A pesar de haber recibido asistencia directa del Estado, la aerolínea Latam Airlines pretende cerrar su filial en nuestro país. La compañía fue beneficiada al haberse aprobado la solicitud para recibir el programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP).
Incluso el día después de que el presidente, Alberto Fernández, oficializó el decreto anti-despidos, la firma planteó la reducción de la mitad del sueldo de los trabajadores para garantizar el empleo.
La empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo, donde le requiere cesar sus actividades en el país por tiempo indeterminado, tanto de pasajeros como de carga. Son casi 2.000 empleados los empleados que dependen de la compañía, a los que ya les había recortado el salario unilateralmente.
Posteriormente, recurrió a la asistencia al trabajo y la producción. En el programa, el Gobierno se hace cargo del 50% del salario de los trabajadores hasta el doble del sueldo mínimo.
Pero detrás del discurso de uan supuesta crisis terminal, la casa matriz repartió U$S 57 millones de ganancias entre sus accionistas el 30 de abril. La distribución del 30% de las utilidades de 2019 fue criticada en Chile, donde también recibió ayuda estatal.
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