La Administración de Javier Milei posee algunos planes (no tan) ocultos vinculados al endeudamiento externo y una serie de potenciales beneficios para los bonistas privados. Dentro del proyecto de Presupuesto se incluyeron una serie de cambios normativos vinculados a la ley de administración financiera que le otorgarán al Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, total discrecionalidad para profundizar el endeudamiento externo y favorecer a los tenedores de bonos.
El avasallamiento de la casta mileista al Congreso es total. En el proyecto del Presupuesto 2025, el Gobierno adelantó lo que probablemente sea una gran reestructuración de deuda, ante la falta evidente de los dólares para cancelar todos los vencimientos del próximo año. Para llevar adelante esta potencial reestructuración, el Poder Ejecutivo se apresta a ofrecerle a los bonistas mayores beneficios económicos.
Según detectó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), tal como había sido establecido en la versión original de la Ley Bases (y luego retirado), el Presupuesto 2025 podría ser un cheque en blanco para la reestructuración de deudas.
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Por los alcances de la Ley de Administración Financiera (artículo 65), ante una renegociación de pasivos, deberían mejorarse dos de tres variables financieras: tasa, plazo o capital. Esta es la regla que pretende quebrar Milei.
“La modificación propuesta por el Gobierno no establece pauta ninguna para renegociar la deuda. Esto implica que, ante una reestructuración, pueda producirse un incremento en el monto adeudado, aún respetando el cupo de deuda autorizado por el Congreso. Ello podría ocurrir estirando plazos, pero ofreciendo mayores tasas, lo que empeoraría el valor presente neto de esa deuda reestructurada, pudiendo resultar ruinoso para el país en determinadas circunstancias”, explicaron desde el CEPA.
Un ejemplo histórico de una renegociación ruinosa fue el mega canje de Federico Sturzenegger en 2001, operación por la cual se había empeorado el perfil de deuda del Tesoro Nacional. “El ahora funcionario mileista fue procesado por una maniobra que favoreció a sus amigos, unos 7 bancos que cobraron comisiones por USD 150 millones, por hacer de intermediarios de sí mismos”, recordó el CEPA.
El Gobierno también se apresta para incrementar el porcentaje de deuda externa que pueda quedar bajo jurisdicción de terceros países. Es decir, una potencial cesión de soberanía a favor de los bonistas.
En el articulado de la Ley de leyes se determina que el 18 por ciento del endeudamiento autorizado pueda emitirse bajo jurisdicción extranjera. “Esto también permitirá canjes más beneficiosos para los tenedores de bonos que aceptan refinanciar sus pasivos”, indicaron desde la consultora 1816.
Hecha la ley, hecha la trampa. El texto elaborado por el Ministerio de Economía exime definir las operaciones de canje como “operaciones de crédito público”. Dice el texto oficial: “(Las operaciones de canje no se considerarán operaciones de crédito público y por lo tanto no se hallan sujetas a los límites impuestos por el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y sus modificaciones”.
De esta manera, Milei pretende saltar al Congreso ante una potencial operación de canje de deuda con los bonistas privados.
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El yunque de la deuda
El cronograma de pagos para lo que queda de este año y año próximo es complejo y, a grandes rasgos, implica una carga de desembolsos de 22.000 millones de dólares, mientras el stock de reservas netas del Banco Central son negativas en 3.088 millones.
En el primer trimestre de 2025 vencen 6500 millones de dólares de deuda pública en moneda extranjera (Tesoro y Banco Central), a los que corresponde sumarle 7400 millones a pagar entre abril y julio y otros 5800 millones entre agosto y diciembre.
De acuerdo con el relevamiento mensual que realiza el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES), las reservas netas del BCRA al viernes del 23 de agosto fueron negativas en 3088 millones de dólares: las reservas netas líquidas (divisas) fueron negativas en 8931 millones, 4981 millones correspondieron a oro y 862 millones a DEG.
También está la deuda debajo de la alfombra presupuestaria, vinculada a los pasivos remunerados del BCRA que fueron transferidos al Tesoro a partir de la emisión de más deuda. Según la información provista por la Jefatura de Gabinete de Ministros, actualmente se encuentran vigentes 11 Letras Capitalizables (LECAP’s) por un valor nominal de aproximadamente 27 billones de pesos.
En el caso de las LEFI, otra de las letras emitidas por el Tesoro, acumulan 1,2 billones de pesos de capitalización.
“En términos presupuestarios, la capitalización de los intereses permite evitar incrementar el superávit para cubrir los intereses de esta deuda. Pero como contracara, este proceso incrementa la deuda sensiblemente. Peor aún, dado que el BCRA transfirió sus pasivos al Tesoro, puede incrementar la tasa afectando la deuda capitalizable”, indicaron desde el CEPA.
Según la Consultora EcoGo que dirige Marina Dal Poggeto, la deuda por LECAPs y LEFI (acumulando capital e intereses) ascenderá a 3% del PBI a fin de 2025.
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