El pasado lunes por la tarde tuvo lugar una conferencia de prensa del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la que se anunció el lanzamiento de una política de complemento de ingresos para trabajadores/as informales, personal de casas particulares, monotributistas de las categorías más bajas y jubilados/as con haberes menores a dos pensiones mínimas. Se trata de dos cuotas de 9.000 pesos para todos los grupos, excepto para el último, para quienes es de 6.000. Según la información oficial, son 13 millones de beneficiarios y el gasto equivale a 200.000 millones de pesos. Esto se suma al previamente anunciado aumento de los montos de la Tarjeta Alimentar, gestionada por el Ministerio de Desarrollo Social. Se trata, lisa y llanamente, de una política estatal de compensación de ingresos para los sectores más desfavorecidos ante un contexto de suba de la inflación.
En 2021 la inflación fue particularmente alta (llegando a 51 por ciento), pero los salarios mostraron un recorrido heterogéneo. Mientras que los registrados aumentaron más que la inflación (56 por ciento los privados), los no registrados lo hicieron muy por debajo (41 por ciento). Es decir, luego de tres años seguidos (2018, 2019 y 2020) en los que el salario real de todos los trabajadores cayó, en 2021 los trabajadores no registrados completaron su cuarto año seguido de pérdida de poder adquisitivo, incluso en un contexto de crecimiento de la economía y de la ocupación. De hecho, los trabajadores registrados han podido recomponer parcialmente sus ingresos reales a través de paritarias, algunas de las cuales han entrado en revisión constante, un derecho del que no gozan los trabajadores informales y precarizados. Los salarios de los trabajadores no registrados suelen reaccionar más tarde y solo subir cuando la economía muestra un crecimiento sostenido.
La aceleración de la inflación en el primer trimestre de 2022, empujada por la suba de precios internacionales y solo parcialmente compensada por un tipo de cambio que sube más lentamente que los precios y los salarios (apreciándose en términos reales), ha provocado nuevos sacudones en la economía, que parecen dificultar la ansiada recuperación del salario real de los trabajadores no registrados o de más bajos ingresos, que podría haberse esperado para este año. Pero, a su vez, muchos sectores de la economía dependen del consumo doméstico para funcionar. Si la población no tiene dinero en el bolsillo, no venden; si no van a vender, no producen. Mantener el ritmo de crecimiento que la economía argentina mostró en 2021 requiere capacidad de consumo, y para ello los ingresos reales de las mayorías tienen que aumentar. Así, los cambios de precios relativos recientes pueden no solo perjudicar a los ingresos de las mayorías, sino también a las perspectivas de recuperación de la actividad, que ya alcanzó los niveles pre-pandemia pero aun está lejos de los guarismos anteriores a la crisis financiera de 2018 y 2019. Desde esta perspectiva, la política de complemento de ingresos anunciada el lunes se erige como absolutamente necesaria.
Sin embargo, en parte para cumplimentar los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional y en parte por convicciones propias del equipo económico el gobierno ha decidido -a diferencia de 2020, cuando se lanzaron políticas de ingresos parecidas en el contexto del aislamiento obligatorio- proponer conjuntamente una medida de financiamiento, a la que dieron en llamar “impuesto sobre la ganancia inesperada”, la cual debe ser aprobada en el Congreso Nacional. En esta oportunidad se está rechazando que el gasto adicional surja directamente de la emisión monetaria, principalmente por la precaución que eso requiere respecto de la demanda de dólares, aunque no se descartan fundamentaciones ortodoxas tradicionales en el equipo económico. Así como en 2021 se decidió discontinuar el IFE, esta vez la disyuntiva se resuelve procurando nuevas formas de financiamiento. Lo que se busca, entonces, es recaudar una alícuota adicional en el caso de las empresas grandes que hayan tenido ganancias extraordinarias. Valen aquí algunas precisiones.
