Esta semana comenzó el tratamiento en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados del proyecto para crear un Monotributo Tecnológico. La iniciativa busca generar una herramienta destinada a los profesionales que trabajan para el exterior y apuesta a incrementar la recaudación de dólares por exportación al facilitar la facturación del servicio. Según estimaciones oficiales, podrían ingresar divisas por USD 2.000 millones al año.
El proyecto del oficialismo impulsa un régimen simplificado para pequeños contribuyentes que facturan sus servicios basados en el conocimiento e incluye además a quienes participan en competencias de e-sports, de forma profesional. Apunta a que puedan facturar los ingresos en moneda extranjera, evitando la informalidad, con mayor registración en el sistema tributario y, por otra parte, posibilita un mayor ingreso de divisas por exportación. De acuerdo a cálculos oficiales, en 2022 las exportaciones en servicios basados en el conocimiento representaron unos USD 7.565 millones.
Desde la Asociación Gremial de Computación (AGC) señalaron en diálogo con El Destape que este proyecto beneficiará puntualmente a “los profesionales que trabajan de manera autónoma” y analizaron que atiende “el reclamo de las empresas ante la ida de los perfiles más profesionales y expertos” así como “la necesidad de divisas por parte del Estado”. En esa línea, se mostraron “de acuerdo en todo lo que ayude a formalizar al trabajador y que sea también herramienta para el Estado y para fortalecer el desarrollo nacional. Nos parece bien que desde la Secretaria del Conocimiento estén pensando en estos temas”, aunque advirtieron que “puede tener sus dificultades en la implementación” y será clave los montos de facturación que se terminen aprobando por categorías.
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¿Qué dice el proyecto?
El Monotributo Tecnológico permitirá a profesionales facturar hasta USD 30.000 por año a clientes del exterior, registrando de esa manera la actividad, con acceso a prestaciones sociales y el beneficio cambiario de no tener que liquidar las divisas.
El proyecto propone tres categorías de ingresos anuales. Una primera categoría de hasta 10.000 dólares anuales, que tendrá que pagar el equivalente a la escala D del monotributo tradicional ($9.245 por mes). La segunda categoría será de hasta USD 20.000 anuales y deberá pagar el monto de los inscriptos a la F ($15.712 mensuales), y la tercera categoría será de hasta 30.000 dólares, y abonará el equivalente a la escala H ($31.347). Cada una abonará lo que corresponda por Impuesto a las Ganancias, obra social y aportes jubilatorios.
Además, según detallan desde la secretaría de Economía del Conocimiento, el proyecto es "compatible con el régimen General, con el régimen Simplificado, y empleados y empleadas en relación de dependencia, siempre que la inscripción sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Monotributo Tecnológico".
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¿Qué pasa en el sector a nivel nacional?
Un informe presentado por el recientemente lanzado Observatorio del Trabajo Informático (OTI) de la Asociación Gremial de Computación (AGC) señaló que el sector del software, hardware y de servicios informáticos es un “importante actor exportador y en franco crecimiento” ya que a partir de normativas clave como la Ley de Promoción del Software del año 2004 logró “un sostenido y vertiginoso crecimiento de empresas y trabajadores, al mismo tiempo que la informática nacional pasó en muy pocos años de ser una actividad relativamente marginal a ser un sector que emplea a 142.826 personas y se ubica tercero en volumen de exportaciones”.
El empleo creció 44,5% en el período que va de enero de 2017 a diciembre de 2022.
Según se detalló en el "Informe Anual 2022: Una radiografía del sector de SSI desde la mirada de los trabajadores", el sector está conformado por una mayoría de microPyMES (62%), seguido por empresas pequeñas o unipersonales (35%) y una minoría de medianas y grandes (3%), localizadas principalmente en CABA.
En diálogo con este portal, el director del OTI, Esteban Sargiotto, destacó la importancia que tuvieron normativas como la mencionada Ley del Software, sancionada hace casi veinte años atrás, y la posterior Ley de Economía del Conocimiento (2020) para impulsar un “crecimiento del sector en su conjunto” y reconocer a la actividad como industria estratégica para la economía nacional.
No obstante ello, el entrevistado subrayó que se trata de un “sector desregulado” que es un "caso testigo". “Contrariamente a lo que dice la teoría neoliberal de que la desregulación es lo que permite que un sector crezca y se logren buenos salarios, en nuestro caso queda demostrado que si bien se creció, fue gracias a una fuerte apuesta del Estado argentino con una enorme inversión, no solo por exenciones tributarias (60% menos en Impuestos a las Ganancias, reducción de aportes patronales, subsidios para proyectos) sino también por una apuesta a la formación, que es clave”, explicó.
"La desregulación no tuvo impacto favorable en los salarios, que cayeron en relación a otros empleos privados locales. Por eso para nosotros es fundamental que haya un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), para tener paritarias que actualicen el poder adquisitivo, acceder a licencias, tener horas extras y demás derechos laborales”, continuó.
El documento del Observatorio plantea que “el boom de rentabilidad y crecimiento del que gozan en alto grado las empresas, en particular un selecto grupo, no se ve reflejado en los salarios” ya que “se discuten individual y discrecionalmente, un fenómeno que profundiza la anomia y los abusos”. En ese sentido, mencionó con preocupación “la reciente ola de despidos que sufrieron empleados de varias y reconocidas empresas del sector como Despegar, Lemon Cash, Ualá y Digital House (creada por Globant y Mercado Libre). En un año en el que incluso incrementaron sus ganancias”.
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¿Beneficios para pocas?
El Régimen de Promoción que estableció la Ley de Economía del Conocimiento alcanzó en estos últimos meses a 628 empresas, lo que implica un crecimiento respecto de años anteriores pero “se trata fundamentalmente de empresas grandes, muy grandes y algunas medianas”, según el relevamiento de la AGC. En ese aspecto, el texto consideró que “el Régimen de Promoción ha mutado en un verdadero Régimen de Concentración: Mercado Libre, Globant, Accenture y Red Link fueron las principales beneficiarias: hasta 2019 recibieron el 45,9% de todos los beneficios y sólo Mercado Libre se llevó aproximadamente el 20% de esos recursos”.
Sargiotto aclaró en diálogo con El Destape: “Si bien hemos accedido en parte a las informaciones oficiales del impacto de los beneficios fiscales, sabemos por nuestras investigaciones que estas cuatro empresas acapararon la mitad de los beneficios. El impacto ha sido grande en cuanto al dinero que ha invertido el Estado, ya que solo en cinco años, de 2014 a 2019, fueron más de 500 millones de dólares. Las pequeñas y medianas, no sólo no pueden competir sino que terminan siendo absorbidas por las más grandes”.
Finalmente, desde la representación sindical sostienen que “es razonable que existan esos beneficios pero dado que gran parte queda solo en estas grandes empresas que ya no lo necesitan, una alternativa sería que en lugar de ser parte de la ganancia empresarial el beneficio vaya directamente a los trabajadores, de esa manera, el Régimen de Promoción no tendría nuevos costos y garantizaría mejores salarios, con impacto en la economía local”. Según calculan los informáticos, “solamente con los beneficios de estos años, se les podría haber dado un bono de unos 800 mil pesos a los trabajadores del sector”.
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