El salario formal se ubica en su peor momento desde inicios de 2008

En abril pasado el salario de los trabajadores en relación de dependencia registró una caída real, descontando la inflación, de 3,4 por ciento interanual, pese a la mejora de 2 puntos que exhibió respecto de marzo previo. El salario real se ubica así en su menor valor en relación con los precios domésticos desde el 2008. A partir ese año el salario había comenzado a ganarle la pulseada a la inflación y el pico fue en 2013, cuando logró acumular en cinco año un incremento real del 130 por ciento. 

En los últimos dos años de los cuatro del macrismo, el salario se desintegró, tanto medido en dólares como deflactado por precios internos. Los altos niveles de inflación que se mantienen desde entonces y la crisis económica que profundizó la pandemia golpean actualmente los ingresos de los trabajadores, mientras que la pérdida constante de poder adquisitivo de los hogares impide cualquier tipo de recuperación económica. 

El Ministerio de Economía había estipulado para este año una pauta de inflación en torno al 29 por ciento y, sobre la base de esta estimación, impulsó que los incrementos salariales estuviesen en esa línea para evitar presiones en los precios. La idea implícita era que la recuperación real de los salarios iba a ser paulatina, para evitar desbordes de precios, pero constante.

El contrato implícito era que el Gobierno se encargaría de frenar la suba de precios para que los aumentos salariales nominales "rindan" en el bolsillo. En esta lógica se inscribió la discusión sobre el margen político y económico que había para realizar un ajuste de tarifas. Básicamente, la baja que se alcanzara en el precio de los alimentos permitiría ajustar los subsidios a los servicios y aumentar las tarifas, sin un impacto tan fuerte en el bolsillo de las familias.

La guerra contra los precios ya lleva varias batallas perdidas y este año la inflación se encamina a cerrar el año, según las consultoras más optimistas, superior al 40 por ciento, más de diez puntos por encima de lo previsto originalmente. En los primeros cuatro meses del 2021 acumula un alza interanual del 17,6 por ciento. El contrato se rompió y algunos gremios, quienes ya habían cerrado paritarias, comenzaron a rever los acuerdos, mientras que los organismos públicos pactaron subas más acorde con una previsión de inflación en torno al 40 por ciento. 

"En enero-abril de 2021 el salario real registró una reducción promedio del 6,6 por ciento respecto de igual período de 2020, habiendo retrocedido en dicho lapso hasta niveles de 2008", según un relevamiento realizado por el Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES).

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios fue una política en sí misma del gobierno de Mauricio Macri. Cuando asumió, a finales de 2015, la cotización de la divisa estadounidense era de 9,85 pesos y se fue del Gobierno con un dólar a 63 pesos, lo que implicó un incremento de 539 por ciento en cuatro años. El salario respecto al dólar, una relación que los empresarios del sector exportador usan a su favor para aumentar sus ganancias, se redujo a casi una tercera parte de su valor durante la gestión de Cambiemos. El salario mínimo llegó a los 600 dólares en agosto de 2015 y actualmente alcanza los 236 dólares. 

Si se lo compara con la inflación, la mayor pérdida de poder adquisitivo de los salarios fue entre 2018 y 2020, concentrándose en los años 2018 y 2019, cuando una serie de devaluaciones de la moneda terminó por pulverizar los ingresos de los trabajadores. En ese lapso, el sector privado registrado perdió el 15,6 por ciento de la capacidad de compra de sus salarios (o salario real), al sector público se le recortó en un 20,7 por ciento y en el caso de los trabajadores y trabajadoras del segmento informal, el retroceso de los salarios frente a la inflación fue del 25,9 por ciento (es decir, en tres años tienen un cuarto menos de poder de compra de sus ingresos).

En los primeros tres meses del 2020, el salario del sector privado creció a un ritmo del 50 por ciento en términos interanuales, pero fue bajando y en abril ya arrojó un alza de 30 por ciento (punta a punta). Sin embargo, la canasta básica alimentaria, por poner un ejemplo concreto de los precios, mantiene un alza en torno al 50 por ciento interanual (abril arrojó 49,1 por ciento) como en los meses previo a la pandemia.  El resultado es que los salarios del sector privado vuelven a perder contra la inflación.

El Gobierno buscó estimular mejoras indirectas en los salarios, como el caso de la modificación en el Impuesto a las Ganancias, o el paquete de cambios para el monotributo que se lanzó para subsanar el berenjenal del aumento retroactivo de las escalas que derivó en deudas forzosas para los inscriptos al régimen simplificado. 

Políticamente, también las pautas que cerró la administración pública, ya sea el 35 por ciento a estatales como el 40 por ciento de los trabajadores del PAMI, marcan un sendero para el sector privado, que deberá volverse a sentar a discutir salarios. Los gremios tienen en este contexto un rol fundamental pero deberán mostrar que están a la altura de la circunstancias.  

Del otro lado de la mesa, se planta el establishment en una pelea sin tregua para no ceder parte de la torta que significará este año lograr un rebote de la actividad económica en torno al 6-7 por ciento. Así, en la previa a las elecciones, la Sociedad Rural nombra a un matarife amigo del ex ministro de Agricultura macrista Luis Miguel Etchevehere como presidente, mientras que la Unión Industrial unge al frente de la entidad a Daniel Funes de Rioja, un abogado y empresario del rubro alimenticio con una posición conocidamente neoliberal de los negocios.