La reestructuración de la deuda, a cargo del equipo económico comandado por el ministro Martín Guzmán, hizo equilibrio en estos meses sobre dos objetivos deseables pero contrapuestos: mayor desahogo financiero posible versus un acuerdo rápido. La respuesta del funcionario fue conjugar ambos intereses en la idea de sustentabilidad de la deuda. La intención no estuvo enfocada desde el principio en batir el récord de quita de capital que logró la Argentina en el canje de 2005 ni extender el proceso, como en esa oportunidad, por más de dos años.
La sustentabilidad comprende delinear un sendero de obligaciones financieras a cumplir con recursos propios. Esos recursos se logran haciendo funcionar a la economía. Un rápido acuerdo, principalmente en medio de la crisis sanitaria que creó el COVID-19, tendrá efectos concretos en esa recuperación económica que el Gobierno pretende para después de la pandemia y también para el mediano y largo plazo. Un primer cálculo permite ver que el país dejará de destinar el 20 por ciento de su recaudación al pago de intereses y ponerlos a producir.
La estadística estaba en favor de la posición argentina sobre el objetivo del canje, la cual fue defendida por seis premios Nobel en Economía, el G20, el Fondo Monetarios, los principales abogados y analistas del planeta y todo el arco político local. Un estudio de fin del año pasado, referenciado por un funcionario del Banco Mundial, sobre 47 países que renegociaron sus deudas soberanas revela que una reestructuración preventiva (antes de caer en default) permite una recuperación más rápida para su economía. Incluso los Estados que no hicieron quita pero lograron una renegociaciones preventivas tuvieron una recuperación de la inversión y el crecimiento sin rezagos.
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Por el contrario, los países que renegociaron después de defaultear tardaron entre un y dos años recuperar la inversión y de la actividad económica. Es lo que le sucedió con la Argentina, pese al exitoso canje de 2005-2010 (con una quita de 66 por ciento y un nivel de adhesión del 93 por ciento). Sin embargo, esa operación se logró bajo un escenario de default declarado. El marco jurídico de ese acuerdo no fue favorable para el país y la falta de un paraguas legal en la operatoria dejó abierta la puerta a litigios de fondos buitre cuyos efectos se conocen hasta la actualidad.
Tampoco era negocio para los acreedores. Más allá de lo evidente de encontrar un punto de acuerdo y que el país empiece a pagarles, la "evidencia empírica" también les auguraba un peor escenario en el caso de un default. Aquellos países que negociaron bajo una declaración formal de default --con aceleración de pagos por parte de los acreedores-- tuvieron que soportar niveles de quita de valor presente mucho mayores que en los procesos preventivos. Para los países implicó además mayores primas de riesgo país post-restructuración y período más extendidos sin acceso posterior a los mercados de capitales. Lo mejor era acordar pronto.
El equipo económico cerró esta semana, con quita del 45 por ciento, en tiempo récord y en el marco inédito de una pandemia. El primer impacto será el financiero. Despejadas las necesidades de dólares con destino al pago de deuda, la presión sobre las reservas de Banco Central serán menores. Son dólares que podrán destinarse a financiar las importaciones que sean necesarias para reactivar el entramado productivo, destrozado por el macrismos y en el freezer por la pandemia.
El año pasado, casi 20 de cada 100 pesos que recaudó la AFIP fue para pagar intereses de la deuda, la cual representaba seis veces el stock de reservas. Es claro que el primer impacto será entonces una menor presión sobre el dólar. También aumentarán los precios de los títulos públicos, logrando una reducción del riesgo país, la sobretasa que el mercado le pide a la Argentina si quiere fondearse como Estados Unidos.
Pero no son sólo dólares. En los primeros años, ahorrará dólares y también pesos (a esto se suma el proyecto de canje de deuda en moneda local). En los próximos cuatro vencían 63.664 millones de dólares por todo concepto (capital e interés, deuda pública y privada, ley local y extranjera). En el mismo plazo se van a pagar, según el programa acordado con lo acreedores extranjeros, sólo 6116 millones de dólares aproximadamente, según un informe del Centro de Economía Política Argentina. Son 57.548 millones de dólares, divido en cuatro años, que podrán destinarse a apuntalar a las familias golpeadas por la pandemia y a recuperar la actividad económica.
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