Un derecho antes que un negocio: organizaciones inquilinas expresaron su apoyo a Massa para las elecciones 2023

En un escenario nacional atravesado por el balotaje presidencial del próximo 19 de noviembre, organizaciones inquilinas de todo el país lanzaron un comunicado en el que manifestaron su respaldo al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, ya que “es el único proyecto que no atenta contra los intereses de quienes representamos”. Al respecto destacaron que 10 millones de inquilinos e inquilinas de todo el país demandan una política de vivienda en la que se garantice “el acceso justo a un alquiler” lo que, entienden, solo puede darse en uno de los dos proyectos en juego en estas elecciones: “Hay dos países, el de los que hacen negocios con la vivienda y el de los que no tenemos donde vivir”, sentenciaron. 

El comunicado de la Federación de Inquilinos Nacional puso sobre la mesa la necesidad de que "una política de vivienda para las mayorías sea prioridad en el próximo gobierno” considerando asimismo que “eso no puede darse en un gobierno que nos quiere tirar a la boca de los leones bajo la perversa y cínica consigna de que ‘el mercado ordena todo’”, en referencia a declaraciones del candidato de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei quien considera que “no se necesita una ley de alquileres, hay que eliminarla”, según expresó desde su banca en Diputados al momento de tratar el tema. 

A diferencia, desde las organizaciones de inquilinos advierten que en diez años bajó al menos ocho puntos el porcentaje de quienes tienen un techo propio y, como contracara, aumentó la cantidad de población inquilina que supera el 20% en el país, frente a lo que destacan la necesidad de que “el Estado tenga el rol de ser una herramienta que equilibra la desigualdad entre el mercado y el derecho a la vivienda”.  Al ser consultado por El Destape, Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos, expresó que “si gana Milei la situación de los y las inquilinas, por lo menos de quienes nosotros intentamos representar, puede ser dramática”, a la vez que destacó los desafíos aún pendientes y que espera que un eventual gobierno de UP ponga en agenda con eje en “el cumplimiento de la ley nacional” a lo que sumó las discusiones en torno “al alquiler temporario, la vivienda vacía y la desdolarización del mercado inmobiliario”.

Un freno del Estado al mercado

En el comunicado difundido esta semana por la Federación de Inquilinos Nacional, que nuclea a organizaciones de inquilinos de diferentes provincias del país, se destacó "el rotundo apoyo al candidato a presidente Sergio Massa, que representa el único proyecto que no atenta contra los interés de quienes representamos”. Al respecto los espacios firmantes señalaron que “el Estado es una herramienta para equilibrar la desigualdad entre el mercado y el derecho a la vivienda y a una vida digna” por lo que “bajo ningún punto de vista vamos a permitir que el mercado tome el Estado”. 

Esto último en alusión el otro candidato que competirá en la segunda vuelta de noviembre, Javier Milei (La Libertad Avanza) quien se manifiesta públicamente en contra de toda regulación estatal asegurando que, en caso de asumir, derogaría la ley nacional de alquileres vigente para garantizar que nada “intervenga en contratos privados pulverizando el derecho de propiedad”. Frente a ello, el comunicado en cuestión hizo un llamado de atención sobre “la preocupación que representa que un candidato como Milei pueda aspirar a la presidencia de nuestra patria” ya que “ha propiciado iniciativas en favor de los rentistas y del mercado inmobiliario".

En diálogo con este medio y consultado por los motivos centrales del comunicado oficial, Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional, analizó "desde las organizaciones inquilinas siempre tuvimos posición política porque creemos que desde la política se resuelve el problema de la vivienda, y desde un proyecto popular”. En ese sentido el punto principal de la posición manifiesta en las elecciones 2023 radica en que “sabemos que si bien todavía el proyecto popular no ha asumido la decisión de tener una política de vivienda para las mayorías, es en este sector, en este campo de ideas donde tenemos que dar la disputa y no en otro. Sumado obviamente a la advertencia de lo que puede llegar a suceder si gana Milei”. 

En línea, la carta abierta a la ciudadanía firmada por organizaciones de CABA, San Juan, Corrientes, Tandil, Rosario, La Pampa, Córdoba, Neuquén, entre otros, planteó que el actual gobierno nacional “está en deuda con el sector ante la falta de voluntad del presidente Fernández y el ministro de Hábitat, Maggiotti, para hacer cumplir la ley de alquileres” pero también subrayó que “ha sido el único que puso freno a las ambiciones del mercado cuando en el Congreso se ratificó una normativa que protege los derechos de los inquilinos e inquilinas”. Sobre ello, "nuestro horizonte es una política de vivienda de y para las mayorías y eso significa que el Estado vuelva a intervenir sobre el acceso a la vivienda en alquiler como lo hicieron Yrigoyen y Perón”, destacaron las organizaciones dando cuenta de que la propuesta libertaria que sostiene la negociación “libre” entre inquilinos y propietarios no haría más que reforzar el comportamiento actual de escalada de precios.

