Entre Ríos: el debate por el uso de agroquímicos sigue planchado en la Legislatura

La discusión de una nueva ley de fitosanitarios sigue postergada en Entre Ríos. Pese a los reiterados intentos oficiales de delinear una iniciativa que deje conforme a todos -especialmente a productores y organizaciones ambientales- el debate en la Legislatura no prospera, ya sea por la polémica que puede traer de por sí -innecesario en medio de una contienda electoral- o por roces internos, que no han permitido avanzar en una problemática que se viene agudizando a lo largo y ancho del territorio entrerriano.  

Al día de hoy, en la provincia, permanece vigente una Ley de Plaguicidas que data de 1995, modificada por sucesivos decretos. Es decir, se controla y regulan actividades en torno a agroquímicos con la perspectiva productiva de hace más de 25 años. En ese contexto, es natural que estemos hablando de una norma que ha quedado desactualizada y que no se ajusta no sólo a la forma de producir en la actualidad, sino que además a una temática que ha ido ganando cuerpo en el último tiempo: los efectos devastadores del uso de agroquímicos en la salud de la población. De hecho, como consecuencia de reiterados hechos, se han conformado entidades dedicadas a la visibilización de la problemática y hasta cobró vida una red de escuelas que fueron fumigadas.  

A lo largo de los años decenas de iniciativas se han debatido, pero pocas han tenido el respaldo político necesario para concretarse. Lo más cerca de ser realidad tuvo lugar en 2018, cuando el Senado, con amplio consenso, aprobó una ley que actualizaba los estándares en torno a la fumigación y el uso de fitosanitarios. Sin embargo, en la Cámara de Diputados no prosperó. El encargado de frenar el proyecto fue el propio presidente del cuerpo en aquel momento, Sergio Urribarri. El exgobernador señaló que la norma "relativizaba" los efectos de los productos usados en el campo en la salud de la gente. Por tal motivo, desató la furia de la Mesa de Enlace y de Cambiemos, que salieron al cruce del entonces diputado asegurando que protagonizaba una "cruzada anti-campo", comparando su actitud con el respaldo incondicional a la Resolución 125 de 2008, durante su primer mandato al frente del Poder Ejecutivo y en consonancia con las políticas de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Otros leyeron un round dentro de la interna mantenida con el gobernador Gustavo Bordet, que dividió las aguas en el pejotismo entrerriano. 

Aquella frustrada iniciativa apuntaba a "la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola, sin dejar de lado el avance tecnológico y la necesaria readaptación del territorio". Creaba un Fondo Fitosanitario, con el objeto de recaudar fondos para organismos de control y se avanzaba e un registro de la maquinaria usada en aplicaciones, así como en la regulación de los envases vacíos. En el marco de un extenso debate sobre un punto sensible -y con varios antecedentes al respecto-, se había acordado finalmente que las pulverizaciones se realizarían "resguardando posibles daños a asentamientos humanos y a las fuentes de aguas naturales", a una distancia no menor a tres mil metros en algunos casos.  

Nada de esto pudo llevarse adelante. La norma fue pasada, sin debate siquiera en comisiones, a archivo. En 2019 no se trató y en 2020 la pandemia modificó cualquier esquema. Así fue como en 2021, con la salida de la pandemia un poco más en el horizonte, Bordet puso nuevamente en agenda el tema. En la apertura de sesiones, el 15 de febrero, instó a la conformación de una comisión bicameral que pueda debatir la redacción de una normativa, reemplazando el viejo decreto por el cual se regula la actividad. "No voy a pasar por alto el hecho de que tenemos una deuda pendiente con todos los entrerrianos, la de sancionar una nueva ley que reemplace el decreto para el tratamiento de agroquímicos, que permite transitoriamente llevar adelante las actividades con responsabilidad", resaltó el gobernador. La decisión fue celebrada, entre otros, por la presidenta del Senado, Laura Stratta. 

Luego del impulso oficial se conformó una Mesa de Buenas Prácticas, donde entidades ligadas al movimiento ambiental se reunieron junto a legisladores y otros actores para delinear una iniciativa. Ese anteproyecto fue presentado en el Centro Provincial de Convenciones el 16 de marzo. "La idea principal es analizar la propuesta que fue conformada en una mesa intersectorial, presidida por el Ministerio de Producción, en la que fueron escuchados los distintos sectores", explicó en aquel momento, Néstor Loggio, presidente de la Comisión de Comercio, Industria y Producción de la Cámara de Diputados. Legisladores de ambas cámaras y de todos los bloques participaron -algunos presencialmente, otros de forma remota- de aquella introducción, que parecía ser la primera escala rumbo a una norma definitiva. Sin embargo, de a poco, esa expectativa se fue disipando. En los últimos meses, de hecho, no se ha hablado del tema. 

El Destape estableció contacto con Loggio, que de manera escueta se limitó a decir que el borrador quedó “parado” y que “no hay ninguna novedad”.  

"Está todo planchado, esa es la realidad. Yo dudo mucho que estemos debatiendo el tema en lo que queda de 2021", expresó a El Destape el diputado provincial del PRO, Esteban Vitor, que sí accedió a hablar. El legislador lamentó que, en su momento, no hubiera prosperado la iniciativa que tenía media sanción del Senado: "Aquella norma fue ampliamente discutida, yo participé activamente de aquel proyecto. Pero bueno, la política se metió en el medio y no salió".  

