Mientras continúa el debate en comisiones del Senado en torno a la “Ley Bases” que presentó el oficialismo, cada vez más voces alertan por el impacto desfavorable que traería el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) si se aprueba tal y como figura en el proyecto original. En ese marco, industriales de Santa Fe, provincia que tiene el segundo PIB industrial más grande del país, dieron a conocer una serie de propuestas que buscan crear “un nuevo RIGI” con enfoque en “las capacidades productivas locales y el empleo”. El documento en cuestión pone el foco en que no es posible pensar regímenes de incentivos sin considerar la participación de la industria nacional en el proceso económico, con promoción del valor agregado de la producción y favoreciendo miles de puestos de trabajo, directos e indirectos.
En un momento donde la Unión Industrial Argentina informó una caída récord de la actividad en marzo (-17% interanual y 4,7% frente a febrero de este año) y la mayor parte de las actividades productivas del país tiene la mitad o más de sus recursos ociosos, desde la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE), miembro de la propia UIA, proponen limitar el tiempo de beneficios para quienes realizan las inversiones, proteger los insumos de producción nacional, regular exportaciones e importaciones, y hasta una “Ley PYME” que atienda las necesidades -cada vez más urgentes- del sector.
Crisis industrial y un nuevo RIGI
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Según el último dato difundido por el INDEC esta semana, el uso de capacidad instalada de la industria se ubicó en marzo en 53,4%, dando cuenta de una fuerte caída de la actividad (hace un año atrás era de 67,3%), solo por detrás de la pandemia de 2020. Al respecto la caída se sintió en todos los sectores, aunque el golpe más fuerte fue para Productos textiles, Productos de caucho y plástico, y Metalmecánica excepto automotores, con menos del 40% de sus recursos funcionando. Preocupa también la situación de las Industrias metálicas básicas con un nivel de utilización de la capacidad instalada de 50%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (77,2%). Según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo registra una caída interanual de 41,5% en marzo.
Por su lado, la crisis también se siente en los productos alimenticios y bebidas que registraron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 54,5%, vinculado principalmente a la menor elaboración de bebidas, carne vacuna y lácteos, según el organismo oficial. Sobre ello, un informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV) mostró que para el tercer mes del año dicha actividad cayó un 14,2%, “siendo la peor caída de la que se tenga registro”.
En relación, en un contexto donde el 52% de industriales (relevamiento INDEC) cree que la demanda interna continuará cayendo en los próximos meses dada la crisis sostenida del consumo, la repuesta del gobierno nacional fue -al momento- el impulso del llamado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los puntos centrales de la “Ley Bases” que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y ahora sería tratado en Senado.
Se trata de un programa de beneficios a 30 años para extranjeros o locales que inviertan más de 200 millones de dólares en el país, que recibirán exenciones fiscales, aduaneras y monetarias, entre otros y que -alertan desde distintos sectores- podría afectar el desarrollo del entramado productivo nacional y poner en jaque el rol de la industria nacional en el proceso económico. “Argentina necesita atraer inversiones extranjeras pero el RIGI es demasiado extenso en el tiempo, con beneficios muy generosos y ninguna condición que favorezca el desarrollo de proveedores locales”, analizaron desde el centro de investigación Fundar y agregaron que “da vía libre para la importación de bienes de capital e insumos y limita la capacidad del Estado para regular el uso de los recursos, incluso en situaciones críticas. No sólo perdemos la posibilidad de autoabastecernos en caso de alguna crisis, sino que el régimen impide políticas industriales para el desarrollo de sectores locales”. Es decir permite importar con arancel cero, mientras que los productores locales trabajan con insumos arancelados.
Otro punto en cuestión es el acceso al Mercado Único Libre de Cambios (MULC), “una buena medida para compensar la inestabilidad macroeconómica, pero se otorga de manera irrestricta y por un plazo muy largo, más allá de la coyuntura que motiva la medida”. A su vez los economistas consideraron que “lo más preocupante es la duración -30 años- y las condiciones del régimen. Sería más razonable pensar un régimen más corto y ajustado a la situación macroeconómica actual, en lugar de una estabilidad incondicional y extendida en el tiempo”.
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En el marco del debate legislativo del tal régimen, un grupo de industriales santafesinos dio a conocer cinco propuestas para “un nuevo RIGI”. Representan al sector industrial que produce el segundo PBI industrial del país, emplea a más de 140 mil trabajadores directos y alrededor de 350 mil trabajadores indirectos y está compuesto por pequeñas, medianas y grandes empresas, que esperan ser escuchadas por los legisladores.
El primer punto de las propuestas refiere al desarrollo local industrial, para lo cual se sostiene que los proyectos productivos deberían “localizarse en áreas de menor desarrollo relativo; con compra de bienes de capital e insumos nacionales que motive el desarrollo de proveedores; el aumento progresivo de las exportaciones; y la generación de empleo directo e indirecto”. De la mano, en segundo lugar la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE) agregó que “el proyecto plantea múltiples ventajas tributarias que coloca a las empresas preexistentes en situación de desventaja” para lo que se propone que “el beneficio de arancel 0 se circunscriba a aquellos insumos y equipos nuevos sin producción nacional y que las demás exenciones sean aplicables únicamente a la etapa de inversión, y no a todo el período de operación”.
