Acindar-Techint: juicio a los crímenes económicos de lesa humanidad

La llamada “pata civil” de la última Dictadura Cívico Militar no fue solamente un aspecto subsidiario de la represión y la desaparición forzada de personas. “Miseria planificada”, describió Rodolfo Walsh en su Carta a las Juntas (1977). Con su testimonio, denunció el plan sistemático de desaparición de personas, a sus ejecutores e instigadores, los sectores económicos concentrados de capitales locales, internacionales y la patria financiera. Represión y empobrecimiento del salario. El miedo como disciplinador. La deuda externa como ordenador de una macroeconomía que jamás derramará de manera justa ni solidaria.

Esta Historia posee nombres, responsables, cómplices pero también luchadores. Victorio Paulón (falleció en 2022), dirigente sindical de la UOM Villa Constitución, partícipe de las huelgas en el cordón siderúrgico de la región, militante de las Fuerzas Armadas Peronistas, Montonero, y secretario de Derechos Humanos de la CTA, detalló el rol central de dos grandes empresas en los crímenes de lesa humanidad.

“Acindar y Techint demuestran de manera ostensible cómo fue su rol en la planificación y el protagonismo empresario durante el terrorismo de Estado”.

No fueron menciones al azar. La historia es siempre historia viva. En noviembre del año pasado comenzó el juicio oral en la causa Acindar – Delitos de Lesa Humanidad. El caso fue recordado la semana pasada por la Cámara de Casación Penal tras publicar un compendio actualizado con todos los expedientes vinculados a los delitos económicos durante la última Dictadura Cívico Militar.

En el caso Acindar confluyó la desaparición de trabajadores y trabajadoras, la persecución política y sindical, la instalación de un centro clandestino de detención dentro de la misma fábrica; la muerte.

La ejecución de este plan sistemático dio como resultado el reordenamiento productivo de la siderurgia en el país, caracterizada hasta ese momento por una fuerte sinergia con el Estado como impulsor. Los dueños de Acindar (familia Acevedo) y Techint (Rocca) necesitaban la desaparición de miles de pequeñas pymes industriales para consolidar su poder hegemónico. Plan sistemático de miseria planificada.

“Acindar y Techint coinciden en el rubro industrial, la ubicación de sus fábricas, historias corporativas, el entramado del movimiento sindical y la colaboración con fuerzas militares y policiales para reprimir a sus propios operarios; son empresas que buscaban el disciplinamiento de sus trabajadores…El accionar de ambas empresas muestra la racionalidad económica de la represión y el grado extremo del involucramiento empresario en la comisión de delitos”, escribió Paulón en el libro “Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura” (Verbitsky – Bohoslavsky).

Obreros organizados. Represión sistematizada

Los obreros de Villa Constitución tenían en 1975 una poderosa musculatura de organización sindical. En 1966, bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, la empresa pretendía llevar adelante una reconversión productiva a través de una integración vertical a través de un acuerdo con la US Steel Corporation. Dicha reconversión ponía en jaque el “modelo Savio”, que impedía que firmas privadas compitieran con SOMISA en la producción de semielaborados de acero. La empresa no pudo avanzar.

Sin embargo, la reconversión que buscaba Acindar fue rubricada en 1975, con Celestino Rodríguez como ministro de Economía de María Estela Martínez de Perón. También llegaba la represión.

Por entonces, los obreros metalúrgicos de la UOM Villa Constitución habían protagonizado el llamado “Villazo”, la constitución de una vertiente combativa de los metalúrgicos.

“Esta seccional se convirtió en uno de los exponentes más visibles del sindicalismo combativo y radicalizado a nivel nacional que confluyó en la zona en distintas instancias, y logró cambios importantes en la organización sindical de base, en condiciones de trabajo y cuestiones relativas a salud laboral”, escribió Victoria Basualdo, investigadora del Conicet y Flacso, en su investigación “El caso de Acindar Villa Constitución y el ciclo de transformaciones represivas, productivas y laborales entre dictadura y democracia”.

La respuesta a tamaña organización sindical combativa y de base fue la represión estatal.

“Operativo contra la serpiente roja del Paraná”. Así fue denominada la avanzada militar organizada por el Gobierno de Isabel Perón. Durante la madrugada del 20 de marzo de 1975, la ciudad de Villa Constitución fue ocupada por cuatro mil agentes de fuerzas policiales (federales y provinciales), patrulleros de policía, carros de asalto, lanchas y helicópteros, incluyendo a fuerzas como los “Pumas”, personal de la SIDE. Previo al operativo, “Isabelita” había mantenido una reunión con Alfredo Martínez de Hoz, presidente de Acindar hasta su asenso como ministro de Economía.

