Tras el primer semestre del inicio del gobierno de Javier Milei, el último reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirma casi como una obviedad lo que industrias, comercios, y trabajadores vienen alertando a nivel local: el golpe de la recesión económica pone en jaque a la actividad productiva y comercial nacional, con ingresos pulverizados y una demanda en declive. El reporte del organismo -que indica que la economía va a caer por arriba de 3 puntos este año- llega en la misma semana en que se cumplen seis años del inicio de un nuevo ciclo de sobreendeudamiento en el país, vía el acuerdo de Stand-By por USD 50.000 millones para la Argentina anunciado, paradójicamente, un 20 de junio de 2018.
Desde ese momento a la fecha, el programa económico del Fondo se circunscribió a planes de ajuste con efectos directos en el crecimiento económico, la acumulación de divisas y hasta en el tamaño del sector público. “Hace seis años que, a través de las distintas administraciones, el FMI ronda sobre la política macroeconómica del país como un factor que no ha añadido sino inestabilidad”, señaló a este portal el economista Francisco Cantamutto, especializado en la temática. En relación, la hoja de ruta del organismo tiene entre sus puntos centrales reformas estructurales que incluyen cambios impositivos, flexibilización laboral e incentivo a inversiones con amplias ventajas para grandes grupos económicos.
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“El FMI viene demandando no solo ajuste fiscal y del financiamiento monetario, sino que pide reformas estructurales para impulsar un crecimiento exportador ligado a sectores que hoy son de interés para el capital internacional como los hidrocarburos, minerales, litio, cobre y el sector tecnológico, entre los más codiciados”, amplió el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS). En la línea de esas reformas, el organismo elogió en estos días el avance legislativo de la llamada "Ley Bases" a la vez que puso en tela de juicio la “demora” en su aprobación.
El “modelo” FMI
Un problema central de los procesos de sobreendeudamiento es el condicionamiento directo en las decisiones de política económica soberana de los países deudores, y la imposición de medidas de ajuste que afectan los recursos, las actividades económicas y la calidad de vida de la mayoría de la población. “Cuando la deuda pública aumenta, el Estado gasta más en atenderla y reduce las demás erogaciones, como salud, educación, jubilaciones o infraestructura. Por cada $1 que el Estado corta de su gasto en una economía, la actividad baja entre $1,5 y $2, según un cálculo del propio FMI. La producción cae, así como el empleo y los ingresos de las personas, las ventas y las ganancias de las empresas. Por lo tanto, la base para cobrar impuestos también se reduce: la austeridad desliza a la economía en un tobogán sin fin”, detallaron en una publicación realizada por el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).
Al respecto, los datos de los primeros meses de este año acompañan el diagnóstico: la caída de la producción industrial no encuentra piso. En el primer cuatrimestre del año acumuló una contracción del 15,4%, tras caer solo en abril 16,6%, en base a datos oficiales. Tal escenario, que está lejos de parecerse a una recuperación “rápida” de la actividad (o en “v”) como asegura el gobierno nacional, se mantuvo también en mayo, a la vez que las proyecciones del sector muestran que 7 de cada 10 empresas descarta, al momento, sumar nuevas inversiones en bienes y maquinaria. “La recesión es funcional a la acumulación de reservas que apuntala la estabilidad cambiaria y contiene la inflación”, analizaron sobre el contexto actual economistas del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP)”.
En materia de consumo, "Sigue habiendo un crecimiento intermensual, pero en la comparación interanual se sigue notando la caída entre un 10 a 15%", señalaron al respecto desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) a El Destape en esta nota, mientras que comerciantes de barrio también indicaron que “la situación está muy difícil porque las ventas se cayeron a pedazos”, entre el 30% y 40%. Todo ello en un marco de deterioro del poder de compra de los ingresos, (entre noviembre de 2023 y abril, la capacidad adquisitiva del salario promedio registrado disminuyó 14,9%, y la del salario mínimo, se derrumbó 28,8%, según CIFRA-CTA), a la vez que en los primeros cuatro meses del gobierno actual perdieron su puesto de trabajo 126.000 trabajadores entre registrados del sector privado, público y casas particulares (CTA-A).
“El acuerdo del 2018, firmado por el gobierno de Cambiemos, sigue pesando hasta nuestros días sobre las políticas macroeconómicas de los distintos gobiernos”, analizó en diálogo con este portal, el economista Francisco Cantamutto. En ese sentido, agregó que “la renovación con el Acuerdo de Facilidades Extendidas en el 2022 tenía, de alguna manera, la ventaja de ofrecer un sendero de consolidación en lugar de un ajuste abrupto como el requerido por el Stand-by. Sin embargo, a pesar de los informes incluso propios, el FMI no permitió la suspensión de los pagos, no reconoció alivios, ni siquiera fue capaz de retirar sobrecargos, que es una sobretasa que se paga por el monto del financiamiento e incluso durante el 2023, año de una sequía récord histórica, dilató en el tiempo las evaluaciones trimestrales”.
