que no había. Acá hay gente de todos lados. Le ofrecimos hasta pagar todos los insumos. Hasta pusimos el medidor", explicó a El Destape Norberto Lanvers, feriante y administrador. "El gobierno porteño había ofrecido un montón de cosas y no cumplió uno: la capacitación, la publicidad de la ferias y la generación de talleres, entre otras cosas. Y nada. Encima, no hay movimiento económico y no se hace nada de ventas", agregó.
Muchos feriantes, los menos optimistas, están esperando que se haga el desalojo, mientras que otros se ilusionan con una solución que les permita continuar con su actividad comercial. En las negociaciones, desde el gobierno de Larreta se deslizó la posibilidad de trasladar a los feriantes a unas instalaciones en el barrio porteño de Barracas. "A nosotros no nos ofrecieron nada", señaló Lanvers. "No sabemos qué destino le darán", reconoció Mercuri.
Por el pedido de desalojo se otorgó al gobierno de la Ciudad un traslado de 60 días hábiles para que contesto por uno de los terrenos y se pidió un acta de constatación por un inspector de la Justicia porteña por el otro. "Es dificilísimo litigar contra la Ciudad en la Ciudad, cosa que nunca me pasó con Provincia ni con Nación", asegura el letrado. Para las familias, ninguna solución ni representación, otra vez.
Cerrar sesión