De acuerdo a los últimos datos disponibles del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), casi 900.000 familias se sumaron a los accesos a internet de banda ancha en poco más de un año. La cifra representó un incremento del 10% y representa un avance en la política de conectividad que lleva adelante el Gobierno, a pesar de las trabas que imponen las empresas.
El Enacom presentó los principales indicadores y resultados de las políticas de conectividad implementadas durante los primeros cinco trimestres de gestión de la actual administración del organismo. De los indicadores que elabora la Dirección Nacional de Desarrollo de la Competencia en Redes y Servicios, se desprendió que, entre enero de 2020 y marzo de 2021, se registraron un total de 9.647.972 accesos a Internet de banda ancha, lo cual implica que 835.546 nuevas familias lograron concretar el derecho humano básico de la conectividad.
El incremento en un año y medio del 10% de accesos totales a Internet implica que fueron incorporados al mundo digital personas que no gozaban de ese derecho. Como consecuencia, en paralelo al aumento de accesos totales, se observó un alza del 52% en velocidad de descarga para Internet fijo, que pasó de 28.26 a 43.11 megabit por segundo (Mbps).
"Estos resultados se deben al rápido despliegue de programas orientados al desarrollo de la conectividad, los incentivos para el recambio y la actualización tecnológica, y el trabajo articulado entre el sector público y el privado. Las actividades cotidianas se encuentran atravesadas por el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), ya sean en la educación, la salud, la telemedicina, las industrias o el transporte, entre muchos otros", argumentó el informe del Enacom. La expansión de la conectividad y el crecimiento de la velocidad promedio permite el desarrollo económico regional sustentable y la capacitación de mano de obra local.
Para concretar esa tarea, el ente aumentó los esfuerzos para paliar la situación provocada por la pandemia, destinando inversiones del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) para llevar conectividad a los sectores sociales más vulnerables y a diversas regiones de todo el país con el objetivo de reducir la brecha digital. Los recursos asignados durante 2020 y los primeros tres meses de 2021 para el despliegue de infraestructura y acceso a las TIC a través de PyMES, cooperativas y Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (S.A.P.E.M.) sumaron más de 13 mil millones de pesos.
El incremento de estos dos indicadores posee un enorme impacto en el país. Durante un año atípico por la irrupción de la pandemia y de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y de distanciamiento social posterior, "se puso en evidencia la importancia de las TIC para la construcción de una sociedad más equitativa, con acceso a la educación, el trabajo, la comunicación familiar y el entretenimiento", remarcó el documento.
"Estos indicadores dan cuenta de la decisión del Estado nacional de considerar el valor central de la conectividad como derecho humano fundamental, siendo responsabilidad de ENACOM impulsar, financiar e implementar programas que garanticen su concreción más allá de condiciones geográficas, económicas o sociales, al trabajar junto con empresas, cooperativas, PyMES, municipios y provincias en políticas que favorezcan el despliegue de la infraestructura de Internet en la Argentina", concluyó el informe del ente.
Negociaciones por la PBU
Desde el 1 de enero entró en vigencia la Prestación Básica Universal (PBU) para servicios de telefonía, Internet y TV por cable, que fue dispuesta por el Gobierno a través del DNU que fijó un precio mínimo de 150 pesos para telefonía móvil. La norma tiene como objetivo garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables.
Ante la nula aplicación de la misma, el Gobierno le dio a estas firmas un ultimátum para que sumen a tres millones de personas de forma automática. De esta forma, se intentará dar comienzo a la masificación de la PBU.
¿Qué se acordó? Las compañías poseen la base de datos de todo el universo de posibles beneficiarios por categoría y segmentación a través del sistema prepago de carga semanal. Las empresas se comprometieron a migrar la información al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Syntys), para entrecruzar estos datos con la población objetivo. El Syntys le comunicará a las firmas el número final de potenciales usuarios para que les envíen un mensaje de texto y faciliten el acceso a la PBU.
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