El uso de US$ 44.500 millones para intentar ganar las elecciones de 2019 y la motivación de saldar el pasivo para conseguir inversiones separa a los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri en su vínculo con el FMI. Pero también el debate entre ajuste o incremento del gasto real, concesiones o negociaciones. Eso diferencia al acuerdo de Facilidades Extendidas que se busca rubricar con el Stand By de Cambiemos.
Horas antes de que se envíe al Congreso el pre acuerdo al que llegó Argentina, circula dentro del Palacio de Hacienda un documento interno que detalla puntos claves, al que accedió El Destape. El Gobierno busca aprobar las negociaciones en el parlamento para exhibirle al FMI que Fernández cuenta con apoyo de todo el arco político. Una condición que no se dio con la versión de 2018, que la entonces gestión revistió de secretismo pese a los incesantes reclamos del kirchnerismo y el resto de la entonces oposición.
El contrato del macrismo estipulaba devolver la totalidad del monto en cerca de tres años, un imposible para el país que no cuenta con las divisas para llevarlo adelante. Lo conseguido hasta el momento por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en cambio, se destaca por sobre lo que obtuvieron sus pares a lo largo de la historia local desde el inicio de la democracia, y la mundial, desde 2016 a la fecha. A continuación, otras diferencias para tener en cuenta:
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1. El destino del dinero
“Cambiemos decidió endeudar a la Argentina, nosotros elegimos resolver con el único mecanismo que es refinanciar su deuda para poder seguir creciendo”, enfatiza el boceto que ronda el despacho de Martín Guzmán. Esto se refiere a que el macrismo sumó US$ 44.500 millones de deuda, mientras que el Frente de Todos no añadió ni un dólar más con el FMI ni con los bonistas privados.
El Juntos por el Cambio actual, cuando acudió al FMI en 2018, pretendió incrementar las obligaciones en US$ 57.000 millones. Finalmente, el monto terminó en US$ 44.500 millones porque Alberto Fernández frenó los desembolsos. Este histórico endeudamiento generó incertidumbre, cierre de los mercados internacionales y desestabilizó la economía.
El Frente de Todos no pidió créditos en dólares ni acudió al FMI, sino que el organismo arribó con Macri. El Presidente anunció que pretende resolver una situación insostenible con el nuevo acuerdo de refinanciación al considerarlo el único mecanismo disponible para hacer frente a la situación.
La gestión actual incluso reestructuró los bonos en moneda extranjera a nivel local e internacional. El único pasivo que se incrementó en los últimos dos años se nominó en pesos, con el objetivo de financiar los gastos de pandemia, mientras que en dólares sólo con bancos de desarrollo para obras de infraestructura vitales para las comunidades.
2. Endeudarse para ganar las elecciones
Con el préstamo que se lleva el Guinness al más grande del mundo, Macri trató de ganar las elecciones de 2019 y le dio al 0,1% más rico del país vía libre para la fuga de divisas. “Generar tranquilidad y quitarle la soga del cuello a los argentinos y las argentinas con vencimientos que no podemos afrontar”, diferencia el Ejecutivo la meta de la negociación actual.
Se trató de un préstamo político irresponsable para ganar las elecciones, tal como luego abonaron funcionarios de Estados Unidos, que en su momento tenía a Donald Trump con el miedo de perder a su aliado para desestabilizar la región. Finalmente, Macri perdió los comicios y le sumó al país deuda por US$ 44.500 millones que no necesitaba. Néstor Kirchner se había despedido del organismo y sus condicionamientos en 2005, cuando había definido pagar la totalidad en una sola cuota.
El de Cambiemos se distancia con el nuevo acuerdo de 2022, que no acumula nueva deuda. Se trata de una refinanciación del préstamo anterior, que implica pedirle dinero al FMI para pagarle al propio Fondo la deuda de 2018 y patear las nuevas transferencias para un período que se extiende entre 2026 y 2034. No suma, por lo tanto, ni un dólar de deuda de la previa ni le quita reservas al Banco Central para afrontar los vencimientos antiguos.
