Si bien el gobierno anunció un posible tributo sobre la “renta inesperada” para financiar los 330.000 millones de pesos que costarán los bonos para siete millones de trabajadores informales y monotributistas de las categorías A y B, así como seis millones de jubilados, aún no existen avances concretos en relación al mismo. De esta forma, continua la tendencia iniciada en 2021, en la que el endeudamiento del Estado suplió la ausencia de reformas tributarias como las operadas en 2020, cuando se aumentaron las retenciones a la soja del 29 al 33 por ciento, aunque solo para el cuarto del total que exporta más de mil toneladas, y logró sancionarse el impuesto a la riqueza, que significó 3 de cada 100 pesos recaudados.
De hecho, durante el año pasado, solo se dotó de una leve progresividad al impuesto a los Bienes Personales, al incrementar las alícuotas a los contribuyentes que sumen más de 100 millones de pesos, con lo que el endeudamiento público pasó a ser uno de los principales resortes para financiar el gasto.
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Se trata, igualmente, de un endeudamiento diferente al operado durante el macrismo, pues es todo en moneda nacional y sin condicionamientos de organismos multilaterales, lo cual lo hace menos nocivo pero igualmente complejo, fundamentalmente porque el grueso de esta deuda se encuentra indexada a la inflación, con lo que no se licua por el efecto de la suba de precios, es a corto plazo, y con una perspectiva de bajo crecimiento del PBI, pues tal como se fijó en el acuerdo con el FMI, el mismo se sería mayor al 2,4 por ciento entre los años 2023 y 2027.
Números para un endeudamiento
Desde su asunción hasta marzo último, según se deprende del “Informe de deuda pública en pesos” que publica el Ministerio de Economía, el gobierno tomó deuda neta en pesos por el equivalente a 37.000 millones de dólares, de la cual el 85 por ciento es ajustada por inflación (CER) y a un plazo menor a 12 meses. Este esquema se intensificó a partir de octubre, cuando las licitaciones comenzaron a recibir más del 50 por ciento que el promedio de los vencimientos.
Dos elementos resultan igualmente favorables para el gobierno en este esquema, uno de los cuales es la menor necesidad de recurrir a la emisión a la hora de financiar un déficit fiscal anclado en los costos de la pandemia y la recesión macrista, en el marco de mercados internacionales de créditos cerrados luego del megaendeudamiento por 84.000 millones de dólares y default de agosto de 2019 operados por la alianza Cambiemos. El otro, pareciera ser evitar la confrontación que surgiría de modificar la estructura tributaria, la cual continúa teniendo un fuerte sesgo regresivo, debido a que, de acuerdo a cifras de la Universidad Sarmiento, el 58 por ciento es abonado por la totalidad de la población sin distinción de capacidad económica.
Con todo, el esquema luce insustentable en el tiempo, pues si bien permite un mayor manejo que la deuda externa bajo jurisdicción internacional, y mucho más aún que cualquier tipo de convenio con el FMI, implica para el grueso de la sociedad una carga futura que solo podrá morigerarse con un fuerte crecimiento económico, el cual está fuera de la perspectiva del actual gobierno.
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