En enero de 1976, la Triple A, a cargo de Aníbal Gordon, secuestraba a los obreros Carlos Tonzo, Pedro Reche y Jorge Andino. Los tres fueron asesinados.

Tras el operativo “Serpiente roja”, y el Golpe de Estado de 1976, Acindar agradeció: “A partir del 24 de marzo de 1976, en que las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación, asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el país. Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda la intensidad y se encaran medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto y se aumenta la recaudación”.

Este texto forma parte de la Memoria y Balance número 34 de la empresa, publicado en junio de 1976.

Desde adentro

Martínez de Hoz dejó la presidencia de Acindar y se dirigió a las oficinas del Palacio de Hacienda. Desde allí continuó con el programa de concentración económica, deuda externa y pauperización social que había iniciado en Acindar pero extendido a todo el país. Su reemplazante en la siderúrgica fue Alcides López Aufranc.

Como partícipe clave en el plan sistemático de miseria planificada, Acindar puso a disposición sus propias instalaciones y recursos materiales para la ejecución de la represión no sólo a trabajadores de la empresa sino también a militantes y obreros de la zona. En su predio se constituyó un centro clandestino de detención conocido como “El albergue de los solteros”.

En el fallo de Casación Penal de mayo de 2022, que permitió la elevación a juicio oral de este caso, el magistrado Mariano Borinsky sostuvo lo siguiente:

“A los imputados se le atribuye haber prestado una colaboración necesaria para favorecer y/o facilitar la perpetración de distintos crímenes de lesa humanidad (tanto dentro de los espacios físicos de la empresa, como sobre sus trabajadores o allegados, etc.), colaboración que según las partes acusadoras se materializó en la realización de distintas acciones que permitieron los crímenes -por ejemplo, facilitar espacios físicos en la empresa para el funcionamiento de un centro clandestino de detención-, la adopción de decisiones para favorecerlos y la facilitación de materiales, vehículos e información a las fuerzas represivas desde su rol jerárquico en la empresa Acindar”.

“El desarrollo de semejante política represiva no sólo tuvo consecuencias en las trayectorias de los trabajadores y militantes, y en el entramado social de la localidad, sino que también tuvo un impacto fundamental en las condiciones laborales y el ritmo de trabajo en la empresa, que cambiaron sustancialmente entre 1975 y 1976. El nivel de terror y disciplinamiento alcanzado implicó una reconfiguración dramática de las relaciones laborales en la fábrica”, sostuvo Basualdo.

Ese mismo modelo se aplicó a todas las relaciones laborales y económicas, con deuda externa y concentración incluída, llámese Techint, Ford, Ledesma, Papel Prensa, entre otros casos emblemáticos.
 

La concentración

Lo que siguió al Golpe de Estado, fue un proceso de concentración económica feroz. Las ocho primeras empresas siderúrgicas del país aumentaron su participación en la producción desde el 74,3% al 91,7%, entre 1973 y 1984. En paralelo, se destruían 400 plantas siderúrgicas pymes. En 1973 funcionaban 665 establecimientos, y en 1984 cayeron a 260 plantas. Miseria planificada.

El Tesoro también le privatizó su deuda externa. De esa manera, Acindar le transfirió al Banco Central un pasivo de 652 millones de dólares. Domingo Cavallo y Carlos Melconían, artífices de la deuda privada en dólares y pesos, sonríen.

La empresa recibió avales otorgados por el Tesoro Nacional por una suma de 148,5 millones de dólares y también fue financiada con créditos por 231 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo, BANADE.

“Luego de la represión, Acindar se convirtió en el quinto deudor privado, deuda estatizada por Cavallo”, sostuvo Carlos del Frade, en su libro Desaparecidos/Desocupados. Nunca devolvieron un peso.

Acindar estuvo bajo la zona militar II, que abarcaba Santa Fe y las provincias litoraleñas, además de Misiones, Chaco y Formosa. Los responsables de la zona fueron, hasta 1979, los generales Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri.

Las fuerzas represivas, a instancias de las directrices implícitas de Techint y Acindar, allanaron y saquearon más de un centenar de viviendas en la región, encarcelaron a unos trescientos trabajadores y produjeron en distintos choques numerosos heridos y quince muertos.

