La preocupante situación financiera que enfrentan las Cajas de Previsión Sociales de Córdoba debido al retraso en la transferencia de fondos comprometidos por el Gobierno nacional pulveriza el poder adquisitivo de los pensionados: la jubilación promedio que abonó la Caja de la Provincia en junio de 2024 alcanzó 885.322 pesos, 189,2% por encima de la pagada en el mismo mes del año pasado. Pero el aumento se ubicó muy por debajo de la inflación en relación con el mismo período, ya que reflejó un alza interanual del 276,4%.
Si bien solamente se conocen los números de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) arrojó en junio una suba de 4,8 por ciento, hasta el mes pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec determinó que el incremento de los haberes previsionales de Córdoba se situaron unos 87 puntos porcentuales por debajo del incremento de los precios.
Los datos del Informe Estadístico de la Seguridad Social del sexto mes del año muestran que la evolución de las prestaciones no difirieron mucho de los datos de los meses anteriores y cómo los beneficiarios de jubilaciones son los que más padecen la crisis económica que atraviesa el territorio que gobierna Martín Llaryora.
La preocupante caída de los haberes es un espejo del deterioro de los salarios del sector público y, en general, del resto de los ingresos que se vieron licuados por la alta inflación luego de la mega devaluación de diciembre último, tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
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Si bien Llaryora hizo fuerza para que la Ley Bases sea aprobada y fue el primer gobernador en confirmar su asistencia al "Pacto de Mayo", Milei decidió seguir con su política de déficit cero e impulsó medidas que provocaron una recesión: las transferencias automáticas que Nación le deposita a Córdoba de forma diaria retrocedieron un 11,7% (real) entre enero y junio.
El primer semestre fue negro para el mandatario provincial, con una caída de su imagen, donde el 47% de las personas encuestadas por la consultora Pulso Social, consideró que su gestión es "mala", y con ingresos cada vez más escasos por la motosierra libertaria, ya que estos dependen en gran medida de los recursos enviados por el Ejecutivo nacional.
Derrumbe de las jubilaciones en Córdoba: cuáles son las causas de su caída
En cuanto a los motivos de semejante caída, son los mismos que explican la baja de los salarios en general. Una inflación que, ya elevada, se disparó tras la devaluación de diciembre y alcanzó un récord de 25% y que, pese a una desaceleración sostenida, marcó 20% en enero y 13,2% en febrero. La recaudación marcó una baja en términos reales y el mandatario provincial decidió revisar la paritaria con "cláusula gatillo" que había firmado el exmandatario provincial Juan Schiaretti y a renegociar aumentos en línea con lo recaudado. Esto desató un conflicto con el gremio docente, que rechazó la propuesta de un 100 por ciento de incremento, un porcentaje por debajo de la inflación acumulada en los primeros meses de la administración de La Libertad Avanza (LLA).
En paralelo, el actual titular del Ejecutivo dispuso profundizar el diferimiento previsional que había sido flexibilizado ya por Schiaretti y que Llaryora, aún como candidato, había prometido sostener en esa línea o bien eliminarlo. Ante la decisión de Milei de suspender los giros a las cajas provinciales no transferidas, entre ellas la de Córdoba, el Gobernador decidió retomar los pagos diferidos de los aumentos de los activos a los jubilados, además de enviar un proyecto de ley a la Unicameral en la que se incrementaron los aportes de los activos tanto a la Caja como a Apross. Esas medidas permitieron neutralizar en parte el rojo previsional que a mayo pasado rondó los 13 mil millones de pesos.
No obstante, estas políticas fueron muy resistidas por los medios estatales: el propio Gobierno le confirmó a la dirigencia de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) que no habrá cambios en el diferimiento ni baja en los aportes de los activos hasta que el Gobierno nacional, por medio de la Anses, no restituya los envíos de fondos a la Caja. Esa posibilidad no parece ser factible, al menos en el corto plazo.
“No aguantamos más”, afirmaron Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes advirtieron que irán hasta las últimas consecuencias para hacer escuchar sus peticiones por el corte total del envío de los recursos para el financiamiento de las cajas de jubilaciones provinciales, y le exigieron a la Corte Suprema de Justicia que actúe frente al incumplimiento de la ley.
En ese sentido, el cordobés aseguró que el recorte "tiene un impacto fundamental en cada una de las provincias. Por eso tenemos que empezar a darle definiciones concretas". A su vez, sostuvo que sus decisiones no fueron fáciles, ya que su territorio recibió cero pesos, situación que "no pasó nunca".
Según el mandatario provincial, la deuda que mantiene la Anses con la Caja de Córdoba supera hoy 400.000 millones de pesos, de los cuales buena parte corresponde a pasivos de 2022 hacia atrás y el resto a deuda corriente de 2023 y de este año, cuando la gestión Milei resolvió cortar por completo los giros a las provincias, entre ellos a las 13 cajas previsionales no transferidas.