La salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía no solucionó la interna en el Gobierno respecto al rumbo fiscal y el gasto del Estado. El kirchnerismo parece despegarse de la figura de la ministra Silvina Batakis e impulsa el Salario Básico Universal. En el otro costado de la coalición, enfatizan sobre la idea de confluir a un sendero fiscal de equilibrio, y en el medio, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, mete presión para endurecer el rumbo.
El presidente Alberto Fernández fue sorprendido al ver como su principal figura en el gabinete pegaba el portazo en medio de la turbulencia política dentro del Frente de Todos. Sin embargo, el arribo de Batakis al puesto no pareció ni siquiera conformar al kirchnerismo y las primeras definiciones de la funcionaria apuntaron a confirmar -con matices- la continuidad del programa económico. Tras su asunción, la fueguina se pronunció a favor de converger hacia el equilibrio fiscal, el cumplimiento del acuerdo con el FMI y la segmentación tarifaria, tres objetivos medulares para la gestión de Guzmán.
En paralelo a la renuncia del platense el sábado pasado, Cristina ofreció un discurso en Ensenada e hizo saber que está a favor de una las medidas que promueve el Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois: el Salario Básico Universal (SBU). Al remarcar que es el Estado el que debe recuperar la potestad de administrar “las políticas sociales”, la expresidenta señaló que “tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”.
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Cuando Batakis fue consultada por la posible aplicación de un salario universal en una entrevista televisiva, mencionó la necesidad de discutir las formas de trabajo moderna pero eludió la pregunta sobre la promoción de un ingreso fijo para un segmento amplio de la población. Posteriormente, Grabois salió a respaldar la propuesta que ideó su espacio en un mensaje directo a la minsitra: “La banco fuerte pero ya hay una cosa que no me gustó, me parece que le gustaba más el Salario Básico Universal antes de ser ministra”.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, descartó por ahora que se implemente el Salario Básico Universal al afirmar que "no está la posibilidad en este momento por las cuentas de Argentina". Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, se explayó: "En la realidad, ya existen planes universales como la Asignación Universal por Hijo o el plan Progresar y otros que se llevan a adelante. Todo es motivo de estudio y de conversación, pero no esta la posibilidad por las cuentas de la Argentina, en avanzar con este proyecto". Tras estos dichos, fuentes oficiales aseguraron a El Destape que la intención no es frenar el debate del proyecto, pero consideran que "sería un problema discutirlo si no tiene el aval del Ejecutivo".
A contramano de generar efectos contracíclicos a través de una mayor inyección de ingresos como el SBU, Georgieva le marcó el terreno a Batakis luego de tener su primera conversación. En una entrevista con la agencia Reuters, la búlgara aseguró que Argentina se enfrenta a un "momento muy complejo, muy difícil", y añadió que desde el organismo tienen claro que "a veces son necesarias acciones dolorosas para cosechar los beneficios de estas acciones".
Qué es y cuál sería el impacto del Salario Básico Universal: cuánto costaría su aplicación
Desde el Frente Patria Grande, rama integrante del Frente de Todos, apuntaron a este medio que el SBU eliminaría directamente los niveles de indigencia. Un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, que conduce el legislador oficialista Itai Hagman, el SUB es una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a personas de bajos ingresos que se encuentren sin ocupación plena, se desempeñen como cuentapropistas o en la economía informal.
En el marco de una crisis inflacionaria en alimentos, el monto equivaldría y se actualizaría en base a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto ($ 14.401 pesos en mayo), mientras que alcanzaría a las personas desocupadas, informales, monotributistas sociales, trabajadores agrarios y de casas particulares. Asimismo, cobrarían el 50% del SBU los monotributistas categoría A y asalariados registrados cuyos ingresos brutos no superen el límite de la misma ($ 38.850 mensuales en 2022).
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Si se incorporan condicionamientos socioeconómicos y patrimoniales, se estima una cantidad de SBUs a otorgar de 7,5 millones de personas, en línea con la cantidad de beneficiarios del Refuerzo de Ingresos otorgado este año. Sin establecer límite de beneficios por grupo familiar ni condicionamientos patrimoniales ni de consumo, se proyecta una población objetivo total de 13,9 millones de beneficiarios. Con un límite de 2 SBUs por grupo familiar, la cantidad se reduce a 11,2 millones. De esta forma, el SBU cubriría al 27% de la población adulta.
En cuanto a la erogación del Estado, el costo fiscal bruto anual de la prestación ascendería al 1,8% del PIB, pero si se resta el gasto actualmente afrontado por programas que serían total o parcialmente absorbidos por el SBU (Tarjeta Alimentar, entre otros), la proporción sería del 1%. Al mismo tiempo, si se contempla el retorno fiscal generado por el propio SBU (mayor recaudación por inyección de demanda), la estimación desciende al 0,7% del PIB.
¿Cómo se financiaría? Partiendo de un costo neto de programas actuales del 0,7% del PIB, se nutriría de la siguiente forma:
- 0,58% del PIB podría financiarse mediante una reasignación del 20% de los subsidios de tarifas de energía y transporte.
- 0,07% del PIB correspondería a una reasignación de otras partidas de gasto y/o ampliación del déficit fiscal.
Asimismo, se prevé la creación de un Registro Nacional del Salario Básico Universal (ReNaSBU), a los fines de contemplar mecanismos complementarios de contraprestación tales como:
− Finalización de estudios primarios y/o secundarios.
− Talleres de formación profesional y capacitación laboral.
− Talleres de orientación laboral, para la búsqueda de empleo o de orientación al trabajo Independiente.
− Talleres de Profesionalización del Trabajo Doméstico.
− Desarrollo de actividades sociocomunitarias.
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Por otra parte, quienes impulsan el proyecto argumentan que El SBU puede complementarse con una política de registro de cuentapropistas de bajos ingresos que trabajan con ingresos en negro y no bancarizados. Se estiman 2,5 millones de cuentapropistas no profesionales que desarrollan su actividad sin estar registradas en el régimen de Autónomos, Monotributo ni Monotributo Social. Este universo es el núcleo de la economía popular.
En línea con los términos de la discusión pública de las últimas semanas, Batakis tiene la potestad de afinar la lapicera para que una medida de fuerte inyección de ingresos cuadre con un sendero de disciplina fiscal. Sea la decisión que se tome, sobre las espaldas de la ministra posan los ojos de todos los actores de la coalición gobernarte, y también los del FMI.