Aguinaldo: qué puede pasar con los sueldos públicos y cuánto representan en el PBI

En el marco de las primeras políticas económicas que el presidente electo, Javier Milei, anticipó de cara al inicio de su gobierno el 10 de diciembre próximo, un eje central estaría puesto en su plan de “fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a equilibrio”. En ese esquema, se refirió a las medidas para alcanzarlo y puso en duda el pago del aguinaldo para trabajadores de la administración pública nacional, al considerar en una entrevista televisiva que “se recortará lo que se tiene que recortar". Al respecto, según estiman consultoras y el sector gremial, el impacto del salario estatal en el presupuesto se ubica entre el 1,5% y 2% del PBI, sumado a que la estabilidad del empleo público y los derechos laborales están fijados en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, que preserva la fuente de trabajo e ingresos así como el acceso a obra social y a un futuro previsional.

Para el mandatario electo "no hay lugar para el gradualismo" por lo que pondrá en marcha una reforma del Estado a partir de un fuerte recorte en el presupuesto público, tal como se anticipaba en su plataforma electoral. Para llevar a cabo la “reforma integral de 35 años” desde la Libertad Avanza (LLA) plantearon “achicar el Estado con un ajuste fiscal más importante que el exigido por el propio FMI”, de tal manera que su plan de gobierno apuntaría "al Estado nacional, provincial y municipal que como organizaciones que realizan tareas políticas y burocráticas concentran un problema común, que es el sobreempleo estatal. Reducirlo en 1.5 millones de personas es posible y deseable”, señalaron en el programa de gestión.

En este esquema, fuentes especializadas señalaron que a este medio que “legalmente no se puede no pagar el aguinaldo porque es un derecho que está establecido en la ley”, sin embargo “esto no quiere decir que no puedan existir decretos inconstitucionales, sobre todo si se desconocen los derechos de los trabajadores”. Frente a ello, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitieron un comunicado en el que alertaron que “la ley 23.041 de orden público establece el pago del Sueldo Anual Complementario en la administración pública central y descentralizada, empresas del estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del estado, por ende, no es una opción del presidente obviar el pago del SAC ya que sería una violación de un derecho de orden público”. 

Características y peso del empleo estatal

"¿Está garantizado por ejemplo la actividad de la administración pública, el aguinaldo, de diciembre?", le consultaron este miércoles en una nota televisiva al dirigente libertario Milei, frente a lo que indicó “el gobierno gastará 100 y no 120, recortarán lo que tengan que recortar”. Lo anterior encendió las alarmas en la representación gremial del sector público ya que el mandatario electo puso en duda el pago del medio aguinaldo de diciembre para trabajadores de la administración pública nacional. “¿No era que el recorte del gasto era para la política?, parece que la motosierra empieza por el aguinaldo de los trabajadores, no por la casta”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general nacional de ATE y recordó que se trata de “un derecho conquistado en diciembre de 1945, que se cumple interrumpidamente desde hace 87 años, incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744”

En ese sentido, desde el gremio aseguraron que no aceptarán la posibilidad de que se deje de pagar en este fin de año. “Cada vez es más evidente que la nueva gestión pretende que la primera variable de ajuste seamos los trabajadores. ¿Por qué no deja de pagarle al Fondo Monetario?”, agregó Aguiar y alertó que “el Gobierno de Milei empujaría la paz social por la ventana como un orco incivilizado que atenta contra la ley”, en referencia a declaraciones del expresidente Mauricio Macri en las que calificaba de “orcos” a quienes se manifiestan en las calles. Desde ATE indicaron además que “el próximo Gobierno no sólo deberá garantizar el pago del aguinaldo, sino también el aumento previsto para los haberes de diciembre (el gremio firmó este jueves un 19,9% de aumento acumulativo entre noviembre y diciembre), así como también liquidar el bono de 70 mil pesos”.