El dirigente de la bancada opositora consideró que la provincia debe avanzar hacia una nueva legislación: "Tenemos que hacerlo, con consenso, con diálogo y con participación. Pero debe ser bajo un criterio de desarrollo sustentable, que permita por un lado producir y por el otro cuidar el ambiente y la salud. No es imposible, hay ejemplos en todo el mundo. De otra forma es imposible, imaginar otro modelo es utópico, no puede llevarse adelante".  

Vitor consideró, en ese sentido, que algunas organizaciones ambientales toman posturas "radicalizadas" a la hora de discutir la problemática: "Es todo 'no'. Es nada. No hay un punto intermedio. Y yo entiendo su rol y lo valoro, han sido las encargadas de poner sobre la mesa un sinfín de problemas. Pero hay que hallar un equilibrio, encontrar un punto intermedio que permita desarrollar la actividad sin perjudicar a nadie". Y agregó: "En los últimos años los productos han evolucionado, además. Ya no contaminan como antes. Asimismo, es clave el rol del Estado y el control necesario de las aplicaciones".  

Para cerrar, el diputado del PRO -que además fue dirigente de la Sociedad Rural- hizo referencia una problemática asociada a las fumigaciones: "Entre Ríos ha tenido un crecimiento, en algunas zonas, mal organizado. O dicho mejor, sin planificación territorial y urbana. Así vemos hoy que, como grandes negocios inmobiliarios han loteado extensiones enormes de campos productivos donde se han afincado barrios enteros. Y esa gente está viviendo hoy al lado de un campo donde hace 50 años se produce. Es muy difícil decirle a ese trabajador rural que desista de su actividad. Este tema es mucho más complejo que la sola prohibición del glifosato". 

Pese al impulso que parecía haber tomado la iniciativa en la Legislatura, organizaciones ambientales salieron al cruce del proyecto. Desde la Coordinadora “Basta es Basta“, que nuclea a diversas organizaciones ecologistas, manifestaron su preocupación por los lineamientos de la norma propuesta por el Ministerio de Producción. Según indicaron en un comunicado lanzado a principios de mayo, significa “un retroceso para la democracia, la salud, el ambiente y la producción”. Advierten, en ese sentido, que la iniciativa no considera el uso de agroquímicos “como una actividad peligrosa y pretende perpetuar la falta de registro y controles ambientales”. 

La organización ambientalista Cauce, en otro orden, elevó una nota a ambas cámaras, remarcando que la norma delineada es “ilegítima”. Y explicaron: “No demuestra ser fruto de un análisis profundo del tema.  No tiene en cuenta los aportes realizados por la ciudadanía en otras oportunidades, en especial, los vinculados con los movimientos ecologistas, las víctimas afectadas y sus familiares y los profesionales de la salud y el ambiente del uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos”. Para cerrar, lanzaron: “Este proyecto es lisa y llanamente una reedición, con otro nombre, de antiguos proyectos de leyes de fitosanitarios, ni más ni menos”. 

Desde la Red Ecosocialista también rechazan el escrito presentado por el gobierno. Así lo dejó claro, en diálogo con El Destape, Nadia Burgos, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores y coordinadora provincial de la Red Ecosocialista. “Hay dos puntos que son una falla del gobierno provincial. Primero, dice ser tratada con las entidades de la producción, pero se olvidan de las poblaciones. No hubo debate con las organizaciones socio ambientales ni con los pueblos fumigados. Es decir, hay una ilegitimidad desde el arranque. Por otro lado, es una ley escrita para el agronegocio, no para la salud. Se usa ‘fitosanitarios’ y ‘buenas prácticas’, como eufemismos para no hablar de lo que realmente hay que hablar, que es del veneno que se rocía en los campos”, remarcó. 

La dirigente ambiental apuntó que la propuesta del espacio es avanzar hacia una prohibición de los agrotóxicos. Y explicó: “Es mentira que este modelo sea el único para generar alimentos. Con este modelo hay 50% de pobres y muchos de ellos no comen dos platos de comida al día. Se desplaza a las poblaciones, se concentra riqueza y se genera pobreza estructural”. Burgos aseguró que el camino es la agroecología, con la discusión de una nueva forma de producir: “Se debe declarar el peligro del uso de agrotóxicos y el Estado debe investigar, además de controlar. Hay estudios que muestran el impacto ambiental y en la gente. Es preciso cambiar el chip y pensar en otro modelo urgente”.  

A la par de las posiciones políticas, la Justicia ha avanzado en causas vinculadas con el uso de agroquímicos y sus efectos en diversas poblaciones. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la comunidad de una escuela de Santa Anita (departamento Uruguay), donde la salud de directivos, docentes y alumnos se vio afectada por haber sufrido una fumigación cercana, en 2014. Lo sucedido motivó la creación del movimiento Paren de Fumigar las Escuelas. 

El otro caso de altísimo impacto fue el de Estela Lemes, docente de un establecimiento rural de Gualeguaychú que fue rociada con glifosato, lo cual le provocó una polineuropatía que le afectó los músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria. Estuvo ocho años batallando en la Justicia, hasta lograr que la ART le cubra el tratamiento por la enfermedad. Su caso fue expuesto en el documental “Viaje a los pueblos fumigados”, de Pino Solanas.