Las que más pierden: solo el 10% de las mujeres podría jubilarse con el plan de Milei para las elecciones 2023

El programa económico del candidato presidencial de la Libertad Avanza en estas elecciones 2023, Javier Milei, incluye una reforma centrada en la flexibilización laboral que, como ocurrió en la década de los noventa, va de la mano de una reforma previsional que implicaría la eliminación de la política de moratorias, y el paso a un sistema de capitalización privado. De aplicarse, solo se podría jubilar el 10% de las mujeres del país mientras que casi la totalidad de las adultas mayores sería condenada a más exclusión y pobreza, pese a haber trabajado a lo largo de su vida. Además, según datos oficiales, más de la mitad del total de quienes acceden a una jubilación (65%) lo hacen a partir de la moratoria previsional. En este grupo, el 76% de los casos son mujeres.

Según detalló en su plataforma electoral, el candidato libertario buscará “recortar el gasto del Estado” a través de “alentar un sistema de capitalización privado para jubilaciones y pensiones” en tanto que en varias oportunidades calificó a las moratorias como “una estafa inmoral” que se debería eliminar. Sin embargo, su propuesta no es novedosa, ya se aplicó en el menemismo y derivó en la crisis del sistema previsional y el posterior rescate en 2008, en tanto que también es parte de la agenda de Juntos por el Cambio que la complementa con un aumento de la edad jubilatoria y el fin, total o parcial, de la fórmula de actualización de la movilidad.

Para esos sectores de la oposición, la “culpa” por no contar con los aportes suficientes exigidos por ley, sería de las y los trabajadores que no hicieron el esfuerzo/mérito necesario en vida activa. Rara vez ponen la lupa, por ejemplo, en las maniobras empresariales para evitar la registración y mucho menos en la complejidad de un mundo del trabajo atravesado por una creciente informalidad que limita las posibilidades de un futuro previsional. Esta situación afecta en gran medida a las mujeres que padecen tasas de informalidad cinco puntos por arriba de los varones, con salarios más bajos y mayor carga de tareas domésticas no remuneradas que restan tiempo para el trabajo fuera del hogar. En definitiva, con el fin de las moratorias cada quien se las debería arreglar como pueda en la vejez.

Desigualdad laboral y previsional 

En la actualidad, solo una de cada diez mujeres en edad de jubilarse tiene más de 20 años de aportes y por lo tanto está en condiciones de poder acceder a una jubilación, de acuerdo con datos de la ANSES. “Por la vía de los aportes de 30 años que exige la ley, solamente una de cada diez mujeres cercanas a la edad de jubilarse podría hacerlo, para el resto la única posibilidad es la moratoria”, señaló en diálogo con este medio la economista Mercedes D'Alessandro, quien fue además la primera Directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía nacional.

En relación, destacó las dos causas principales que explican la situación a la que se enfrentan las trabajadoras al momento de jubilarse. “Por un lado tiene que ver con las tareas de cuidado que hacen las mujeres y que en general las dejan fuera del mercado laboral y por otro, aunque relacionado, tiene que ver con que acceden a trabajos más precarios y eso hace que tampoco estén aportando lo suficiente al sistema, pero eso no quiere decir que no trabajen”, detalló. En base a lo relevado en el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, el 65% de quienes acceden a una jubilación lo hace a partir de la moratoria previsional en tanto que en el 76% de los casos se trata de mujeres.

Al respecto, según la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) más del 90% de las mujeres de nuestro país realizan trabajo doméstico no remunerado (es decir tareas como cocinar, hacer las compras, pagar servicios, limpiar, cuida de infancias y de personas adultas mayores, y todo aquello que hace al sostenimiento cotidiano) y dedican 6hs y media por día a esas tareas, en tanto que los varones les dedican la mitad del tiempo (3horas y 40 minutos). Se trata de tareas que requieren tiempo pero no tienen ninguna retribución monetaria y que, al recaer principalmente sobre los hombros de las mujeres (realizan más del 76%), se transforman en una barrera para acceder al mundo del trabajo fuera del hogar, así como a mejores ingresos y a la posibilidad de realizar aportes previsionales. 

Otro aspecto tiene que ver con la cantidad y condiciones de los trabajos que se consiguen. Según los datos difundidos por el Indec para el primer trimestre del 2023, si bien las tasas de actividad y de empleo de las mujeres se ubican entre los porcentajes más altos de los últimos años, aún se encuentran 20 puntos por debajo de las de los varones, mientras que son ellas las que tienen un mayor nivel de desempleo (7,8% y 6,1% respectivamente) con la particularidad de que en las mujeres jóvenes, de 14 a 29 años, escala al 16,9%. Asimismo, la tasa de informalidad en las mujeres se ubica en torno al 39%, superando en cinco puntos a los varones y en materia de brechas de ingresos ellos ganan un 27,9% más. En relación, más del 85% de las personas jubiladas con moratoria perciben haberes mínimos. 

“El ejemplo más claro para entender cómo la política de moratoria permite el acceso a un derecho es el caso de las trabajadoras de casas particulares. Es el segundo sector que más mujeres emplea en la Argentina (97,5% de mujeres), son más de 1.200.000 mujeres pero tienen el empleo más precario y con menores salarios. Es decir que menos del 25% está formalizado y el resto trabaja sin ningún tipo de contrato y eso significa sin aportes también. Sus empleadores no están pagando los aportes y esas mujeres que trabajan todo el día de sol a sol no se van a poder jubilar, y nadie puede decir que no trabajan y que no se merezcan llegar a cierta edad y jubilarse”, destacó D’Alessandro. En el país, 4 de cada 10 mujeres trabajan en actividades vinculadas con los cuidados, que se caracterizan por tener salarios más bajos y con mayor precarización laboral. 

