La AFIP, a través de su área de comercio exterior (Aduana), inició la investigación de un conjunto de maniobras de triangulación entre China y Uruguay que le habrían hecho perder al fisco millones de dólares en ingresos. El conjunto de las operaciones analizadas habla más de un modus operandi empresarial que casos individuales, donde primaron posibles maniobras fraudulentas a través de las importaciones para dolarizarse o fugar divisas. De esta manera se puede vislumbrar una parte de cómo se fueron los dólares del superávit comercial, tema clave y sensible ante las alicaídas reservas del BCRA. Sobre este tema (importaciones), el FMI ratificó futuras medidas adelantadas por el Gobierno aún no anunciadas: habrá un mayor control a la salida de divisas por la cuenta turismo y servicios.
En lo que va del 2023, la Aduana investigó un total de 1790 operaciones de importaciones por un total de 206 millones de dólares de mercadería fabricada en China y refacturada en Uruguay sin ningún tipo de agregado de valor en el medio. El dato que más llamó la atención del organismo fue que solo 10 empresas concentraron el 49% de las operaciones trianguladas por 100,3 millones de dólares.
Según la información volcada en la investigación administrativa, las dos principales empresas involucradas pertenecen al sector Agroquímicos y concentraron el 27% del total de las operaciones. El otro dato que despertó sospechas es que las 10 sociedades vinculadas habrían triangulado a través de la misma sociedad uruguaya.
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Desde el sector agropecuario suelen poner el grito en el cielo sobre la brecha cambiara y de cómo tal situación les encarece productos claves de su actividad, a pesar de que deberían conseguirse al tipo de cambio oficial. Una vez descartada la remarcación clásica, aparecen las operaciones irregulares, como en el caso bajo análisis.
De acuerdo a la información oficial que pudo reconstruir El Destape, la principal agroquímica involucrada en los expedientes administrativos de la Aduana se llama Tecnomyl, sociedad con sede en Buenos Aires y una planta en Tierra del Fuego, y una presencia en el mercado de más de 30 años.
El caso es paradigmático ya que desde Agricultura vienen impulsando la posibilidad de utilizar parte del swap con China en todas las operaciones vinculadas a insumos. Por ejemplo, en el caso del trigo, el 90% de los fitosanitarios utilizados se comercializa desde ese país. La Aduana sospecha que habría incurrido en la tringulación para descartar la posibilidad de que se cancele la deuda por importaciones con el mecanismo del swap.
Dentro de las maniobras investigadas también se encuentran empresas siderúrgicas, papeleras, de indumentaria deportiva, tecnológicas, de electrodomésticos y servicios petroleros.
“La Aduana ya intimó a las empresas a justificar la operación y el valor de la mercadería para evaluar maniobras de sobrefacturación”, indicaron desde el organismo. Una vez escuchadas las explicaciones y cerrados los expedientes administrativos podrían sobrevenir, si es que lo ameritaran, las denuncias penales.
Más controles
Las posibles maniobras de sobrefacturación de importaciones son una parte de la explicación de por dónde se fueron los dólares del superávit comercial que hoy ponen en jaque al Gobierno. También el festival de cautelares denunciado en su momento por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El ministro Sergio Massa trabaja para conseguir dólares, con beneficios extraordinarios para el sector privado (como en el caso de los sojeros y ahora el resto de las economías regionales exportadoras) pero todavía restan huecos en el esquema de salida de las divisas, al decir del propio Gobierno.
“El FMI adelanta además anuncios que el Gobierno nacional aún no hizo pero a los cuales evidentemente se comprometió con el organismo internacional. Por eso debería anunciar próximamente (según el FMI) un endurecimiento del cepo a las importaciones, en particular en los servicios como los turísticos y las compras en el exterior”, puede leerse en un informe de la consultora Epyca.
En este sentido, desde el BCRA habían informado a El Destape que se estaba estudiando la aplicación de un sistema similar al SIRA para el caso de los servicios. También está en discusión qué hacer con la importación de bienes no esenciales.
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¿Malas decisiones?
Desde el Ministerio de Economía suelen tirarle la pelota al Banco Central sobre el destino del superávit comercial, mientras que desde la autoridad monetaria responden, por ejemplo, que la mayoría de los dólares para pagar deuda privada se los consumieron YPF, Aysa, y la provincia de Buenos Aires. Es el problema de seguir con un Gobierno loteado.
De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el 21% de los dólares del superávit comercial registrado entre 2020 y enero de este año se destinó a atender gastos de turismo y de otros gastos en el exterior con tarjeta de crédito (10.064 millones).
“Casi el 45% de los dólares del superávit comercial se destinaron a pagar intereses de deuda, tanto pública como privada (20.768 millones)”, agregó el CEPA en otra parte de su análisis. Muchas empresas accedieron a divisas para pagar la totalidad de esos pasivos –al tipo de cambio oficial en momentos de una brecha cerca al 100%- previo a la regulación del Central para obligarlas a refinanciar sus pasivos.
La ex ministra de Economía Felisa Miceli está trabajando sobre estos datos, cotejados con el balance cambiario del BCRA, para exponer lo evidente: la imposibilidad de realizar una política de ingresos mucho más expansiva se debió a la falta de decisiones políticas que a una carencia de recursos.
“La verdad es que los recursos han sobrado en los últimos años y han sido asignados de una manera que, a mi juicio, favorecieron a los grandes grupos económicos, y han profundizado este escenario de una distribución inequitativa de los ingresos. Hablamos de la relevancia de las decisiones políticas. La distribución no es algo mágico, es el Estado el que tiene que mejorar esta situación”, concluyó Miceli.
Los dólares estuvieron pero ahora es el FMI el que marca las reglas de juego.
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