“Los empleados públicos tienen derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que garantiza la estabilidad del empleo, es decir, la imposibilidad que tiene el Estado de despedir sin ningún tipo de motivo, a los fines de no hacer depender justamente su trabajo del signo o el color político de la gestión que arriba al Estado”, explicó a El Destape, la abogada laboralista Natalia Salvo. Asimismo analizó que “las políticas públicas a su vez dependen de la cantidad de trabajadores del Estado, de la formación de esos trabajadores y de su estabilidad y de su capacitación”. 

Según datos de la consultora PxQ si bien “algunos argumentos fiscales fueron electoralmente muy efectivos, son poco relevantes desde el punto de vista económico”. Puntualmente sobre los gastos de personal del sector público nacional, explicaron que representan solo “el 1,4% del PIB, con seguridad, defensa y poder judicial como los principales”. En consonancia, datos relvados por ATE Capital dieron cuenta de que “el impacto del salario estatal en el presupuesto es muy bajo”. Según el gremio, en los últimos 4 años se ubicó en torno a un 2% del PBI y entre un 8% y un 10% de todo el presupuesto de la Administración Pública Nacional. 

Sobre la posibilidad de que no se cumpla con el pago del aguinaldo a las y los trabajadores, Salvo, presidenta del Corriente de Abogados 7 de julio, detalló que “legalmente no se puede, es un derecho que está establecido en la ley nacional y está además en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT)”. Sin embargo, aclaró que eso no evita que “puedan existir decretos inconstitucionales que violan la ley, donde aparece entonces la discusión judicial y obviamente las movilizaciones”, y ejemplificó lo ocurrido en otras oportunidades, “como cuando se decidió reducir la jubilación en un 13% en el 2001 o diferir el pago de salarios, cuyo plazo de pago también está establecido en la ley. Esto pasa cuando gestiona el Estado quien desconoce los derechos de los trabajadores”, consideró. 

Alarma ante otros medidas anunciadas

En el marco del objetivo de un mayor ajuste fiscal, desde la Libertad Avanza buscarían también privatizar empresas públicas, según lo indicó el presidente electo Milei en declaraciones mediáticas. “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado", expresó y detalló que incluiría a YPF, medios de comunicación públicos, la prestadora del servicio de agua y cloacas, AySA, y la empresa argentina de telecomunicaciones ARSAT, a lo que sumó “el recorte las obras públicas llevándolas a cero”. “No es muy promisorio que se empiece a hablar de privatizaciones y desguace del Estado”, expresaron al respecto desde ATE nacional y consideraron que de ocurrir “se abre paso a un ciclo de miles de despidos, por eso nos declaramos en estado de asamblea permanente en todos los organismos de la administración pública nacional, provinciales y municipales”. 

De acuerdo al informe de PxQ, según las estimaciones realizadas, además del 1,4% del personal del sector público nacional, “el déficit fiscal de compañías públicas para 2023 es de 0,9%, pero si se excluye ENARSA, que son básicamente los subsidios a la energía, el guarismo baja a 0,3%". En ese escenario y en línea con lo declarado por Milei, "ir a un superávit total, que implicaría un superávit primario de +3,0 conllevaría modificar las principales partidas presupuestarias en línea con 2019 y el resto del ajuste se carga sobre el gasto social”. Sobre esto último advirtieron que “las posibilidades de que una caída del 27% del gasto social en términos reales sea social y políticamente aceptable son prácticamente nulas”. 

Finalmente en el informe “Los efectos de las privatizaciones sobre la ocupación en las empresas de servicios públicos” publicado el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico se indicó que la reestructuración del Estado del menemismo generó “una abrupta caída del empleo de las empresas públicas entre 1990-1993 que reducen en absoluto más de 110.000 puestos de trabajo, y por otro la tasa de desocupación que no había superado hasta entonces los ocho punto porcentuales, comenzó una escalada que alcanzó los 18 puntos”.