El concepto de “inesperado” suena curioso o inexacto. En economía las ganancias siempre son inesperadas, pues las empresas no saben cuánto van a vender -y muchas veces, tampoco a qué precio-. La incertidumbre es permanente y mucho más en una economía frágil y volátil como la argentina. Pero no debemos perder de vista que se trata solo del nombre. En los hechos, se busca capturar ganancia extraordinaria, lo que no es otra cosa que alguna forma de renta. ¿Cuál es la diferencia entre la ganancia y la renta? En principio, la ganancia de las empresas surge del ejercicio económico habitual, que incluye no solo una negociación política por la distribución del ingreso con los trabajadores sino también la competencia entre empresas que tiende a hacer que su tasa (es decir, la masa de ganancias dividido el capital invertido) tienda a igualarse. La base de que ese ingreso de las empresas sea entendido como ganancia es su potencial concurrencia, mientras su origen es la propia productividad del emprendimiento (en particular, de sus trabajadores). La renta, en cambio, es el resultado de que determinadas empresas tengan algún privilegio particular en comparación con otras. Pueden tener cierta capacidad tecnológica que otras no, algún beneficio legal, o, como suele suceder en estos lares, el acceso a determinados recursos naturales escasos. Así, apropiar renta refiere a percibir ingresos adicionales que no surgen de la actividad normal sujeta a la potencial concurrencia sino de la propiedad excluyente de ciertos privilegios. En el caso argentino, el ejemplo más importante es la renta de la tierra, que surge del hecho de que la fertilidad del suelo pampeano es mayor a la del estándar mundial y, por ende, quien allí produce percibe un ingreso superior a la ganancia normal del sector.
El problema, desde ya, es que ganancia y renta no son fáciles de distinguir conceptualmente, y mucho menos en términos tributarios. Gravar la renta de manera diferencial a la ganancia sería deseable, pero no es sencillo. Con el concepto de ganancia inesperada lo que se pretende es gravar adicionalmente el aumento de las ganancias en 2022 en relación a 2021, partiendo del supuesto de que esa diferencia este año se deberá principalmente a la suba de los precios internacionales de materias primas (es decir, a una forma de renta). Para establecer ello, habría que descartar los aumentos de ganancias resultantes de los aumentos de productividad o de capacidad instalada. Nuevamente, es conceptualmente complicado y contable y tributariamente mucho más.
En términos normativos, sería deseable que esto no sea un nuevo impuesto sino una modificación del impuesto a las ganancias existente, puesto que capturar rentas tiene los mismos efectos recaudatorios (y por ende, fiscales) que capturar ganancias, pero sus impactos sobre la producción son mucho más benignos en tanto, precisamente, no reducen las tasas de ganancia. Si los impactos de los impuestos a las ganancias sobre la inversión -y, por ende, sobre la creación de nueva capacidad productiva- son discutidos en la teoría -algunos economistas les dan mucha importancia, otros no-, los impactos de los impuestos a la renta de los recursos naturales son necesariamente nulos, precisamente porque las rentas no surgen de la inversión. Sin embargo, en términos operativos, habilitar esa distinción podría llevar a muchas estrategias de elusión, pues se trata de un tributo que no se recauda de manera directa, sino a través de declaraciones juradas que en todo caso pueden ser escrutadas a posteriori.
La combinación de las políticas de ingresos y el intento de recaudación de un tributo adicional sobre la ganancia inesperada -o renta extraordinaria- refiere a un intento de incidir sobre la distribución del ingreso, entendiendo que esta se ha deteriorado en los últimos años. Sin embargo, los sucesos de 2022 darían cuenta de un deterioro reversible: si lo que está motorizando la inflación es la suba de precios internacionales de bienes que Argentina principalmente exporta, la contracara es el aumento de los dividendos de las empresas y de las reservas internacionales. No es lo mismo un empeoramiento de la distribución donde todos están perdiendo pero algunos pierden más -como en 2020- que uno donde algunos ganan y otros pierden.
En el fondo, lo que queda claro es que las variables distributivas no surgen, como sostiene la ortodoxia en sus distintas versiones, de las productividades relativas y la escasez de los factores. Por el contrario, su determinación es política. A través de la negociación colectiva se dirime una parte, pero otra -sobre todo para quienes no gozan del derecho a las paritarias- necesariamente requiere la intervención del Estado. Si durante el año pasado y parte del anterior -superada la etapa más álgida de la pandemia- el gobierno priorizó equilibrios macroeconómicos (sobre todo, cambiarios) a costa de los ingresos reales de los más desfavorecidos, las medidas anunciadas este lunes dan cuenta de un sentido inverso, pero absolutamente necesario.
Sin un Estado interviniente y políticamente decidido, es imposible que se recupere el ingreso real en un contexto de inflación global, incluso a pesar de que la economía siga creciendo. Si la distribución del ingreso depende de la política, se requieren acciones políticas decididas. Ojalá las medidas anunciadas el lunes sean un punto de partida.
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