En medio de la audiencia pública por la suba de las tarifas de gas y con aumentos del 330% previstos a partir de abril, organizaciones de defensa de los consumidores denunciaron la "sociedad" entre el Gobierno y las empresas para ejecutar los aumentos. Argumentan la falta de criterio para fijar las subas y la falta de consideración sobre los usuarios, que verán un gran impacto en su facturas.
El presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, consideró que la audiencia pública en la que se discutió la tarifa del gas natural es "nula" porque "debería haberse hecho mixta, aceptando la presencialidad para tener una visión más certera" de la propuesta que establece incrementos y modificaciones en el esquema de segmentación de los subsidios.
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"Se ha mentido en esta audiencia porque las obras públicas las hizo el Estado a través de los contribuyentes. Las empresas están cartelizadas en generación, transporte y distribución", criticó el dirigente. Sobre la propuesta de las compañías, afirmó que "es inmoral y muestra la falta de empatía". Y agregó: "Se plantea algo así como que o comen o pagan la luz, el gas y el agua. Es lo que va a pasar en este momento".
Según su mirada, las tarifas "no pueden exceder más del 10% de lo que cobran mensualmente los consumidores", y aseguró que "ninguna empresa ha perdido" sino que "ganan menos como lo muestran los balances".
Sociedad Estado-Empresas para el tarifazo
Por su parte, el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, explicó que "algunos dicen que el Estado es socio en el tarifazo y en cierta medida es cierto porque cuanto más aumenta la tarifa base, más cobran impuestos". En esa línea cuestionó que "nunca se pudo saber el costo de producción en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y se lo asimila al costo internacional", y subrayó que "algunos costos dolarizados pero tenemos muchos otros costos en pesos que no entran en consideración"
"¿Por que asimilamos que el precio debe ser internacional sin discutir que está fijado en forma cartelizada por los grandes jugadores? Si dicen vamos a discutir el precio del gas en boca de pozo es como si se incorporara el precio ya fijado a la tarifa", criticó. Los pedidos de aumento "no están justificados en un desarrollo contable en el caso de la distribución y el transporte", sumó. Y se explayó: "No sabemos hoy el costo final de las facturas. Tiene tantas variables que explota para un lado o el otro, y solo se hacen aproximaciones. Rechazamos la posibilidad de que mes a mes pudieran aumentar por IPC mayorista, es terrible".
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Por su parte, Ariel Caplan, representante de la asociación Consumidores Libres, afirmó: "Partiendo de déficit de información destacable, rechazamos aumentos propuestos por las empresas por ser desmedidos, insensibles y sin considerar la capacidad e los usuarios". En cuanto a su impresión sobre el camino que esperan las tarifas, sostuvo: "Pedimos cuarto intermedio para que el Estado presente un aumento transitorio, pero la decisión parece estar tomada".
"Esto es una mera apariencia de cumplimiento por cuestiones legales. No tenemos elementos para determinar los costos de las empresas", cerró.
Los intendentes condenan el aumento de la tarifa
Diversos intendentes peronistas del conurbano bonaerense se manifestaron en contra de la suba de la tarifa del gas natural y se pronunciaron a favor de la suspensión de los aumentos debido a que afectan el poder adquisitivo de los consumidores en "beneficio de las grandes corporaciones". Tras la audiencia pública que comenzó ayer y finalizó esta tarde, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, advirtió que "las políticas públicas en torno a la energía deben garantizar el acceso universal".
"No se puede pagar una boleta de gas como si fuera un commodity internacional en dólares por algo que producimos en nuestro país", aseguró el jefe comunal. En esa línea, planteó que "es necesario que se consideren tarifas sociales accesibles para el gas envasado y el GNC, como alternativas energéticas para los sectores más afectados".
Por su parte, su par de Almirante Brown, Mariano Cascallares, consideró "imprescindible suspender los aumentos porque afectarán el poder adquisitivo de los consumidores obligándolos a elegir entre el servicio y la comida". En esa línea, le marcó al Gobierno nacional que "la economía nunca es libre: o la controla el Estado en beneficio del pueblo o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este".
Por último, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, denunció que "mientras el gobierno nacional pretende incrementar las tarifas de gas en un 400%, -el gobernador- Axel Kicillof y -el ministro de Infraestructura- Gabriel Katopodis defienden los intereses de la gente en la audiencia pública".
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