Guerra, retenciones e inflación: medidas extraordinarias para realidades extraordinarias

 A los economistas de la corriente principal les gusta separar taxativamente la economía de la política. La ciencia funcionaría en un mundo áulico dominado por la técnica y la política sería aquello que interfiere en el desarrollo de la técnica. Se trata, por supuesto, de un mundo imaginario. Los sujetos de la política económica son los actores económicos: empresarios, trabajadores y los mismos gobiernos que toman las decisiones y, por lo tanto, la política económica es inseparable de las relaciones de poder, de la lucha de clases. La economía es economía política.

  La “guerra” contra la inflación es entonces una disputa política entre actores sociales. Pero así como no puede negarse la política tampoco puede negarse la técnica. Para la ciencia los problemas estándar tienen soluciones estándar. Por ejemplo, la inflación no es un fenómeno multicausal ni debido a la maldad de los especuladores, es principalmente un fenómeno de costos, de variación de precios básicos, dentro de los que puede desglosarse la inflación internacional. En el año 2021 la inflación local se explicó en buena medida por los precios internacionales, en tanto los precios básicos internos, tarifas, salarios y dólar, permanecieron relativamente estables, corriendo por detrás del IPC. Los precios internacionales también comenzaron en alza en 2022. La razón principal fue la afectación de las cadenas de suministros derivada de la pandemia, con lo que frente a la recuperación de la demanda mundial, algunos productos comenzaron a subir más rápido que la oferta. La guerra en Ucrania sumó al fenómeno disparando los precios de las commodities agropecuarias y energéticas. Argentina es exportadora de commodities agropecuarias e importadora neta de energéticas.

  La línea de acción estándar para desacoplar fuertes subas de precios internacionales de los precios internos son las retenciones a las exportaciones. Para quienes no están familiarizados con los debates que se dieron en la Argentina en 2002 y 2008 vale recortar que los precios de venta de cualquier producto son únicos. El exportador de cualquier bien venderá siempre a la cotización más alta que pueda conseguir. Si el precio internacional de un bien es 100 y tiene una retención del 20 por ciento, el precio interno será de 80. Nótese que el arancel tiene dos consecuencias, “separa” precios internacionales de locales y además genera una recaudación. Una retención “móvil” es la que fija el precio interno. Si el precio internacional es 100 recorta 20, si es 120 recorta 40 y si es 150 recorta 70. Es “móvil” porque el porcentaje retenido se mueve con los precios internacionales. En la actual coyuntura, sin embargo, deberían matizarse incluyendo el aumento de los costos de los insumos y recordando que no se busca afectar la rentabilidad de preguerra de los exportadores.

  Las retenciones, entonces, sólo son un instrumento y se pueden utilizar en distintos momentos con objetivos diferentes. En 2002 se utilizaron principalmente para morigerar los efectos de la devaluación y para que el Estado participe de los mayores ingresos originados en la diferencia cambiaria. En 2008 lo que estuvo en debate fue la renta agraria. En 2022 el objetivo sería evitar que los “precios de guerra” desestabilicen la macroeconomía disparando una inflación que ya venía desbocada. Es decir, si el precio estaba en 100 y por la guerra sube a 200, el adicional de 100 es un “ingreso extraordinario de guerra”, que es lo que en principio debería retenerse. El productor debe seguir recibiendo lo mismo que recibía el día anterior a la primera bomba sobre Ucrania. Si esto no se hace lo que sucede es que el aumento de 100 a 200 también se traslada al mercado interno. Como los incrementos son realmente importantes y afectan productos básicos lo que está en riesgo es la estabilidad macroeconómica, o dicho de manera más directa, si las medidas que se apliquen en el combate no son efectivas la inflación podría duplicarse y superar el 100 por ciento anual. El efecto sería una profunda inestabilidad política. 

  Ahora imagine el lector que es un productor de los bienes que son alcanzados por una retención móvil. Seguramente pondrá el grito en el cielo en tanto está perdiendo una oportunidad única de aprovechar un precio extraordinario. Sin embargo, en paralelo puede imaginar también que su ingreso familiar es de 84.000 pesos, lo que en febrero le permitió adquirir una canasta básica para una familia tipo de 4 integrantes. Si la inflación no se detiene en los próximos meses entrará en la categoría de pobre. O peor aun, imagine que su ingreso familiar total fue en febrero de 37.500 pesos para el mismo hogar de 4 integrantes, lo que lo deja al borde de la indigencia. En este escenario el gobierno debe elegir quienes serán los próximos enojados o, peor, los próximos furiosos.

  Por ahora el esquema generalizado de retenciones móviles fue descartado. La principal medida que tomó el gobierno fue la creación de un fideicomiso transitorio para financiar el precio de la harina y que no suba el pan. El dinero para alimentar el subsidio provendrá de una suba de 2 puntos en las retenciones a las harinas y aceites de soja, que pasarán a tributar del 31 al 33 por ciento. La medida es muy parcial y no incorpora el impacto de las subas de otros productos, desde el maíz a la energía, por lo que su efecto en el agregado será limitado. El problema energético no es menor. La evitable demora en la construcción del gasoducto que debe traer el gas a los centros de consumo significa que el país deberá seguir importando gas. El invierno pasado, con el millón de BTU en torno a los 8 dólares estas importaciones rondaron los 1000 millones de dólares. Si el gas se mantuviese a los más de 60 dólares actuales, las mismas importaciones costarían 10000 millones de dólares. El problema no es menor, aunque en términos de balanza comercial es posible que los mayores precios de las exportaciones más que compensen esta salida de divisas, lo que no está claro es si en el mercado internacional habrá vendedor.

 Ahora veamos como juegan las relaciones de poder. El simple y parcial fideicomiso financiado con dos puntos de retenciones provocó el rechazo de la oposición y de la cámara de la industria aceitera, que amenazó con oponerse por vía judicial. Esto pone en primer plano las limitaciones del Poder Ejecutivo. Por un lado, un esquema generalizado de retenciones móviles no podría pasar por el Congreso. Luego, si se optase por sacarlo por DNU cualquier juez de primera instancia podría aplicar medidas suspensivas. Sin embargo, las trabas potenciales de los restantes poderes del Estado, que inclinan la cancha en favor de la oposición, no significan que el Ejecutivo no puede hacer nada, por el contrario, puede aprovechar el refuerzo de reservas que posibilitará el acuerdo con el FMI para prohibir las exportaciones hasta que los sectores involucrados se avengan a negociar la mejor opción para la economía. El Estado sigue conservando herramientas de poder. Adicionalmente, una coyuntura semejante serviría para consolidar y reunificar al campo popular detrás de una nueva épica.

  Finalmente, la guerra en Ucrania es un hecho extraordinario. Es la primera gran guerra en el contexto de mercados financieros globalizados y, para colmo, ocurre entre países que son grandes proveedores mundiales de los mismos productos que componen la canasta de comercio exterior argentino. Dados los hechos extraordinarios, se vuelven urgentes medidas extraordinarias. El salario ya no puede seguir perdiendo poder adquisitivo. Si la alta inflación continúa por meses, el horizonte se torna impredecible