Informe elaborado por Guzmán destruye la intención de Milei de levantar el cepo al dólar: "Va a terminar mal"

Sin reservas disponibles ni una macro ordenada, el Gobierno pretende avanzar en la eliminación del cepo cambiario. La salida más o menos traumática del levantamiento de las restricciones cambiarias dependerá del nivel de desregulación de la cuenta capital que aplique la administración libertaria. Un trabajo realizado en forma conjunta por el centro de investigación Fundar y Suramericana Visión (el think tank que creó el ex ministro de Economía Martín Guzmán) analizan las alternativas intermedias entre el cepo y una liberalización financiera y cambiaria completa, con el objetivo de evitar generar un terreno fértil para la especulación financiera y la fuga. La respuesta es avanzar hacia una regulación prudente de los flujos de capitales. No obstante, desde el equipo interdisciplinario reconocen que la salida del cepo, más allá del camino que se tome, va a ser conflictiva. “Cuando se salga, se va a salir mal, aunque se apliquen regulaciones, porque la economía está mal”, reconocen a este medio fuentes de esta usina de pensamiento.

“Ni cepo ni liberalización completa”, advierte el documento que se viene realizando hace cerca de un año como resumen de la colaboración entre Fundar y Suramericana Visión. Los economistas a cargo de este trabajo, encabezado por Guzmán, incluyó al ex secretario de Política Económica Fernando Morra, al ex subsecretario de Financiamiento Ramiro Tosi y los economistas Guido Zack (director de Economía de Fundar) y Pablo De la Vega (investigador de Economía de Fundar). En el documento se estudia qué tipo de administración de la cuenta capital-financiera tiene sentido implementar en un sendero de normalización de la macroeconomía.

La respuesta a la que arriba el trabajo es que la Argentina debería converger hacia un esquema que no esté caracterizado ni por los popularmente denominados “cepos cambiarios” ni por una liberalización irrestricta, sino por una regulación que tenga en cuenta las características imperfectas de los mercados internacionales. “La mejor administración tuvo lugar a fines de 2005, con el decreto 616/051 y las normativas de regulación de flujos de capitales que lo acompañaron”, según detallan en el entorno del ex gabinete económico que condujo Guzmán. Los autores señalan que, tal como muestra la experiencia argentina y en el mundo, si no se regula, en el corto plazo, el ingreso y salida de divisas en el corto plazo “genera problemas en la balanza de la cuenta capital y el mercado argentino”.

Los análisis coinciden en que cualquier desregulación -incluyendo la dolarización propiamente dicha- dependerá de las elecciones en Estados Unidos. Una victoria de Donald Trump y su regreso a la Presidencia aseguraría un apoyo político a los libertarios para nuevos desembolsos de de dólares (vía deuda). Esto genera un riesgo adicional. Todos los análisis dan cuenta de que se avanzaría en una liberalización completa, lo cual “va a terminar mal; y esos suma más riesgos de dolarización”. “Y si gana Trump, hay más chances de dolarización”, cierran el análisis. Por ese motivo es que los ex funcionarios y economistas presentan este trabajo que busca romper con una historia en la Argentina de vaivenes “entre dos formas extremas de regulación cambiaria: cepo y desregulación completa”.

El documento aconseja eliminar las restricciones pero mantener la regulación sobre la base de tres pilares: a) Desalentar los flujos de capitales especulativos de corto plazo (encajes por plazo o impuestos desde el 30 por ciento para flujos de corto plazo (menores a 30 días) decreciente a un plazo de un año); b) Prevenir eventos disruptivos sobre el mercado de cambios (límites cuantitativos no restrictivos sobre el acceso al mercado de cambios en un período, obligatoriedad de liquidar con plazos amplios –de 90 a 180 días sobre pagos superiores a 75.000.000 dólares mensuales – y requisito de conformidad previa para el acceso al mercado de cambios en operaciones por encima de 3.000.000 mensuales, con límites específicos para sectores) y c) Evitar la acumulación de riesgos sistémicos (regulación macroprudencial sobre la hoja de balance de diferentes agentes de la economía, incluido el sector público, obligatoriedad de registración de ingresos y egresos de divisas al mercado local de cambios y de toda operación de endeudamiento residentes que implique futuros pagos en divisas a no residentes.

El evento financiero del lunes de la semana pasada, donde las Bolsas globales operaron con caídas récord –o cercanas a ello—, dejó en evidencia la necesidad de contar para una economía frágil como la argentina con una regulación cambiaria. El propio mileismo salió a celebrar que el impacto fue más moderado en el país porque existía el cepo. Se trata de una discusión que sigue abierta, entre quienes consideran “al cepo como un principio del funcionamiento de la economía y los que bregan por una liberalización total”. “El éxito de la salida del cepo no se mide solo por el salto cambiario, sino por lo que vino después”, advierten, tomando en cuenta la eliminación de controles que aplicó el primer presidente del Banco Central durante el macrismo Federico Sturzenegger. “Hoy lo que tenemos es un ajuste fiscal y apretón monetario muy fuerte. Sí se puede hablar de salida del cepo, pero se requiere mantener una regulación”, advierten desde el think tank.

