En la economía local existe un “indicador imparcial” tanto para la evolución del ciclo económico como para el estado de ánimo de la población: la abundancia o escasez de dólares. Veamos cómo funciona y que puede predecir para las próximas elecciones.
Desde comienzos de año la inesperada abundancia de divisas emergente de la suba de los precios internacionales le permitió al Banco Central comprar moneda estadounidense que no destinó a la adquisición de reservas, sino que revendió en el mercado para sostener la cotización. La suba de reservas que se observa en el margen se debe a que aumentaron los depósitos en dólares producto de esas compras, no se trata entonces de aumentos de reservas netas. De nuevo, el Central está utilizando la mayor disponibilidad de divisas para mantener estable “la brecha” entre las cotizaciones del dólar oficial y los paralelos.
Esta acción es “macroeconómicamente consistente”, como gustan decir en Economía, con el objetivo de que el dólar funcione como ancla inflacionaria. Quienes en los últimos meses pusieron su dinero a plazo fijo no le ganaron a la inflación, pero sí al dólar, que es de lo que se trata en una economía bimonetaria. Si las condiciones para mantener esta política se prolongan lo que puede esperarse en los próximos meses es un período de estabilidad macroeconómica por lo menos hasta julio. Ello es así porque en la economía local existen algunos ciclos muy regulares, uno de ellos es que la liquidación más fuerte de la cosecha del agro se produce durante el segundo trimestre del año. El otro ciclo ocurre cada dos años. Más concretamente se produce en los años impares durante los meses previos a las elecciones y consiste en el aumento de la velocidad de la “FAE”, la formación de activos externos o fuga, o dicho de manera más pedestre: antes de las elecciones siempre se despierta la ansiedad por comprar dólares. No se trata de la maldad fugadora intrínseca de empresas y particulares, sino de una reacción clásica frente a la incertidumbre en una economía bimonetaria ¿Tiene componentes ideológicos? Por supuesto, si los sondeos indican que en la elección se impondrá un gobierno popular, la fuga puede llegar a transformarse en corrida y viceversa.
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Hasta aquí la predicción cuenta con dos elementos. Holgura de divisas en la primera mitad del año, mayor escasez en la segunda. En paralelo a medida que pasen los meses se acentuará la recuperación del PIB, que este año podría rondar el 7 por ciento si la pandemia no mete la cola, por lo menos 5 puntos de arrastre estadístico y 2 más. Con la recuperación aumentarán las presiones importadoras y la dicotomía de qué hacer con el excedente de dólares disponibles: o mantener a raya la brecha o financiar importaciones para poder crecer. La experiencia indica, sobre todo después de la experiencia de 2020, que lo preferible es frenar las importaciones y crecer un poco más despacio. La pregunta es que pesará más al momento de votar, la percepción de un crecimiento más lento o la estabilidad macroeconómica.
El descripto será el curso principal de los acontecimientos. Luego vienen los matices. Avanzado el sábado y el debate en Diputados todo indica que la reforma al mal llamado impuesto “a las ganancias” (el nombre correcto es “a los altos ingresos”) se convertirá en ley. El proyecto es un viejo anhelo del actual presidente de la Cámara de Diputados desde los albores de la creación del Frente Renovador. Por entonces el atrasado mínimo no imponible del tributo había llegado a afectar a las clases medidas bajas suburbanas que constituían la principal base electoral del massismo. Pero aquella situación se correspondía con el período de altos ingresos salariales del kirchnerismo. Macrismo y pandemia mediante ya no es la realidad del presente. Las clases medias bajas suburbanas se cuentan, junto con los sectores informales y cuentapropistas, entre los más afectados por la crisis.
Hoy el aumento del piso a partir del cual se pagará el impuesto a los altos ingresos, alrededor de 150 mil pesos, tendrá efectos distintos. Constituirá una fuerte transferencia de ingresos a los sectores medios y medios altos. El propio Massa habló de un costo fiscal del proyecto de 44 mil millones de pesos. Pero la transferencia a los sectores medios será mayor, porque esos 44 mil están neteados del aumento de la alícuota a las empresas.
Si se suma esta transferencia a sectores medios al ciclo bienal citado más arriba, el de la aceleración preelectoral de la FAE, puede preverse el destino del excedente generado por el no pago del tributo. Aunque el discurso político siempre necesite un malo y se publiquen listas de “fugadores”, los mayores compradores de divisas no son las grandes empresas, sino las personas humanas. Puede adelantarse entonces que en la segunda mitad de 2021 lo que no se cobre por Altos Ingresos presionará sobre el dólar y no sobre el consumo. Es un detalle porque no es mucho, alrededor de 300 millones de la moneda estadounidense si el cálculo se realiza sobre la base del costo fiscal y a la cotización de la divisa en el MEP.
Finalmente queda un último componente indirectamente vinculado al “indicador imparcial” pero con fuerte incidencia en la estabilidad macroeconómica: el nivel de tarifas, incluidos los combustibles. Con ellas pasa algo similar que con el dólar. Si se las deja atrasar mucho cuesta cada vez más actualizarlas sin provocar un shock. Luego, como lo demostraron las elecciones de 2013 y 2015, mantenerlas atrasadas no es sinónimo de ganar los comicios. Se trata de las típicas transferencias que quienes reciben no alcanzan a ponderar. Después de los tarifazos macristas lo deseable es que las tarifas se ajusten menos que la inflación, a la que retroalimentan, pero también es crucial evitar atrasos que las vuelven un gasto políticamente inelástico. Vale recordar los títulos de la prensa hegemónica cuando a partir de 2012 se intentó la “sintonía fina”.
El punto a considerar en materia de tarifas es otro. La contraparte del atraso tarifario son los subsidios, los que operan de manera cuasi automática. Por ejemplo, cuando a las distribuidoras eléctricas les aumentan los costos disminuyen sus pagos a Cammesa, cargo que termina cubriendo el Estado. Antes de 2016 estos subsidios llegaron a ser el equivalente al 5 por ciento del PIB y en la actualidad rondan 1,7 puntos. Una forma de tratarlos es por su contribución al déficit fiscal. Sin embargo no es lo que realmente importa, sino el uso alternativo que esta ingente masa de recursos. ¿Qué hubiese sucedido si en el período 2008-2015 se hubiese destinado el monto de subsidios, los citados 5 puntos del PIB, o parte de ellos, a infraestructura básica cuyo gasto es también un componente de la demanda agregada? ¿Qué hubiese valorado más el votante? Estas dudas encubren que con un Ministerio de Economía negociando con el FMI parece difícil que el ahorro en subsidios vaya a infraestructura, pero ya es otro debate.-
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