Mientras sucedía el avance represivo y la reorganización económica de la empresa (y el país), el titular de Acindar era López Aufranc, oficial del Estado Mayor formado en la Escuela Superior de Guerra. También supo Integrar el Consejo Empresario Argentino y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), y fue Consejero de Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Director del Instituto para el Desarrollo de Empresarios en la Argentina (IDEA) y Director de la Cámara Argentina de Comercio.

Fiel, IDEA, la CAC, todos órganos que formaron parte de la planificación del modelo económico ejecutado por Martínez de Hoz; y continuado en sus objetivos disciplinadores por Menem, Macri y ahora, de una forma más brutal en su ejecución técnica, por la administración Milei.

Hoy

En 2004, el grupo Acevedo vendió la empresa a Belgo Mineira, una siderurgia del grupo belga Arbet (radicada en Brasil) que después se fusionó con Usinor (empresa francesa privatizada) y con Aceralia (firma española privatizada). De estas fusiones surgió el grupo mundial de acero Arcelor, que finalmente fue absorbido por la india Lakshmi Mittal.

“Como a la empresa india no le importa nada la Argentina, todo el costo de esta crisis lo pagamos nosotros”, enfatiza Matías Ruffini, integrante de la comisión interna de la UOM en Acindar, Villa Constitución, en diálogo con El Destape.

Los trabajadores y trabajadoras metalúrgicos vienen realizando un plan de lucha con parates totales en la planta. Su última recomposición salarial fue en noviembre del año pasado. Hubo tres días de huelga consecutivos. Este conflicto no es un dato menor. La empresa de capitales indios, radicada en Luxemburgo (paraíso fiscal), detenta junto a Techint una avanzada disciplinadora para imponer – con DNU o sin él- la reforma laboral redactada por el mismo estudio jurídico que pertenece a Daniel Funes de Rioja (Bruchou&Funes de Rioja), el titular de la Unión Industrial Argentina (Techint).

Techint y Acindar van a la cabeza con su intento. La pérdida del poder adquisitivo de 20 puntos de su salario comenzó con el macrismo. Durante el gobierno del Frente de Todos, y Sergio Massa como ministro de Economía, apenas se le empató a la inflación. “Desde noviembre, perdimos otros 30 puntos de nuestro salario”, sentencia Ruffini.

“Los nuevos dueños quieren darle una lavada de cara a la empresa, por lo que significó Acindar durante la última dictadura. Entonces, no hablan públicamente. Pero actúan en tándem con Techint. Van por una mayor desregulación. Ahora, es cierto que están perdiendo plata por el freno de la obra pública y toda la actividad. Ni alambras de púas ni tornillos se compran. El tema es que la empresa estuvo vendiendo como loco estos años y ahora pretenden tirarnos todo el costo de la crisis. Somos descartables para los dueños de la empresa”, enfatiza el delegado de la UOM Villa Constitución.

Matías Ruffini ingresó en la empresa en 2002; antes de ocupar un rol sindical, trabajó en el área de alambrado.

En 2021, Acindar tuvo ventas por 1440 millones de dólares; al año siguiente, fueron otros 1900 millones y en 2023, 1233 millones de dólares. Estos datos surgen de su Reporte anual, enviado a todos sus inversores (BlackRock posee un 6% de la empresa).

Este nivel de ventas, que también se traduce en altísimos niveles de rentabilidad neta, no tienen nada que ver con los salarios que se pagan en la actualidad. La pauperización laboral ocurrió sin reforma de facto ni DNU.

“Cuando ingresé en la planta, el sueldo básico era de 750 pesos o dólares – recuerda Ruffino-. Hoy, el que ingresa, con una categoría B, está en los 345.000 pesos brutos. En mano, 290.000 pesos. Y un sueldo promedio sería alrededor de 600.000 pesos. No hay ningún tipo de relación entre nuestro sueldo y lo que ganan ellos”.

El capital concentrado abultó sus balances a partir de una transferencia de recursos exprimida de sus trabajadores. Para el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, esa transferencia hacia el capital significó la friolera de 101.000 millones de dólares desde la llegada del macrismo hasta el cierre de 2023.

La pauperización se aceleró con el shock de Milei. “Estamos en una doble lucha, preservar nuestro salario y cuidar los puestos de trabajo. A este gobierno no le interesa nada la industria”, concluye Ruffino.