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El punto tres pone el foco en las compras nacionales, ya que el artículo 191 plantea que los proyectos adheridos al RIGI podrán importar y exportar sin ningún tipo de requerimiento. Bajo este paradigma, los industriales locales sostienen que “no se generarán capacidades productivas, no repercutirá en mayor empleo ni promoverá la mejora tecnológica”. por lo que proponen, “fijar como requisito para adherir la compra de bienes nacionales por un monto igual o superior al 25% del valor total de los bienes nuevos importados”. En cuarto lugar apuntó contra los 30 años de duración de los beneficios, sobre lo que evaluaron que “resulta un plazo extremadamente extenso” por lo que “podría reemplazarse por un período de 10 años, con posibilidades de prorrogarlo mediante un análisis de impacto del proyecto, aplicable a inversiones adicionales”
El último aspecto propuesto se enfocó que la situación de las pymes. “Argentina necesita grandes inversiones, pero también es clave incentivar la inversión de miles de MiPyMEs. Proponemos una Ley PYME que contemple la exención del Impuesto a las Ganancias de las utilidades líquidas reinvertidas, la amortización acelerada de inversiones productivas, la eliminación de retenciones para las exportaciones incrementales, entre otros aspectos”, destacaron.
El documento de propuestas que desde FISFE acercaron también al debate de comisiones en el Senado se fundamenta en datos concretos de la realidad industrial: en el primer bimestre de 2024 la producción manufacturera de Santa Fe se ubicó por debajo de los últimos ocho años (-5,4% interanual) con una brusca caída de la actividad en sectores como bebidas, fiambres y embutidos, productos lácteos, siderurgia, minerales no metálicos, fundición, bienes de capital, prendas de vestir, aparatos de uso doméstico, plástico, madera y muebles que derivó en “ ajuste de la producción, el adelantamiento de vacaciones y paradas de plantas”, de acuerdo con el último informe sectorial. Así, el 63% de las ramas presentó una contracción de su nivel de actividad.
Se multiplican las voces de alerta
Además de los industriales santafesinos que propusieron una serie de reformas en el proyecto de ley RIGI, días atrás la propia Unión Industrial Argentina (UIA) alertó por la situación de la industria y el impacto que podría tener el régimen que propone La Libertad Avanza. En detalle, tras la última reunión de Junta Directiva, la entidad reconoció “la importancia de contar con un régimen que dinamice las grandes inversiones” pero advirtió que “la actual configuración del capítulo podría fomentar la competencia desleal en detrimento de los proveedores nacionales”. Remarcaron además la importancia de desarrollar las cadenas de valor para “consolidar el entramado productivo, apalancar a las PyMEs y generar empleo de calidad en todas las regiones del país”.
De acuerdo con los datos de actividad industrial difundidos por UIA la caída de la actividad se agudizó en marzo: exhibió una contracción interanual de dos dígitos (-17,2%), llegando al décimo mes de bajas consecutivas. Así, el primer trimestre de 2024 acumuló una baja de 11,7% y las proyecciones para abril reflejan que “persiste la caída interanual, aunque podría observarse una leve mejora frente a marzo; que estuvo en un nivel muy bajo". El impacto del deterioro del consumo es evidente: "el sector industrial enfrenta ciertas dificultades en el marco de la baja en los niveles de demanda y de la construcción, así como en la suba de costos”.
Los números que alertan: la producción automotriz registró su quinta caída interanual consecutiva (-21,0%) en abril, mientras que los Despachos de Cemento se contrajeron de 35,6%, y la demanda de energía eléctrica de Grandes Usuarios Industriales volvió a caer significativamente (-9,5% i.a.). En cuanto al intercambio comercial con Brasil, se registró una caída interanual en las importaciones (-34,1% i.a.), aunque las exportaciones crecieron un 36,7% (posiblemente por mejoras del sector agroindustrial). Por su lado, los patentamientos de maquinaria agrícola continuaron su tendencia a la baja (-27,8%) y la Liquidación de divisas retrocedió 21,6%.
Por su lado, desde el espacio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) también alertaron públicamente por la “competencia desleal” que se generaría dado “el ingreso de todo lo que se produce en el país con arancel cero” y advirtieron que podría significar “el cierre de mas de 10 mil pymes industriales y afectar más de 300 mil puestos laborales”.
Desde otro lado, espacios vinculados al trabajo con la tierra y los recursos naturales también rechazaron el RIGI ya que entienden que “es un incentivo para que grandes empresas petroleras, mineras y agroindustriales transformen al país en un territorio de sacrificio y despojo, con una economía dependiente, basada en la exportación de materias primas, sin desarrollo real, aumentando la pobreza y la exclusión”. Así se expresaron desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) desde donde agregaron que “se favorece la concentración de riqueza y amenazan el porvenir atentando contra la soberanía alimentaria”.
Finalmente un estudio del centro OCIPEX, también coincidió en que “es un camino hacia una matriz productiva reprimarizada, concentrada y extranjerizada, y a una inserción internacional dependiente. El RIGI está lejos de ser un proyecto serio de desarrollo para las capacidades productivas del país.” Y sumó otro aspecto que alertó sobre la situación de las provincias ya que “deberán afrontar los impactos en la recaudación de impuestos coparticipables que se verán afectados por las excesivas concesiones tributarias, entre otros posibles efectos negativos en términos impositivos y tarifarios provinciales”.
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