“Si gana Milei la situación de los inquilinos y de las inquilinas, por lo menos de los que nosotros intentamos representar, puede ser dramática y ahí ya no hay disputa de sentido, ahí hay resistencia, con suerte. Creo que es este momento las organizaciones tenemos la obligación de decir lo que creemos en términos políticos”, consideró Muñoz. 

Nueva ley, las mismas resistencias

El pasado 18 de octubre entraron en vigencia las modificaciones a la ley nacional de alquileres que sostienen los contratos con una duración de tres años, en tanto que fijan una actualización semestral en base al llamado Índice de “Casa Propia” (considera el promedio de variación salarial del último año y el promedio de la inflación en ese mismo periodo) además de establecer que el precio de los contratos debe ser en moneda nacional, prohibir publicitar alquileres en dólares y sumar beneficios impositivos para algunos propietarios. 

“El desafío es dar la discusión hacia adentro del proyecto popular de Unión por la Patria acerca de cuál es la política de vivienda. Dimos algunos pasos, ya que UP en el Congreso se puso del lado de los inquilinos y en ese sentido hay una victoria importante al legislar. Lo que falta ahora es el Ejecutivo, y sobre eso estamos atentos al resultado electoral y la composición del nuevo gobierno para dar pelea y que la vivienda sea realmente un derecho de esta fuerza política”, expresó Muñoz, del espacio Inquilinos Agrupados, y subrayó que “el desafío más importante es intervenir en las reglas de juego del mercado inmobiliario”. 

Por su parte, representantes de cámaras inmobiliarias ya se han expresado en contra de la normativa, pidiendo en el marco de las elecciones generales de octubre que los candidatos “expresen públicamente su compromiso de poner la derogación de esta nueva Ley como una de las primeras medidas a tomar cuando inicien su mandato”, de acuerdo al comunicado del Colegio Inmobiliario, que agrupa a los corredores de CABA. Asimismo aseguraron que podría afectar la oferta disponible y generar subas de precios. En una carta abierta el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (CoFeCI), se manifestó “preocupado” por la ley que regula los contratos de alquiler en el país al considerar que “desincentiva la puesta de inmuebles en alquiler, reduce la oferta y aumenta los precios”, pese a los últimos cambios legislativos que fijaron una actualización de precios cada seis meses, en lugar del año vigente anteriormente. En relación advirtieron sobre “lo nocivo que resulta la extrema intervención estatal en el mercado que requiere de libertad para ser saludable”, en sintonía con las visión del candidato presidencial de la Libertad Avanza.

No es menor tener en cuenta en este punto que el mercado inmobiliario viene imponiendo subas mensuales por muy arriba del índice oficial de la ley aprobada en 2020, de la inflación y del dólar oficial. Con datos a octubre, el monitoreo mensual del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz mostró que en el último año el precio de oferta de un monoambiente en Capital Federal aumentó 205,1%, en departamentos de 2 ambientes creció 233,3% y en los de 3 ambientes la suba fue de 215,8%, ubicándose por arriba del último dato de inflación que correspondiente a septiembre, que tuvo una suba interanual de 138,3%, del Índice para Contratos de Locación (que aplica a alquileres dentro de un contrato ya vigente) que aumentó 115,3% al primer día hábil de octubre y el dólar oficial que subió 135,8%, en el mismo período. 

En este escenario, el libertario Milei propone en su plataforma de gobierno la dolarización de la economía y la derogación total de la ley de alquileres. De esta manera, si con un marco de regulación vigente, el mercado continúa imponiendo unilateralmente las condiciones en que se concretan los alquileres, en un contexto donde no exista regulación alguna ni piso de referencia, donde nadie arbitre para garantizar el derecho a un techo para vivir, la ley del más fuerte, en este caso la rentabilidad del negocio inmobiliario, será la que gane en una pelea que de entrada ya es desigual. “Obviamente que hay un montón de cosas para hacer, pero es imposible que discutamos medidas si no se puede lograr que se cumpla una ley, entonces para lo que viene -en un eventual gobierno de Sergio Massa, primero se debería fortalecer el Ministerio de Hábitat, para que planifique la vivienda en la Argentina, articule con el resto de los ministerios, con las organizaciones y controle el cumplimiento de las leyes”, evaluó Muñoz y dijo que “luego también hay que discutir el alquiler temporario, la vivienda vacía, y un proceso de desdolarización de la vivienda”.