En un refuerzo importante, más de un millón y medio de familias recibieron el beneficio de la Tarjeta Alimentar. Esto implicó una inversión de casi $ 8.000 millones mensuales, según informó el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo.
“En abril, desde el Ministerio se realizó un refuerzo extraordinario de $ 7.717.774.000 que alcanzó a 1.529.699 titulares de tarjetas y que, en lo que respecta a la asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarios se ampliaron las partidas presupuestarias en $ 2.000 millones, lo que sumó $3.483.287.694 en convenios para transferencias a gobiernos provinciales, municipales y organizaciones sociales y asistenciales”, señaló el documento oficial.
Entre el 17 de diciembre y el 15 de mayo se acreditaron un total de 1.530.153 tarjetas Alimentar, lo que significa que un total de 2.813.688 personas fueron alcanzadas de alguna manera por el beneficio, según datos aportados por el Ministerio.
A partir de la pandemia, Arroyo decidió dar un refuerzo alimentario tanto para los beneficiarios de la tarjeta como para los comedores escolares y comunitarios.
A través de la tarjeta Alimentar, el Gobierno acredita $4.000 para las familias con un hijo de hasta seis años de edad o discapacitado; de $6.000 para las que tienen más de un hijo en la misma franja de edad o discapacitado y de $4.000 para quienes perciben la Asignación por Embarazo.
Esos pagos se duplicaron durante mayo a $ 8.000 y $ 12.000, según cada caso, y la recarga en lugar de ser mensual pasó a ser semanal para facilitar el acceso de las familias en estado de vulnerabilidad a los alimentos.
Respecto a los merenderos, el Estado incorporó una cláusula en los nuevos convenios en la que se autorizó la compra de artículos de limpieza e higiene, y también se capacitó para la manipulación adecuada de los alimentos para extremar las medidas de cuidado e higiene durante la distribución en merenderos y comedores.
Además, se reforzaron transferencias destinadas a la compra de alimentos e insumos de limpieza e higiene a los gobiernos provinciales por $ 200.000.000, y a los gobiernos municipales por $ 402.900.000, lo que en total implica una inversión de $602.900.000
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