Los US$ 44.500 millones debían ser devueltos prácticamente en tres años, con vencimientos muy concentrados en 2022 y 2023 que rondan los US$ 40.000 millones. Como las deudas con el FMI no se pueden reestructurar, ya que se trata de un prestamista privilegiado y sus estatutos no incluyen esa posibilidad, el Frente de Todos sólo encontró la posibilidad de hacer un nuevo programa de refinanciación como única forma de hacer frente a ese monto impagable. Por eso, cerró un programa de Facilidades Extendidas.
Como ventaja, no necesariamente sacrifica la recuperación, dado que da oportunidades para repagarlo a través del crecimiento de la economía y no del ajuste. No se usa para pagar deuda insostenible ni para financiar fuga de capitales, como sucedió con el de 2018.
Guzmán acordó recibir desembolsos en los próximos dos años y medio que totalizan un monto equivalente a la deuda que dejó el macrismo, justamente para ir pagando esa deuda concentrada y no usar a las reservas, que igualmente no alcanzarían. Argentina no dispone de ese volumen brutal de divisas en el Central.
En la práctica, el nuevo programa refinancia el programa original, pateando los pagos para comenzar a hacerlos recién después de 2026. Gana tiempo y divide las obligaciones en un plazo de 10 años. En este período, proyecta el ministro, Argentina puede continuar la recuperación y acumular dólares.
3. Pagar en tres años vs en diez
Por haber acudido desesperados y sin analizar los documentos, el préstamo de Cambiemos debía pagarse prácticamente en tres años, una estructura imposible de cumplir.
El refinanciamiento de Guzmán pretende alivianar al país con cuatro años de gracia y ampliar el período de transferencias. “El monto que tomaron es tan grande que el problema no se resuelve, sino que se da un paso hacia adelante”, aclaran desde el Gobierno.
Se desmenuzaba en pagos por US$ 19.100 millones en 2022 y otros US$ 19.300 millones en 2023. En 2021 ya se abonaron cerca de US$ 4.500 millones con DEGs, dinero que otorgó la entidad a los socios mundiales para hacer frente a la pandemia.
La línea de Facilidades Extendidas implica postergar los plazos: se comienza a transferir en 2026 y se termina de repagar en 2034. De hecho, cada desembolso del nuevo programa se repaga en 12 cuotas semestrales, cuatro años y medio después de que arriben.
Esto significa para el caso argentino que, si el primer desembolso se efectúa en marzo de 2022, ese se comenzaría a repagar a partir de septiembre del 2026 y se terminaría de pagar en marzo del 2032. El segundo desembolso tendría lugar durante junio del 2022, se comenzaría a pagar a partir de marzo del 2023 y se terminaría de pagar en junio del 2032. Así sucesivamente, hasta que Argentina le terminaría de devolver al FMI el préstamo macrista durante la segunda mitad del 2034.
El objetivo consiste en pagar sin frenar la recuperación económica, generando el espacio para que la actividad productiva se recupere y para que paulatinamente se vaya resolviendo el problema de la escasez de dólares.
4. Ajuste del macrismo vs reducción gradual del déficit
El Programa Stand By implicaba una baja agresiva de la emisión monetaria. Sólo para el primer año debía ser del 1,5% del PIB. Se basaba en la idea de que, con un ajuste fiscal y monetario, aún con la economía en recesión, y dejando que el tipo de cambio flotara, se iba a producir una baja de la inflación y la recuperación del acceso al mercado. El mismo Fondo en su evaluación post programa reconoció que esto fue un fracaso y que se basó en premisas falsas.
