En el año 2011 en el Ministerio de Economía, integrando como viceministro el equipo del ministro Amado Boudou, comenzamos a evaluar la necesidad de una intervención directa del Estado en los mercados de granos y de energía. La economía venía creciendo a tasas elevadas -del 10% en 2010 y del 6% en 2011- dejando atrás la recesión del 2009 provocada por la crisis financiera internacional, pero las señales de restricción externa comenzaban a asomar.
El desbalance de divisas del sector energético, la caída de la demanda desde Brasil y el aumento de los servicios de deuda pública en los próximos años obligaban a pensar cambios en el modelo de sector externo de apertura administrada que había regido en el lapso 2003-2011, sobre todo en el movimiento de divisas proveniente del comercio de “commodities”. Alimentos y energía son bienes centrales tanto en la oferta de divisas como en el consumo popular. Su regulación, entonces, es clave, máxime en un contexto de restricción de dólares.
El impulso a la presencia directa en energía culminó con la compra del 51% del capital accionario de YPF en poder de los españoles en el año 2012, configurándose una empresa mixta con control mayoritario del Estado.
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El proyecto de una agencia estatal comercializadora de granos no prosperó. No obstante, abrió debates en la segunda presidencia de Cristina que fueron promovidos por figuras como Julián Domínguez, ministro de Agricultura y Ganadería y Presidente de la Cámara de Diputados, o Sergio Urribarri, gobernador de la Provincia de Entre Ríos, poniéndose énfasis en la necesidad de regulación de los precios internos de los alimentos y el control del flujo de divisas del comercio exterior.
Pero una de las aristas más interesantes de las ideas en circulación fue el aporte a una revisión de la inserción internacional argentina y la optimización de una relación bilateral Estado-Estado con nuestro principal comprador de productos primarios: La República Popular China
En ese tiempo la Argentina se encontraba sólidamente inserta en la expansión del flujo de transacciones en Suramérica -convertida la región en el principal destino de nuestras ventas externas de productos manufacturados- y el modelo a seguir era el delineado por Néstor y Lula en la relación Argentina-Brasil después del rechazo al ALCA: las cancillerías y no los mercados organizaban el flujo de comercio e inversiones entre ambas naciones. De este modo, en 2011 el intercambio llegó a su pico de u$s 43.000 millones, más que duplicando el magro cierre de 2019 de u$s 20.500 millones. Inclusive se había comenzado tímidamente a realizar transacciones directas peso-real como sendero hacia la desdolarización del comercio bilateral.
La reproducción con China de una relación similar a la mantenida con Brasil en ese entonces contaba con el impulso de la nación oriental a encuadrar la compra-venta de productos primarios en un vínculo interestatal que sacara del medio al mercado multilateral dolarizado y, simultáneamente, a promover la creación de un canal financiero para la compra de productos y la recepción de inversiones chinas, a través del denominado acuerdo de “swap de monedas”.
China, como potencia emergente y siendo la segunda economía global, intenta que su moneda alcance poder de circulación internacional -como ocurre con el dólar o el euro- y un mecanismo para ellos es expandir sus transacciones en relaciones bilaterales con otros países, siendo la Argentina un socio relevante en ese objetivo.
El swap de monedas peso-yuan por el que Argentina puede usar los yuanes para cancelar importaciones, recibir inversiones -como el caso de la construcción de la represa Cepernic-Kirchner- y/o atesorarlos como reserva internacional, tuvo su inicio en el primer acuerdo celebrado en 2009 y fue ampliándose en sucesivos convenios hasta el presente mes de marzo, en el que la Argentina pide la renovación por un monto de u$s 18.600 millones. Ese importe representa un 43% de las reservas internacionales en el Banco Central.
La no concreción de la agencia estatal argentina de alimentos, definió que en el año 2014 la empresa pública China National Cereals, Oil & Foodstuffs (COFCO) adquiriera el 51% del grupo Nidera y de ese modo ingresara directamente en el mercado nacional de alimentos. En el año 2018 COFCO-Nidera aparece cuarta en el ranking de comercialización de granos, harinas y aceites con el exterior, con 6,8 millones de toneladas totales exportadas, equivalente a un 10% de dicho mercado.
En ese mismo registro del año 2018, la hoy concursada e intervenida Vicentin se encuentra en el puesto número 6, con 6,5 millones de toneladas totales vendidas al exterior, reuniendo el 9% del total exportado. A su vez, YPF-Agro ocupa el lugar 13 del ranking, con 0,7 millones de toneladas totales comercializadas externamente, alcanzando el 1% de las exportaciones.
Si se construye desde las ruinas de Vicentin provocadas por sus propios dueños una empresa pública de alimentos con capacidad de intervención en el mercado local y del exterior, se estará en posición inmejorable de avanzar en un acuerdo bilateral interestatal Argentina-China, que redefina la situación de vulnerabilidad externa que atraviesa nuestro país.
Conforme a la composición del ranking de exportadoras de 2018, un convenio entre empresas públicas de ambas naciones puede asegurar que el 20% de la oferta de divisas proveniente de las ventas externas de granos, harinas y aceites ingrese directamente al Banco Central sin dilaciones.
El segundo tema es que esa porción de un quinto del mercado puede administrarse al margen de las fluctuaciones del mercado global, en la medida que el acuerdo bilateral comprenda aspectos ligados a importaciones e inversiones chinas. Sin duda se amplían los márgenes de negociación.
En un contexto de presión de los fondos de inversión extranjeros en el proceso de reestructuración de la deuda argentina, contar con fuentes financieras alternativas como la que otorga el convenio “swap de monedas peso-yuan” es relevante para garantizar el normal abastecimiento desde el exterior. China representó en 2019 el 14,3% de la total de nuestro intercambio
La conversión de Vicentin en una empresa pública con capacidad de comercialización internacional puede ser una llave que permita superar nuestra vulnerabilidad externa a partir de profundizar acuerdos bilaterales soberanos con nuestro principal adquirente.
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