El rol del FMI como acreedor de los países del globo no es reciente, sin embargo, vale dar cuenta de su impacto. “Es un prestamista de última instancia que al gobierno argentino le prestó plata cuando ya nadie más le prestaba porque estaba excesivamente endeudado. A partir de eso lo que hace el Fondo con todos los países es ‘exigir’ o acordar un programa económico tal que eso le permita generar capacidad de pago. Con lo cual siempre viene de la mano de un tipo de ajuste, correcciones por el lado del tipo de cambio, el déficit fiscal, de las políticas monetarias”, explicó al respecto Juan Manuel Telechea, economista y autor del libro Inflación ¿Por qué Argentina no se la puede sacar de encima?. Según la visión del entrevistado, “el rol que tuvo el FMI en el gobierno Alberto Fernández le permitió acomodar bastante la política económica como el gobierno quería, en la gran mayoría de las revisiones no se cumplieron las metas y, aún así, el gobierno siguió aplicando las medidas que le parecían más adecuadas que no eran las que el fondo recomendaba. Ahora con Milei pasa exactamente lo contrario, el fondo recomienda un ajuste más laxo y el gobierno hace todo lo contrario”.
En el marco del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por la gestión del Frente de Todos para refinanciar el préstamo de se buscó “un plazo de maduración más largo, se pasaba de un esquema de 3 años a uno de 10 años, lo cual aliviaba la carga de los servicios de la deuda en el corto plazo”, sumó Cantamutto. No obstante, valoró que “desde el punto de vista conceptual, se seguía requiriendo las mismas clases de reformas y el mismo sendero de ajuste fiscal, quita de financiamiento monetario y liberalización de las cuentas externas. Si el Fondo Monetario no encontró manera de apremiar a dicho gobierno, por fuera de dilatar informes y desembolsos que añadían inestabilidad a un año inestable por el proceso electoral y por la sequía récord, en el gobierno actual encuentra un eco más cercano, un socio ideológicamente más afín”, refirió el especialista.
En tal escenario, el nuevo informe técnico del FMI difundido esta semana tras la aprobación de la octava revisión -y el desembolso de USD 800 millones-, sostuvo que el programa económico de la actual gestión está “encaminado”, pero remarcó la necesidad de hacer “esfuerzos” para “reformar el impuesto a las Ganancias de las personas físicas, racionalizar los subsidios y gastos tributarios y reforzar el control del gasto. Más allá de este año, será fundamental profundizar las reformas de los sistemas tributario, de pensiones y coparticipación, para así gradualmente eliminar los impuestos distorsivos”, puntualizó el Staff Report. Sobre esto, Juan Telechea, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación German Abdala, evaluó que, por un lado, se pone el foco en “la aprobación de la ley Bases ya que el impuesto a las Ganancias y el Blanqueo aportarían casi un punto del ajuste, de lo contrario se debería hacer recortando el gasto con un impacto más grave en los distintos estratos de la sociedad, según el organismo. Además, también se menciona reforzar el gasto social por el lado de las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo y la eficiencia”.
Sin bien el gobierno actual sobrecumple las metas pautadas, es decir, ajusta más de lo que el FMI pide, al mismo tiempo los economistas consultados coincidieron en que “no demuestra tener un sendero claro en varios sentidos”. En lo concreto, según Cantamutto, integrante del espacio Sociedad Economía Crítica, “mirando la gobernabilidad de los cambios, el FMI que ya tiene experiencia en el mundo, le advierte que no se sostienen social y políticamente, y pueden terminar siendo revertidos en el corto plazo. En ese sentido, no ve con buenos ojos que el gobierno haya tardado seis meses en aprobar una ley, que todavía no se sabe bien cómo va a quedar, y que además lo haya hecho sobre el filo del acuerdo en el Congreso. Por otro lado, también insisten en que es necesario retirar los controles de capitales, tal como lo hizo en su momento, Juntos por el Cambio, de manera súbita, algo respecto de lo que el gobierno actual se resiste, porque de alguna manera le haría estallar los logros actuales del programa”.
Según el informe del organismo internacional para logra el equilibro fiscal "se requiere un ajuste ambicioso” de 5 puntos del PIB, con un superávit primario del 1,7% este año. “El FMI critica el ajuste por su mala calidad en la octava revisión, así como lo hizo en la séptima. Pero ahora lo hace de una manera mucho más explícita”, señaló el también doctor en Investigación en Ciencias Sociales por FLACSO y agregó que “mientras el FMI le ordena al gobierno retraer las retenciones y el Impuesto País el oficialismo -que está sobreactuando al ajuste fiscal ya que reposa netamente sobre estos dos impuestos- sabe que, si los retirara, el resultado fiscal pasaría a déficit de manera abrupta”. En otras palabras, “si el gobierno le hiciera caso al FMI de manera inmediata, tendría una corrida cambiaria que haría estallar por los aires el resultado fiscal”.