Nada nuevo sobre la mesa

En 1994 el gobierno de Menem reformó el sistema previsional y bajo el argumento actualmente repetido de “ineficiencia” del régimen vigente, modificó un sistema basado en la lógica de solidaridad intergeneracional entre activos y pasivos, incorporando un sistema mixto con capitalización individual que funcionaba a través de las AFJP y las Compañías de Seguros. Si bien se presentó como incentivo para hacer que la rueda gire, los datos reflejan una caída en los contribuyentes en porcentaje de la población económicamente activa, para los hombres el descenso fue de 9,8 puntos (de 46,7 a 36,9%) y para las mujeres de 11,1 puntos (de 43,5 a 32,4%) entre 1994 y 2004, según un informe del centro CIFRA-CTA. En tanto que la relación entre afiliados y aportantes bajó un 21% en un contexto donde crecía el desempleo (de 8,6% a 21,5%) y la precarización laboral. 

Entre las consecuencias de este modelo se destacó el desfinanciamiento del Estado por el traspaso de los fondos a los privados financieros que se beneficiaron con los negocios a partir de la plata de los trabajadores. Para el 2001 la crisis era más que evidente, las jubilaciones de reparto sufrieron un recorte del 13% -con Patricia Bullrich como ministra de Trabajo- y las AFJP una contracción en sus fondos, crecieron los juicios y se profundizó la brecha entre trabajadores registrados, informales y desempleados. Tras los años de crisis, el gobierno de Néstor Kirchner inició una política de inclusión previsional vía moratoria que permitió el acceso a la jubilación para 3 millones de personas, en tanto que en 2008 la gestión de Cristina Fernández de Kirchner promovió la re-estatización del sistema previsional y los fondos en manos privadas fueron trasladados a la ANSES, además se sancionó una ley de Movilidad Jubilatoria con una fórmula de actualización en base a los recursos tributarios y el índice de salarios, los dos componentes clave para la sostenibilidad del sistema. 

En el 2017 el gobierno de Mauricio Macri modificó la fórmula incorporando como variables el Índice de Precios (IPC) en un 70% y salarios en un 30%, lo que generó que los montos quedaran rezagados en relación a la actualización de precios. En el 2020, con la actual gestión, se votó una nueva Ley de Movilidad Jubilatoria, que retomó una fórmula similar a la del 2008. En este 2023 se aprobó el Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores que estén por cumplir la edad para jubilarse y adeuden aportes, y desde el 2021 se implementó el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado que reconoce el impacto de las tareas de cuidados en la vida laboral de las mujeres, computando un año de aportes por cada hijo. Según ANSES, ya accedieron a este beneficio unas 200.000 mujeres. 

Respecto a dicho recorrido de las políticas públicas, D´Alessandro, Doctora en Economía, agregó que “es interesante que en una de las últimas revisiones el Fondo Monetario Internacional levantó una alerta por la aprobación de esa ley de Pago de Deuda Previsional, se estiman que son 800.000 personas las que podrían entrar por ese régimen a tener una jubilación, y entonces pidieron que se prestara atención y que se ajustara la reglamentación, pero lo cierto es que la mayoría de quienes entrarían son mujeres”. De hecho fue el propio ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien se refirió este fin de semana al tema, al reconocer que “una de las grandes peleas con el FMI fue por las moratorias jubilatorias” y aseguró “entre los jubilados y el Fondo elegí a los jubilados y hubo moratoria". En esa línea dijo, “vengo a comprometerme con los jubilados, con los que trabajé seis años cuando estuve en el Anses y con aquellos que sienten que no los defienden, me tocó hacer la moratoria más grande para que millones de mujeres se puedan jubilar junto a Néstor Kirchner”.

Desafíos 

La prioridad de “achicar el gasto del Estado" aparece como argumento central de los candidatos que proponen privatizar las jubilaciones y eliminar una herramienta de reparación como las moratorias. Frente a ello, D’ Alessandro sostuvo que “es arrojar a la pobreza y, en muchos casos, a la indigencia a un adulto mayor”. Según analizó, para que el sistema sea sostenible “tiene que haber más trabajadores activos que pasivos, lo que hoy no sucede en una proporción que guarde cierta relación, pero ante esta situación la salida no puede ser recortar más y dejar sin ingresos a una población que ya no tiene posibilidad casi de conseguir un trabajo de sustento, es decir, sacarle la jubilación o darle una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)”. 

En relación un informe del CEPA sobre el sistema previsional mostró que "la moratoria jubilatoria (2005) fue acompañada de una sensible mejora en la cobertura del gasto previsional por Aportes y Contribuciones, lo que se explica porque los salarios registrados privados se incrementaron significativamente entre 2003 y 2015, junto a un crecimiento del empleo y una reducción fuerte de la informalidad”. A diferencia, “entre 2016 y 2019 se redujo la cantidad de trabajadores activos, y el salario real y se promovió la reducción de Contribuciones en relación con el gasto en Seguridad Social. Es decir, se empeoró la sustentabilidad del sistema”. 

Para cerrar, la economista evaluó que “hay que fortalecer la parte de aportes al sistema que es la del mercado laboral, hay que robustecer los mecanismos de formalización laboral, los cañones deberían estar apuntados ahí, no a restringir la jubilación”.