En medio de la reciente discusión por la alta desigualdad de ingresos entre los hogares argentinos, se abre el interrogante sobre el destino de esa riqueza concentrada que, en la mayoría de los casos, termina fuera del sistema financiero local. Por eso, el problema es doble porque la fuga daña la economía y obstaculiza el crecimiento, profundizando los problemas sociales. En el mundo existen actualmente existen 10 billones de dólares estimados en el extranjero de forma anónima por personas millonarias y el billón en ganancias que las corporaciones multinacionales trasladan todos los años. En la Argentina se estima entre 390 y 400 mil millones de dólares fuera del sistema, equivalente a un 90 por ciento del PBI actual.
Desde el oficialismo se busca avanzar en un proyecto que permita recuperar parte de los 86.000 millones de dólares fugados entre 2015 y 2019. Bajo el ala de esa iniciativa se adjuntó un proyecto específico para exceptuar dependencias y organismos públicos del listado de personas exceptuadas al secreto bancario, bursátil y fiscal. Es decir, que el Estado pueda cotejar los movimientos de fondos en caso de presunción de actividad ilícita.
Independientemente de la discusión política interna de fondo (¿Quién se hace cargo del descalabro económico y financiero que dejó el macrismo?), la iniciativa del Frente de Todos se enmarca en un movimiento global que pretende darle algo de transparencia a la opacidad financiera que rige el planeta y profundiza en la Argentina los problemas de restricción externa. El marzo pasado se presentó el primer borrador de la Convención Fiscal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del mundo contra el secreto financiero.
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"Expertos de la sociedad civil de todo el mundo publicaron un borrador propuesto para una convención fiscal de la ONU que se debatió durante mucho tiempo, lo que marca un hito en los esfuerzos para reformar el sistema financiero mundial. Al trazar líneas de batalla para las negociaciones en la ONU, el proyecto de convención concreta la dirección del viaje para el impulso sin precedentes que se ha desarrollado para que la ONU entregue las reformas fiscales y de transparencia que la OCDE no ha logrado producir", señala un documento de la Tax Justice Network.
Las reformas de transparencia que se plantean tienen por objetivo para eliminar el secreto financiero utilizado para el abuso fiscal y el lavado de dinero por parte de los cárteles de la droga, los traficantes de personas y los financiadores del terrorismo. En el caso argentino responde principalmente a la subfacturación y sobrefacturación de exportaciones e importaciones; el mercado de valores, con herramientas como el "contado con liquidación" y las operaciones con plazas offshore.
Desde la oposición en el Congreso se busca confundir la salida de capitales con fuga y lavado, con el objetivo de que se auto perciba --y por lo tanto repela la medida-- como un gran evasor. El concepto de formación de activos externos contempla la compra de dólares por canales formales y declarados. La fuga es el canal por el cual se lava dinero que proviene presuntamente de una persona obtuvo ganancias con un delito y quiere disimular el origen de los fondos, para lo cual recurre a una serie de mecanismos que pierda el rastro.
El Fondo Monetario Internacional estima que la riqueza privada offshore, excluyendo del cálculo a Suiza, alcanza los 18 billones de dólares y, en este caso, se apunta conta el rol activo de los bancos globales como facilitadores de la fuga de capitales.
"La opacidad de las finanzas globales atenta contra el desarrollo sustentable de las economías de los países en desarrollo, que ven obstaculizado su crecimiento y obstruida la evolución de su inversión interna debido a la constante fuga de recursos hacia los principales centros financieros. Del mismo modo, ven reducida su recaudación tributaria, impidiendo una adecuada distribución y redistribución del ingreso que resultaría en una mejora de la equidad social", destaca un artículo de Magdalena Rua y Jorge Gaggero, economistas del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).
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Junto a la posibilidad de contar con una ley que elimine el secreto bancario, se requiere de una Justicia que esté a la altura del desafío. Hasta 2015 hubo cambios en el esquema de jerarquías entre los ente reguladores del sistema financiero, donde se colocó a la Unidad de Información Financiera a cargo del cruce de datos que le acercarían el Banco Central, la AFIP y la Comisión Nacional de Valores. Con el macrismo, ese esquema quedó completamente desarticulado.
Un precedente también había sido el 2002, cuando se creó la Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora de la Fuga de Divisas en la Argentina en 2001, donde se investigó la transferencia de divisas al exterior (del Sector Privado No Financiero y sin contemplar las operaciones de comercio exterior) de 2001, por alrededor de 29.913 millones de dólares, de los cuales 26.128 millones correspondían a empresas y 3785 millones, a personas físicas. La banca extranjera concretó el 75,2 por ciento de las trasferencias al exterior, siendo los tres bancos extranjeros más activos el HSBC, Citibank y Río. No hubo sanciones judiciales.
En de 2014, la AFIP recibió de parte del gobierno francés información sobre 4040 clientes argentinos del HSBC Suiza, de los cuales solamente 39 habían declarado sus tenencias. Se estima que el total de los fondos de residentes argentinos colocados en Ginebra superó los 2600 millones de dólares. Los datos que se obtuvieron corresponden al año 2006 y a una parte del año 2005. La AFIP denunció la existencia de una plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos con el único fin y propósito de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos.
Entre las principales conclusiones que se desprenden de la denuncia de la AFIP, se encuentra la amplia utilización de las sociedades offshore, “empresas fantasma” (sin actividad económica), situadas en jurisdicciones de baja o nula tributación (según la legislación relativa al impuesto a las Ganancias vigente para el año 2006), como mecanismo para encubrir a los contribuyentes argentinos y evitar el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.
Este servicio era brindado en conexión con "facilitadores", apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que proporcionaban una red offshore de sociedades extranjeras radicadas en guaridas fiscales y otras estructuras complejas, que permitían ocultar la verdadera identidad de los titulares. Las principales guaridas fiscales utilizadas para interponer estas estructuras fueron: Estados Unidos, Panamá, Bahamas, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Guernesey, España, Suiza y Uruguay. En diciembre último la Justicia sobreseyó al ex titular de la filial argentina del HSBC Gabriel Martino, y a otros ex directivos y clientes de esa entidad por el juicio iniciado por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
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De acuerdo con el último informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Argentina es el tercer país con más personas con empresas offshore: 2521 casos. Solo superada por Rusia, en primer lugar, y Reino Unido, segundo. En ese listada listado figuran nueve de las diez familias argentinas más ricas: Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez.
Los principales bancos internacionales cuentan con el sector de banca privada, del secreto o privacidad, que funcionan a través de las oficinas ubicadas en prácticamente todos los países del mundo (o mediante agentes independientes), en conexión con las filiales localizadas en las guaridas fiscales. Estas áreas brindan el servicio de administración de fortunas, que consiste en asesoría y gestión para las inversiones de personas con altos patrimonios –por lo general, con activos involucrados superiores a los 250 mil dólares– y de grandes empresas. La mayor parte de la actividad de la banca privada e concentra "formalmente" en países centrales, guaridas fiscales de Europa, Estados Unidos o jurisdicciones bajo su influencia.
En el caso de América latina, los activos externos de sus residentes se distribuyen en un 29 por ciento a Suiza, 28 por ciento a Estados Unidos, 29 por ciento al Caribe y Panamá (influencia de Estados Unidos) y 7 por ciento a Reino Unido, Guernesey, Jersey e Irlanda (estas últimas tres, dependencias e influencias del Reino Unido), según lo indica un informe de The Boston Consulting Group (2011). Las estimaciones actuales de la misma consultora confirman esa tendencia.
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