El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas con Argentina y ejecutará un giro de U$S 4.100 millones. La auditoría corresponde a las metas pactadas para el primer trimestre del año, que ya habían tenido el visto bueno del staff técnico que se ocupa del caso argentino.
El voto positivo habilita un desembolso de 3.000 DESGs (la moneda del FMI) equivalentes a U$S 4.100 millones que fortalecerán las reservas del Banco Central. La decisión del Board fue confirmada por agencias internacionales.
Estos U$S 4.100 millones corresponden al segundo desembolso del acuerdo alcanzado en marzo, que se ejecuta si la Argentina cumplió con las metas; en tanto, el primer desembolso resultó de US$ 9.800 millones y fue inmediatamente recibido luego de la aprobación del acuerdo.
A principios de junio, las autoridades del Ministerio de Economía y el staff del FMI alcanzaron un acuerdo técnico que dio por aprobada la primera revisión del programa vigente, que refinanció una deuda de U$S 45.000 millones contraída por la administración de Mauricio Macri.
Avanza en Diputados la ley que busca crear un fondo para pagarle al FMI con dinero fugado
El Frente de Todos logró imponer su dictamen de mayoría en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto que busca crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI con dinero fugado al exterior. El mismo se constituirá en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta concluir el pago con ese organismo internacional.
La decisión se adoptó en una reunión de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto de la Cámara baja -que conducen los oficialistas Cecilia Moreau y Carlos Heller- en la cual el despacho de mayoría promovido por el oficialismo reunió 41 firmas, mientras que Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría en rechazo al proyecto con 36 rúbricas. Al abrir el debate, Heller sostuvo que "sería un gran paso para recuperar los fondos fugados de evasión impositiva con cambios de residencia o destinarlos a políticas de crecimiento".
El texto establece que el fondo será constituido en dólares estadounidenses y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI. Además, dispone que sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para las recompensas a los colaboradores, a la vez que determina que el fondo será administrado por el Ministerio de Economía.
El proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso. Según establece el proyecto, el pago deberá efectuarse en dólares estadounidenses, con recursos que el sujeto posea en el exterior.
A través de la hipotética ley, se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar plazos de pago que podrán llegar hasta 12 meses y se dispone que las personas obligadas que no ingresen el pago deberán cumplir con todas las obligaciones tributarias omitidas y/o evadidas según las leyes impositivas. Los sujetos obligados que no realicen el pago podrán ser denunciados por los delitos establecidos en el Código Penal y/o en la Ley Penal Tributaria.
Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%. La iniciativa introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.
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