La propuesta de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria despertó una ola de críticas por parte de la oposición y medios de comunicación en torno a la idea de un “ajuste brutal”, en línea con la visita del FMI. Sin embargo, no se escuchan argumentos sustentados en datos duros para realizar este tipo de afirmaciones.
Las principales diferencias con respecto a la fórmula anterior, aprobada en diciembre de 2017, es que la nueva ecuación pondera en mayor medida la evolución de los salarios, 50% en lugar de 30%, y se remplaza el parámetro de la inflación, que ponderaba en un 70%, por la recaudación, que tendrá una incidencia del 50%. De esta forma, la evolución del poder de compra de los jubilados dependerá en gran medida de la dinámica del ciclo económico y no de la inflación.
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De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), de las 18 mediciones que operaron entre el 03/09 y el 09/17 bajo la fórmula sancionada por el kirchnerismo, sólo en seis casos el RIPTE quedó por debajo de la variación de salarios de INDEC (en promedio de 3,3%); en tres casos las variaciones de ambos índices resultan similares; y en 9 casos, el RIPTE fue superior al indicador de salarios de INDEC (promedio 3,7%). Cabe mencionar que de las oportunidades en que perdió, la mayoría de las veces se concretó durante el macrismo.
“¿Por qué se considera en esta nueva fórmula solamente el RIPTE? El objetivo es utilizar un indicador más preciso (el índice de salarios deriva de una encuesta, mientras que el de RIPTE se conforma con el resultado de declaraciones juradas). Adicionalmente, el RIPTE, al constituirse con los salarios de los trabajadores estables, se vincula estrechamente con el financiamiento del Sistema de Seguridad Social, mientras que el indicador de salarios de INDEC no lo hace”, analizó el documento del CEPA.
Desde una perspectiva a largo plazo, durante la aplicación de la fórmula K, entre marzo de 2009 y septiembre de 2017 se produjeron 18 actualizaciones. De ellos sólo perdieron en 5 casos en relación a la inflación (3 de ellas en 2016/7). La conclusión de este balance es que los períodos de crecimiento permiten sensibles incrementos de los valores, mientras que si cae el PBI, suele impactar negativamente sobre el indicador.
Si se considera la evolución en términos reales de la jubilación mínima se percibe que por cada $ 100 de septiembre de 2008, ese valor alcanzó el equivalente a $ 137 en septiembre de 2015 e incluso a finales de la serie, en septiembre de 2017, sumaba el equivalente a $ 127.
¿Una fórmula a pedido del FMI?
En el marco de este debate, se oyeron voces argumentando que la propuesta es un pedido explícito del Fondo. Curiosamente, el organismo fue históricamente crítico de dicha fórmula y promotor de la actualización votada en 2017. En el informe del FMI de noviembre de 2016, en el apartado de reformas propuestas, el organismo proponía: “Cambio en la fórmula de indexación. La indexación de los beneficios (y la actualización de los salarios pasados) solo a la inflación realizada aún permitiría a los jubilados preservar el valor real de su beneficio, pero reduciría el aumento del gasto en pensiones en aproximadamente un 20 por ciento del PIB en términos de Valor Presente Neto debido a dos efectos: los haberes aumentarían más lentamente y los haberes iniciales serían levemente menores.”
El año 2017 finalizó con la aprobación legislativa del cambio en la ley de movilidad jubilatoria. Esta nueva reglamentación consideró que el coeficiente de actualización pasaba a estar compuesto un 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor oficial y un 30% la variación de los salarios. Asimismo, se pasaba de 2 a 4 actualizaciones anuales.
Dado que la inflación se incrementó sensiblemente, la fórmula hizo perder una buena parte del poder adquisitivo de las jubilaciones, en niveles cercanos al 13% desde su aplicación, que se sumaron a los puntos previamente perdidos (cerca de 7).
En escenarios de inflación in crescendo, las jubilaciones se pagan sin dificultad porque actualizan con inflación menor, mientras que, como resultado de dicha inflación, la recaudación tiende a aumentar. Pero cuando sucede lo contrario, al reducirse el alza de precios, la recaudación tiende a ser menor, pero las arcas del Estado deben afrontar aumentos crecientes de jubilaciones. Aquí yace el desequilibrio fiscal que pretende evitar el Gobierno por considerarlo no sustentable.
De hecho, en relación a la cuantificación del impacto fiscal 2020, y partiendo de una masa de gasto en jubilaciones de $ 137.450 millones en febrero 2020, puede estimarse que siguiendo los parámetros de la fórmula anterior se hubieran concretados incrementos de 11,6% en marzo, 10,9% en junio, 9,9% en setiembre y 4,5% en diciembre.
A partir de un cálculo de la consultora Geres, esta recomposición hubiera implicado un gasto de $ 2.183.667 millones y un incremento real del haber medio de 5,1% a lo largo de 2020. En cambio, con los aumentos otorgados por decreto, la recomposición nominal del haber medio fue de 10,0% en marzo, 6,1% en junio y 7,5% en setiembre. Asumiendo un aumento de 6,0% en diciembre 2020, el gasto se aproximaría a $ 2.081.970 millones en el cierre de 2020, implicando un aumento real de los haberes de apenas 0,4% en el promedio del año.
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