En la apertura de sesiones legislativas del presente año, el Presidente de la Nación manifestó su voluntad de promover una querella criminal por administración fraudulenta contra los funcionarios de Cambiemos y los máximos responsables políticos que tuvieron a su cargo la obtención y gestión del crédito condicionado (stand by) otorgado por el Fondo Monetario Internacional.
Este acuerdo crediticio concedido por el organismo multilateral, cuyo monto original fue de u$s 57.000 millones y del cual se desembolsaron aceleradamente en algo más de un año u$s 44.000 millones, se encuentra vulnerado en su legalidad por varios aspectos:
- Un préstamo del exterior cuya magnitud se aproxima al 9% del PIB careció de tratamiento parlamentario previo a la efectivización de los desembolsos.
- El monto originalmente acordado, de u$s 57.000 millones, excedía con creces la cuota que le correspondía a la Argentina como país miembro para este tipo de asistencia condicionada que llegaba a los u$s 23.000 millones.
- El objetivo del crédito era estabilizar las variables de la economía, reforzando para ello las reservas del Banco Central y cumpliendo metas monetarias y fiscales que equilibraran la macro en el sector externo y en el sector público. Nada de eso ocurrió en el bienio 2018-2019.
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Estos tres puntos conforman un conjunto de cuestiones que inducen a sostener la “flojedad de papeles” del préstamo del FMI.
El argumento de que la ley de administración financiera no requiere tratamiento parlamentario previo para acceder a un crédito de semejante monto es insuficiente, porque la misma se refiere a la asistencia multilateral de los bancos de desarrollo que se brinda con destino a la expansión de la infraestructura del país, tratándose de préstamos de largo plazo y bajo costo.
Que los límites de cuota de los Estados miembro del organismo han sido dejados de lado por la abultada liquidez internacional existente no es justificativo del otorgamiento y efectivización de u$s 44.000 millones para estabilizar la economía argentina, cuando no hubo un estudio previo de las necesidades de financiamiento del país para esos fines, y resulta evidente que, de haberse aplicado los recursos a fortalecer las reservas internacionales del Banco Central, dichos requerimientos hubieran descendido a la mitad de lo aportado. Es decir que el límite de u$s 23.000 millones sería suficiente si es que realmente se cumplían los objetivos de un crédito condicionado como el que se acordó en las formas.
Por último, es sorprendente la ausencia de supervisión del FMI sobre el cumplimiento de las metas establecidas en el acuerdo crediticio. De hecho, se denomina crédito condicionado precisamente porque los distintos desembolsos están sujetos a alcanzar metas monetarias, fiscales y cambiarias que aseguren un sendero de estabilidad macroeconómica.
En síntesis, no hubo acuerdo parlamentario para el préstamo, el mismo alcanzó un monto exagerado para las necesidades argentinas, y no se cumplió el objetivo por el que fue otorgado.
Tal es la vulnerabilidad legal que padece este préstamo que la titular del FMI, responsable de su acuerdo, abandonó el organismo para ocupar la titularidad del Banco Central europeo.
Descripta esta situación, conviene adentrarse en los dos planos relevantes que tiene la decisión del presidente.
Los juicios a las juntas militares y los posteriores procesos de Lesa Humanidad en el marco de la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, tuvieron la enorme virtud de desterrar durante décadas la represión sistemática ejercida desde el Estado como mecanismo para asegurar el control social. La condena efectiva a los represores, inclusive a aquellos que lo hicieron en democracia, es una advertencia permanente a todo decisor político que quiera recurrir a las fuerzas armadas y/o de seguridad para enfrentar cualquier reclamo popular. Fue una verdadera ampliación de la democracia.
Desde esta columna nos preguntamos en más de una oportunidad cuántas crisis resistía la Argentina como nación originadas en el perverso proceso de endeudamiento del Estado y fuga de las divisas que habían ingresado por el otorgamiento de préstamos externos. Perverso, porque los dólares se los quedaban unos pocos y el conjunto del pueblo argentino debió afrontar, con penurias, el pago de esa deuda.
La dictadura cívico-militar inauguró este mecanismo que tuvo tres oleadas, dos de las cuales concluyeron en profundas crisis y la tercera en este descomunal crédito condicionado con el FMI.
