Ajustes, bajas salariales y despidos: los costos ocultos del pacto de Macri con el FMI

El Memorándum del 17 de octubre de 2018 admitía el fracaso del anterior acuerdo, solicitaba una ampliación y ejecución del préstamo, y exhibía el convencimiento de que en 2019 mejorarían las variables.

20 de marzo, 2022 | 00.05

El primer acuerdo firmado por la alianza Cambiemos y el FMI, que repetía 25 veces la palabra ajuste y comprometía rebajas salariales y despidos masivos demostró a los pocos meses su inviabilidad para consolidar todas las variables. De esta forma, la alianza Cambiemos solicitó un nuevo acuerdo, en el que no solo pedía que el crédito subiese de 49.900 millones de dólares a 57.000, sino, fundamentalmente, que los fondos ya no sean en carácter “precautorio” para reestablecer la confianza, sino para utilizar en su totalidad.

En el nuevo Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) al que accedió El Destape, se planteaban los objetivos de aumentar los ajustes para lograr una emisión monetaria no mayor al 1 por ciento mensual y un déficit primario cero, mediante los cuales, señalaban, se llegaría a un crecimiento del 8,5 por ciento interanual en el cuarto trimestre de 2019 y una inflación poco mayor al 20 por ciento anual a fines de 2019. 

La carta de intención, firmada un 17 de octubre de 2018 por el Ministro de Hacienda Nicolas Dujovne y el presidente del Banco Central Guido Sandleris, comenzaba admitiendo el fracaso del primer acuerdo Stand By, pues señalaba que “nuestro plan de política económica no ha podido recomponer la confianza del mercado de la forma que esperábamos”. Pero acto seguido, se deslindaban de responsabilidad expresa alguna, pues señalan como parte de las causas “a condiciones globales inhóspitas para las economías emergentes” y “a las dificultades políticas internas” a causa de la investigación por “los actos de corrupción vinculados con la operación y construcción de infraestructura y servicios públicos durante la Administración anterior”. Así, solicitaban al FMI que “profundice su firme apoyo”, para lo cual pedían el aumento del crédito en DEG 5.335 millones (aproximadamente USD 7.100 millones), para que el acuerdo sea equivalente a DEG 40.714 millones (aproximadamente USD 57.000 millones), o 1.277 por ciento de la cuota de Argentina en el FMI. 

También, que los desembolsos se reprogramen y que les permitan el incumplimiento de lo acordado en materia de “reservas internacionales netas, crédito neto al gobierno y futuros, los cuales no han podido ser cumplidos”, así como los “criterios de ejecución en el balance primario del gobierno federal, atrasos domésticos y gasto para asistencia social”, aunque señalan que en este caso se debía a que “la información final no estará disponible al momento de la consideración de la Junta Ejecutiva".

Sin embargo, el centro de los pedidos era poder utilizar los fondos que el FMI giraba al país. En este sentido, aducían que el primer acuerdo rubricado con el FMI era “precautorio”, es decir un respaldo a la Argentina para reducir la desconfianza por el nivel de deuda que se había adquirido, pero que en este caso “ya no es posible para la Argentina tratar este acuerdo como precautorio. Por ello, planeamos desembolsar el monto total accesible bajo el programa y solicitamos que todos sus tramos puedan ser utilizados como apoyo presupuestario”. Según el Centro CIFRA de la CTA, a partir de la vigencia de ese programa se fugaron 45.100 millones de dólares, “es decir, un monto similar a los desembolsos del Fondo”. 
Pese al admitido fracaso del primer acuerdo, el gobierno de la alianza Cambiemos postulaba que “estamos convencidos de que este plan de política (revisado) es consistente y ayudará a construir confianza, reducir la incertidumbre y fortalecer las perspectivas económicas de la Argentina”, aunque al cabo de un año se declararía un default, la inflación rompería el record de dos décadas al superar el 50 por ciento interanual, y el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentaría 3,5 puntos porcentuales, mientras que la de indigentes 1,3 puntos.

En cualquier caso, para el nuevo acuerdo se dejaba expreso que “consultaremos al FMI respecto de la adopción de las medidas, y por adelantado, sobre las revisiones a las políticas contenidas en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras de acuerdo con las pautas de consultas del FMI”, al tiempo que manifestaban el “compromiso” de “proveer la información que soliciten a los efectos de monitorear la implementación del programa”.

Específicamente, el Memorándum de entendimiento que “actualiza el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras del 12 de junio de 2018”, solicitaba incluso que “el FMI aumente la frecuencia de las revisiones de su programa para que se realicen cada dos meses” para “que la comunidad internacional juzgue a nuestro rendimiento de forma más regular y, si es necesario, para que profundicemos rápidamente nuestros esfuerzos para lograr nuestros objetivos de políticas”. 

Luego, volvía a afirmar que tras la aprobación del Acuerdo Stand-By de junio los mercados financieros registraron cierta recuperación de la confianza, pero la misma “demostró ser temporal”. En este sentido, incluyen llamativamente un elemento no mencionado en las excusas previas, como “los costos de la sequía”. 

En cualquier caso, vuelven a plantear sus objetivos de “inflación a un solo dígito para 2021”, y “déficit primario cero” para 2019, para lo cual plantean que “el nivel del 60 por ciento actuará solo como un piso del nivel de tasa de interés, pero de ninguna manera limitará los movimientos al alza en las tasas de interés a corto plazo”. Asimismo, sostenían que operarían una “reducción de los subsidios a la energía”, la “contención del gasto de capital”, la “reducción de las transferencias discrecionales a las provincias”, “un recorte real del 6 por ciento a otros gastos corrientes” y “una reducción en el gasto en otros bienes y servicios del gobierno”. Previendo el costo social de estas políticas, es que señalan que para “limitar el impacto del plan de estabilización en los más vulnerables”, y en oposición a su discurso contrario a los planes sociales, “el gasto social en términos nominales crecerá más de 10 puntos porcentuales más rápido que el gasto primario total y se mantendrá en niveles récord en 2019”. 

Algunos aspectos llamativos anexos, son sus postulados de “operar un tipo de cambio totalmente flexible donde el nivel del peso será determinado por las fuerzas del mercado, sin intervención del Banco Central”, aunque luego plantean una zona por fuera de la cual intervendría el Banco Central. 

También, que se comprometían a “introducir un impuesto sobre la riqueza sobre los hogares”, un aumento de la tasa y la base del impuesto sobre los bienes personales “que se aplica a los activos de los miembros más ricos”, “que la recaudación de impuestos a la riqueza como porcentaje del PBI se duplique”. Todas cuestiones que, a la hora votar en el Congreso, esta fuerza política rechazó.