El gasto público sigue en retroceso pero no alcanza para reducir el déficit

El Ministerio de Economía sigue con su buena letra presupuestaria. En mayo, el gasto devengado volvió a crecer muy por debajo de la inflación interanual proyectada. Esta nueva caída real no llega a reducir el nivel de déficit pactado con el Fondo Monetario Internacional, como consecuencia de la floja recaudación tributaria en un contexto de sequía. Según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el crecimiento nominal del gasto público en mayo fue del 98% interanual frente a una variación de precios cercana al 118%, una caída real del 20%. El mayor incremento presupuestario fue destinado al pago de intereses y capital de la deuda pública, con un alza del 145%.  

El ajuste presupuestario, medido en términos reales, se concreta mes a mes. Sin embargo, el déficit se mantiene por la disminución de los ingresos. A la caída de los recursos producto de la ralentización de la economía se suma que los derechos de exportación no se recuperan de la sequía, a pesar de la aplicación del dólar soja versión tres. Las retenciones se incrementaron, apenas, un 36,5% interanual.

El promedio de ejecución presupuestaria llegó en mayo al 36%, pero en el caso de los gastos de capital, se alcanzó solamente al 27%. Sin embargo, la inversión de capital resultó un 117% mayor que la del mismo período del año pasado, en línea con la inflación del período luego de varios meses de haber estado por debajo de la variación general de precios. La baja ejecución presupuestaria pero con una suba nominal de las partidas, podría explicarse por los retrasos en los pagos de diferentes áreas (deuda flotante).

Los gastos de capital para las empresas públicas no financieras alcanzaron un nivel de ejecución del 25%, al igual que los recursos destinados a los fondos fiduciarios, mientras que en el rubro maquinaria y equipos fue del 20%, y del 16% en los fondos para construcciones de dominio privado.

Por su parte, la función "Promoción y Asistencia Social" alcanzó una ejecución del 48%, superior al promedio de 36%. En mayo, el gasto devengado se incrementó un 113%, es decir una caída real del 5%. Y si bien las políticas alimentarias alcanzan un nivel de ejecución de 58%, los recursos destinados crecen por debajo de las necesidades de la población, teniendo en cuenta la fuerte suba en el precio de los alimentos.

“Los recursos para el programa Tarjeta Alimentar se incrementaron un 77% interanual, por debajo del aumento en el monto de la prestación que es de 89% para el mismo período, mientras que los fondos para el Potenciar Trabajo evolucionaron por debajo de la inflación (104% interanual) aunque superaron el crecimiento promedio de todo el presupuesto”, puede leerse en el trabajo del CESO.

Energía en baja

Los subsidios energéticos siguen concentrando los mayores recortes presupuestarios. En mayo, registraron un alza nominal del 94% interanual frente a una inflación del 118%.

“Todavía no se hicieron transferencias al Fideicomiso del Programa Hogar (Garrafa Social), mientras que CAMMESA utilizó un 30,8% del presupuesto disponible. El 90% de los subsidios durante el año se destinaron al sector eléctrico”, indicaron desde el CESO.

Si bien el Gobierno aceleró la quita de las transferencias con los aumentos de tarifas, la asistencia económica transitoria a las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras ya cubrieron todo el presupuesto asignado. Es más, de acuerdo al análisis del CESO superarán ampliamente lo dispuesto originalmente.

Déficit

El recorte en el gasto público no alcanza para llegar a la meta de déficit fiscal pactada con el FMI. Para la consultora Ecolatina, el déficit primario inercial alcanzaría el 3,5% del PIB en 2023. “Los ingresos no sólo no ayudarán a achicar el rojo primario, sino que jugarán en contra de la consolidación fiscal para 2023”, indicaron.

En este escenario poseen incidencia el impacto negativo de la sequía por una baja recaudación de los derechos de exportación, sumado a la merma de la actividad.

“El Gasto Primario debería achicarse en 1,6 puntos porcentuales del PIB para poder alcanzar la meta fiscal acordada con el FMI. Si bien el ajuste sería mayor al evidenciado en 2022, estaría en línea con la dinámica evidenciada entre 2017 y 2019. En este sentido, 2023 y 2019 serían los únicos años electorales en los que el Gasto Público se achica pese a enfrentarse a una recesión económica, en ambos casos, en el marco de un acuerdo con el FMI ante la falta de financiamiento”, concluyó Ecolatina.