Dujovne aplicó u$s 44.000 millones, que resultaron en una contracción económica de -4,6%, y Amado Boudou con una cifra cuatro veces inferior, obtuvo un crecimiento del 16,7%
El primer ciclo concluyó en la crisis hiperinflacionaria de 1989, y su resolución y estabilización costó la venta de las empresas públicas. El segundo ciclo desembocó en la crisis de la convertibilidad en el 2001, y fue resuelto de un modo no gravoso para el pueblo argentino, a partir de las reestructuraciones con quitas de dos tercios del capital y pago de servicios con lo ingresado por derechos de importación, en un contexto internacional favorable. Así todo, la renta primaria no permitió una mayor expansión de la argentina precisamente por ser aplicada a la cancelación de esos servicios. La tercer ola, generada por el macrismo, abarcó el trienio 2016-2018 para desembocar en la asistencia del FMI, que permitió continuar con la salida de capitales e intentar una sobrevida política del régimen de Cambiemos.
De prosperar una querella criminal contra los responsables de un endeudamiento permeado de sospechas, tal como se reseñó, podría ser un “Nunca Más” para el saqueo del país por la vía del endeudamiento del Estado y la posterior salida de capitales. Esperemos.
Es importante incorporar otra dimensión del tema de la administración fraudulenta, frente a la multiplicidad de causas por corrupción que se abatieron sobre los gobiernos de Néstor y Cristina, y que tenían por objetivo no sólo mellar la credibilidad popular de esa experiencia que duró doce años y medio, sino también disciplinar a futuro a los funcionarios de otros gobiernos que intentaran adoptar medidas contrarias a los intereses de los agentes económicos más poderosos. Este devenir es conocido como “lawfare”.
Es central separar un episodio de corrupción que puede ser llevado a cabo por un funcionario desleal en cualquier gobierno, de un accionar deliberado que provoca la quiebra del Estado.
Un gobierno corrupto es aquel que quiebra al Estado sobre-endeudándolo y provocando una contracción severa de la economía, a la par que volúmenes cuantiosos de divisas son retirados del circuito de producción y consumo.
En el cuadro que sigue vamos a intentar graficar por qué el macrismo está sospechado de quiebra del Estado a partir de una administración ruinosa de los recursos que dispuso. En dicho cuadro se va a observar cómo se abordó el impacto de la crisis financiera internacional del año 2008, cuál fue la masa crítica de recursos que se reunió para enfrentarla y cuáles fueron los resultados en el plano económico y político. Como contracara, se verá el carácter de la crisis autoinfligida del macrismo como consecuencia del sobreendeudamiento, la masa crítica de recursos para afrontarla provista por el FMI y sus resultados económicos y políticos.
Se evidencia que la gestión de Amado Boudou, para enfrentar el crack internacional del 2008, aplicó recursos por u$s 11.500 millones y obtuvo una expansión del PIB en dos años del 16,7% (8% anual promedio), aceitando el camino para la reelección de Cristina con el 54% de los votos.
Como contrapartida, el ministro Nicolás Dujovne afrontó la propia crisis de sobreendeudamiento tomando u$s 44.000 millones del FMI, y el resultado fue una caída del PIB en el bienio 2018-2019 del -4,6%, concluyendo el ciclo político con la derrota de Macri en la primera vuelta electoral.
Por una simple regla de tres, queda claro que Dujovne aplicó u$s 44.000 millones, que resultaron en una contracción económica de -4,6%, y Amado Boudou con una cifra cuatro veces inferior, obtuvo un crecimiento del 16,7%.
Es nítido cómo en una gestión hay un proceso de recuperación y superación de la crisis y en otra se profundiza resueltamente la quiebra de la economía y del Estado.
Claro, pero existe el “lawfare”, entonces Amado Boudou se encuentra en prisión domiciliaria por una condena sustentada en el testimonio de un arrepentido que recibió plata del Poder Ejecutivo, y Nicolás Dujovne permanece en absoluto silencio, tal vez en su mansión declarada como baldío a los fines tributarios, sin rendir cuentas sobre su gestión en un gobierno que él abandonó antes de su final.
La revisión de estos hechos podría provocar mucha salud económica a futuro en nuestro país.
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