El actual, en cambio, incluye la menor exigencia de reducción del déficit fiscal que se haya registrado para un acuerdo con el FMI. En el primer año apenas se debe reducir en 0,5% del PIB y no habrá reformas estructurales integrales, como la reforma previsional o laboral, ni se plantean privatizaciones. Sí se retocarán las jubilaciones de privilegio de jueces y embajadores, aclaró Fernández.
El nuevo programa no implica necesariamente un recorte del gasto, punto destacable por sobre el resto. La reducción del déficit pretenderá ir de la mano del crecimiento del gasto real, por lo que se hará por la vía de mayor recaudación.
“No habrá programa de ajuste”, lanzan desde Economía, al detallar que se contará con más inversión en ciencia, tecnología, educación e infraestructura.
5. El recorte en ciencia y salud de Macri
Con el objetivo de bajar a cero el déficit para 2019, el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne había anunciado una reducción en las inversiones hasta un 0,7 del PIB (es decir, en un 50%) y un recorte del gasto público equivalente al 0,2 del PIB. El recorte se completó con la eliminación de 9 de los 23 ministerios.
A fin de cuentas, el macrismo le entregó al FMI el ministerio de salud, trabajo y ciencia y tecnología entre otros. Lo hizo tres semanas antes de cerrar, como una muestra del ajuste que estaban dispuestos a hacer. Esto relegó al sistema científico y de Salud desfinanciados para la pandemia.
El nuevo acuerdo con el FMI contempla un crecimiento del gasto real y no elimina ningún ministerio. Sí detalla un aumento en la inversión en ciencia y tecnología, educación e infraestructura.
El comunicado del FMI del 26 de septiembre de 2018 especificó que “un elemento central del plan de las autoridades será alcanzar el equilibrio presupuestario para 2019, un año antes de lo previsto, y avanzar hacia un superávit primario del 1% en 2020”.
6. Cómo resolver la inflación
El acuerdo de 2018 contaba un sesgo estrictamente monetario de la inflación. El mismo Fondo reconoció que fue errada. Se redujo la emisión, con un fuerte ajuste, y sin embargo la inflación terminó en 54% al año siguiente.
El razonamiento compartido por Macri y Lagarde planteó la necesidad de un fuerte ajuste fiscal y un severo apretón monetario para combatirla, pero no tuvo en cuenta que aplicar un recorte fiscal en medio de una recesión desestabilizaría la economía. Al producirse el ajuste, la actividad cayó, se redujo la recaudación y las cuentas públicas no mejoraron, lo que minó la confianza.
A su vez, esto reforzó la compra de dólares, elevó el tipo de cambio y la tasa de inflación. La disparada del dólar implicó que la deuda pública denominada en moneda extranjera se convirtió en insostenible.
En el nuevo programa de Facilidades Extendidas, el mismo FMI reafirma la visión del Gobierno nacional de que la suba de precios consiste en un fenómeno multicausal y que lleva tiempo atacar sus múltiples orígenes. Así lo reconoce la propia entidad. Por eso, más allá del factor monetario, prioriza también la matriz productiva para la generación de divisas y la coordinación de expectativas, en la que el Estado juega un rol central entre los distintos sectores privados con acuerdos que permiten anclar esas proyecciones.
7. Un préstamo que se usó para fugar dólares
Con el programa de 2018, el gobierno de Juntos por el Cambio descartó la reestructuración de la deuda con acreedores privados, que hubiese evitado recurrir al FMI ante la carga insostenible de los vencimientos, y también desestimó las restricciones a los movimientos de capitales. Esto hizo que el desembolso del Fondo no quedara en los activos del Banco Central, sino que fuera usado para pagar ese pasivo insostenible y financiar la fuga de capitales privados.
Se diferencia esto con el programa de Facilidades Extendidas que se acordó este año con que este estipula un sendero de consolidación fiscal gradual, una reducción de la emisión y la acumulación de reservas internacionales. Además, la reconstrucción del mercado de deuda en pesos, en la que trabaja el ministerio hace dos años, permite el financiamiento en la propia moneda sin generar escasez de divisas.