Los especialistas advierten que una moneda fuerte, como promete el Gobierno, depende de factores reales y no del apretón financiero y el ajuste fiscal. “Para que se aprecie la moneda se tiene que mejorar la productividad. La recesión solo permite un traspaso de la devaluación a los precios”, es en lo que coinciden dentro de este espacio disciplinario.

El documento reconoce que el aislamiento financiero que genera el cepo acota las posibilidades de desarrollo de inversiones en el país. Pero, también, advierte que la total desregulación de la cuenta financiera externa expone a un país a movimientos de capitales abruptos que generan una excesiva volatilidad en su tipo de cambio real, sean apreciaciones bruscas que quitan competitividad a sectores de la economía claves en la agregación de valor en el tiempo y en la generación de empleo, sean grandes devaluaciones que desestabilizan el sistema económico y social. En este sentido, aconseja regulaciones de carácter prudencial, no como un esquema de transición, sino como un régimen permanente, contribuirían a la estabilidad económica.

El esquema que propone funcionar como un conjunto de “válvulas” que permiten graduar los flujos de liquidez en el caso de eventos disruptivos en el mercado de cambios, pero que no afectan la actividad habitual en tiempos de estabilidad. Las principales medidas que se describen en el documento para cada tipo de flujo utilizando como referencia la clasificación que efectúa el propio FMI:

Flujos de entrada

Obligatoriedad de liquidación: se establece el requerimiento de liquidar —generalmente al banco central— de forma total o parcial ciertos flujos. Esta categoría puede incluir un amplio conjunto de transacciones, desde las comerciales (exportaciones de bienes y servicios), transferencias, utilidades y dividendos, flujos de inversión externa y todas las restantes categorías que comprenden movimientos en el balance de pagos. El objetivo de esta medida es evitar el arbitraje de los exportadores sobre el tipo de cambio en un contexto donde existe incertidumbre sobre la paridad cambiaria –o diferenciales de cotización— y permitir que esta oferta se canalice hacia el mercado formal o regulado. Estas medidas suelen abarcar un porcentaje o la totalidad de las exportaciones.

Encajes: se exige que un determinado porcentaje de un flujo de ingresos de capitales quede, por un tiempo definido, inmovilizado en una cuenta doméstica del país receptor sin ninguna remuneración. El propósito es desincentivar el ingreso de capitales de corto plazo al penalizar la rápida reversión de los flujos de capitales y, al mismo tiempo, generar un diferencial entre los rendimientos domésticos de corto plazo y los que reciben potenciales inversores externos. En algunos casos, estos pueden estar definidos para un tipo de operación –por ejemplo, ingreso de capitales de no residentes –o para usos específicos—por ejemplo, ingresos que tengan como destino la adquisición de un activo particular.

Inmovilización temporal: se inmovilizan activos a corto plazo cuando estos son transferidos. En general, el objetivo es generar costos de transacción en la compra y venta de estos activos y desestimular su uso en contextos altamente especulativos.

Impuestos: se gravan ciertas transacciones específicas –como la compra de activos financieros o reales—o su retorno. La finalidad es similar al caso anterior, en este caso, además, se generan ingresos tributarios para el fisco del país. Este tipo de impuestos sobre el ingreso de capitales han sido habituales para desincentivar que estos flujos afecten el precio relativo de ciertos sectores que tienen características preferentes para la sociedad.

Límites al uso (cupo o prohibición): se trata de restricciones a las compras de ciertos tipos de activos o a realizar ciertas actividades posteriores al ingreso de los flujos de capitales. Un ejemplo de este tipo de normas es la limitación de extranjerización en ciertos sectores de la economía —por ejemplo, tierras, inmuebles o sectores estratégicos definidos como tales por el país.

Flujos de salida

Requisitos de aprobación previa y límites de acceso: se limita el acceso a la compra de divisas hasta ciertos montos o se impone un requisito de aprobación previa por parte del banco central. Al igual que en el caso de la obligatoriedad de liquidar, esto puede incluir un conjunto amplio de actividades como las importaciones de bienes y servicios, la demanda de ahorro por residentes locales, los pagos de deuda financiera o comercial, las transferencias al exterior, entre otras.

Acceso posdatado: como en el caso de los encajes, es posible establecer un acceso diferido a las operaciones de pagos de ciertos bienes, servicios o transacciones. Así, el agente realiza una transacción –por ejemplo, una importación—, y el acceso a las divisas se fija para una fecha posterior, lo que hace que las operaciones requieran de financiamiento comercial. Esto genera costos de transacción y desalienta operaciones.

Impuestos: estos encarecen las decisiones de salida. Por ejemplo, puede aplicarse un impuesto a la adquisición de divisas con fines de atesoramiento o para el pago de cierto tipo de transacciones, como compras en moneda extranjera a través de tarjetas de crédito.