El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado en la medianoche de este miércoles incluyó la derogación de la denominada Ley de Tierras y allana el camino para una creciente extranjerización del territorio nacional, inclusive regiones estratégicas que contienen recursos esenciales. La ley 26737/12, sobre Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales había sido promulgada en diciembre de 2011 y, desde su nacimiento fue resistida por las inmobiliarias rurales y los grandes terratenientes.
Con la ley, ahora derogada, se creó el registro de tierras rurales, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con integración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El objetivo era mantener el registro de los datos referentes a las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera.
La norma estableció un límite a la compra de campos por parte de extranjeros de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial, la cual era determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales (previsto en el articulo 16 de la ley) en base a su localización, calidad y proporción respecto del municipio o provincia que integren.
La norma establecía, además, que las dependencias provinciales competentes recopilaran datos de catastro y registro de personas jurídicas y toda información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. El Consejo Interministerial de Tierras Rurales tenia la potestad de expedir los certificados de habilitación de todo acto por el cual se transfieran derechos de propiedad o posesión sobre tierras rurales en los supuestos comprendidos por esta ley.
En los hechos, impedía el avance de la compra indiscriminada de tierras por parte de inversores extranjeros, dado que limitaba la titularidad y posesión de tierras para usos agropecuarios, forestales, turísticos, entre otros. Se centraba en limitar la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. El Consejo ejercía hasta ahora así el control de cumplimiento de la ley, con legitimación activa para impedir en sede administrativa, o reclamar la nulidad en sede judicial, de los actos prohibidos por la ley.
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La integración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Registro Nacional de Tierras Rurales, estaba regulada por la Decisión Administrativa N°659/2012, la cual establecía que la Dirección Nacional de Tierras Rurales, era la responsable analizar las equivalencias por zonas determinadas por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales y los informes proporcionados por las áreas técnicas de jurisdicción Ministerial.
El Consejo estaba presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y conformado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio del Interior, con los representantes de las provincias, a través de sus Ministros de Agricultura o Secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, o por sus Ministros o Secretarios de la Producción, según corresponda a la organización provincial (Decreto Reglamentario N°274/12).
En los considerandos de la norma que rigió hasta ahora, se fijaba en un 15 por ciento el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional para personas físicas y jurídicas no argentinas. Estas, siendo de una misma nacionalidad extranjera, no podrán, en ningún caso, superar el treinta por ciento del porcentual asignado. La ley también prohíbe la posesión de tierras que sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. y de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
La reforma en la era macrista
En junio de 2016, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se introdujeron varias modificaciones a dicha ley a través del decreto 820/2016. Entre los puntos más relevantes, aclaró el concepto de personas extranjeras (físicas o jurídicas) como aquellas que en forma directa o indirecta formen la voluntad mayoritaria, independientemente de su participación social y establece una presunción de extranjería en caso de que una persona extranjera sea titular del 51% del capital social de la persona jurídica.
También obligó a informar toda modificación en el paquete accionario de personas jurídicas consideradas extranjeras al Registro Nacional de Tierras Rurales. El decreto otorgó, además, facultades al Consejo Interministerial para modificar las equivalencias fijadas por las provincias a fin de que sean razonables desde el punto de vista del tipo de explotación y jurisdicción.
Por otra parte, dispuso la no afectación de derechos adquiridos por las personas extranjeras titulares de tierras rurales previo al dictado de la ley y que, en caso de querer venderlas tendrán permitido adquirir una una extensión equivalente aunque supere el límite de 1000 hectáreas que fija la norma. El punto que se busca cambiar con el DNU en la Ley de Tierras es el que define “regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción”.
Este cambio implicó la eliminación de las restricciones establecidas por la ley de 2011 en cuanto a la cantidad de hectáreas que un extranjero puede adquirir en zonas rurales. La Ley de Tierras ha sido cuestionada desde hace años por la Cámara de Inmobiliarias Rurales, argumentando que, a partir de su sanción, por la menor inversión por parte de extranjeros, se produjo una caída del valor de la hectárea en Argentina que quedó desfasada respecto de la evolución del precio de la tierra rural en otros países, donde la cotización aumentó en la última década.
Previo a la asunción de Milei, la Cámara le había solicitado al entonces candidato libertario que derogue la Ley de Tierras o bien que la modifique otorgándole racionalidad para promover el ingreso de capitales. Lo consideran como uno de los "pedidos urgentes y necesarios para que el país pueda salir adelante lo antes posible". Por eso, la cámara puso a disposición sus equipos técnicos para acercar propuestas e inquietudes del sector inmobiliario rural.
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