Qué nos espera
Sobre cómo analizar las consecuencias próximas y el futuro mismo del acuerdo, Cantamutto dijo a El Destape que “si bien el FMI por segunda vez elogia el ajuste fiscal y las medidas para controlar la inflación, reconoce que el ajuste tiene una mala calidad porque está basado en jubilaciones, pensiones, trabajo estatal, educación, obra pública todo lo que induce una recesión y no es sostenible en el tiempo, así como en acumular deuda con las empresas prestadoras de energía eléctrica”.
Considerando lo anterior, evaluó que “el Fondo pide mayor reducción del déficit centrado sobre todo en los subsidios económicos, lo cual va a implicar un aumento de tarifas que el gobierno viene dilatando. Por otro lado, le pide que baje el Impuesto país lo que va a dañar la recaudación del propio Estado, y frente a esto hay que ver cómo se compensa. Hasta tanto esto no se haga, es muy difícil que haya ingreso masivo de capitales del exterior ya que por la Cuenta capital y financiada no han entrado fondos, sino al revés”. De esta manera, “el gobierno de Milei está entrampado porque si le hace caso al FMI, corre el riesgo de que el resultado fiscal y la baja de la inflación estallen y con ello la poca gobernabilidad que le queda”.
Por su lado, Telechea puso el ojo en que “hay grandes riesgos en los próximos meses, años, y eso puede llevar a que el programa se descarrile”. Según amplió, “por una parte más en el largo plazo hay que considerar los pagos de deuda, ya que a partir del año que viene hay que devolverle pagos al Fondo y capitales privados, y actualmente no está claro de dónde van a salir esos fondos porque se debería conseguir algún tipo de financiamiento, lo que implica también remover todas las regulaciones, los distintos esquemas del cepo cambiario, que no está claro tampoco cuando podría ser”. Para el economista en el corto plazo “el problema principal es la muy fuerte caída de la actividad económica, más de lo que la mayoría esperaba, con caídas de ingresos y jubilaciones, ahí está el punto más flojo del gobierno donde siempre el límite, no sabemos bien dónde está, pero que es el que en algún momento te puede poner la gente con algún tipo de estallido o conflicto muy grave con los trabajadores”.
Combo de irregularidades
Según el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) el préstamo de 2018 del FMI “representó 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país" en tanto que se destacaron “incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del Acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo", entre otros. El préstamo de 2018 estuvo justificado, de acuerdo con el comunicado oficial del FMI, por “un cambio reciente en la actitud de los mercados y una funesta confluencia de factores que han sometido la balanza de pagos de Argentina a presiones significativas”. El monto total se amplió, pese al incumplimiento de las revisiones iniciales, a USD 57.000 millones, que no llegaron a desembolsarse en su totalidad. En un informe posterior, difundido en 2021, el mismo FMI reconoció que el acuerdo fue un "programa frágil desde el principio" y que "no cumplió con los objetivos de restablecer la confianza en la viabilidad fiscal y externa, y de promover al mismo tiempo el crecimiento económico”.
Otros puntos cuestionados tienen que ver con que “no se cumplieron los procedimientos internos específicos para la aprobación de préstamos provenientes de organismos multilaterales, según lo establecido en la Resolución N°108/09 del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”, en tanto que expedientes administrativos que debían respaldar el acuerdo “fueron generados con informes insuficientes, a posteriori de la firma de aquel instrumento”. Además, no existió dictamen por parte del Banco Central (BCRA) sobre el impacto que implicaba para la balanza de pagos del país, violando así al art. 61 de la Ley N°24.156 de Administración Financiera. Un detalle no menor que destacaron los auditores en el informe mencionado es que el acuerdo fue firmado por funcionarios que no tenían competencia para hacerlo. Al respecto tuvo la rúbrica del entonces presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, y ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, “que no tenía facultades respecto de deuda pública”.
MÁS INFO
Para cerrar, los tres ciclos de endeudamiento -el de la última dictadura cívico-militar, el del menemismo y el del macrismo- se sucedieron en procesos que dieron lugar a los mismos o similares resultados: primero aparece la entrada de capitales, presentada como un ‘éxito’ para la economía argentina, pero después de un tiempo el país ya está sobreendeudado -tanto sector público como privado- y con una balanza comercial en rojo por el ingreso sin control de importaciones que, por su parte, perjudican a la industria local. Después de eso aparece el prestamista de última instancia con un modelo que, al momento, contribuyó siempre a un mayor empobrecimiento para la población.
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