El año económico de Alberto Fernández: contra la pandemia y la macrisis, se hizo lo que se pudo

El 2020 será tristemente célebre como el peor año de la historia, con la muerte de más de un millón y medio de personas en todo el planeta y la parálisis económica global más extensa y profunda desde la Segunda Guerra Mundial, sentando las bases de un cambio estructural cuyos efectos perdurarán varios años. Los gobiernos debieron convivir este año con la pandemia y algunos tuvieron que gestionar con las limitaciones de sus propias crisis. En el caso argentino, los síntomas preexistentes fueron una crisis de insolvencia, con un nivel de endeudamiento insustentable, una economía paralizada y la inflación más alta desde 1991.

El gobierno de Alberto Fernández recibió el 10 de diciembre de 2019 un país al rojo, con problemas a la vuelta de cada esquina, como el reperfilamiento de deuda en pesos y servicios congelados hasta enero. En marzo apareció en el país el COVID-19. Con menos herramientas de las que tuvieron otros países en los que no pasó el huracán Cambiemos, el Estado tuvo que salir a jugar fuerte, a veces con éxito y muchas otras con serios problemas de gestión, para darle sostén social y económico a la población. Destino 6,7 puntos porcentuales del PIB en paliativos sociales. 

La reestructuración de la deuda más abultada en la historia moderna, la asistencia social en niveles récord, la estatización y marcha atrás de uno de los principales holding agroexportadores, los tractorazos, la especulación de las empresas con el dólar y con la asistencia estatal, la creación de la primera ley de teletrabajo, más retenciones, menos retenciones, las negociaciones con el Fondo para devolver 44.000 millones de dólares que le prestó al macrismo, los cambios en la movilidad jubilatoria y el impuesto a las grandes fortunas fueron los principales títulos de 2020. Y todo esto sucedió sin que hayan cesado ni un instante las operaciones políticas y mediáticas de la oposición y de las grandes corporaciones.

Hace doce meses se pasó de un gobierno que buscó durante cuatro años reducir el Estado a su mínima expresión a tener que desplegar una batería de medidas de ayuda estatal para capear los efectos de una pandemia. Casi no hubo discusión respecto de los salvatajes. "Se hizo lo que se pudo", reconoció un funcionario al resumir el balance de un año en que todos los factores confluyeron en un escenario que es difícil imaginarlo que pudiese ser peor para administrar un país.  

Sin importar cuál sea el análisis comparativo que se haga, en pandemia, el balance es negativo. El coronavirus se cobró 40.000 muertes en el país y el congelamiento derivado de las medidas de aislamiento llevará a una caída histórica de unos 12 puntos del PIB, una desocupación del 13,1 por ciento, con menos personas buscando empleo, y más del 44 por ciento de hogares en situación de pobreza. 

Ya empezamos mal

Pese a que algunos sectores ya se encuentran con niveles de actividad por encima de los registros pre pandemia, la pésima situación que ya existía un año atrás hace que siga siendo más delicada la situación actual. Con un pequeño esbozo de lo que en realidad dejaba el macrismo, el equipo económico se presentaba con la creación de un Ministerio de Desarrollo Productivo y la vuelta de un Ministerio de Trabajo, mientras en el Palacio de Hacienda se preparaban a ganar la centralidad con lo que, hasta ese momento, iba a ser el desafío de todo el 2020: el canje de la deuda que dejó el gobierno anterior en cesación de pagos. 

Con más de 20 puntos de pérdida de poder adquisitivo de los haberes y una fórmula de movilidad que se hacía de imposible cumplimiento con los recursos con que contaba el país pre pandémico, el Gobierno decidió suspenderla mientras se trabajaba en un nuevo esquema. Por decreto, se aplicaron cuatro aumentos en el año que implicaron una mejora acumulada del 35,3% durante 2020 para la mínima y las asignaciones universales vinculadas. En simultáneo, el Ministerio de Salud acordaba en diciembre una primera rebaja, de 8 por ciento, en los medicamentos. Habían sido los que más subieron durante el macrismo, a lo que se adicionaba la pérdida de beneficios del PAMI. 

Mientras los nuevos funcionarios iban ocupando sus cargos, personal jerárquico de la gestión anterior se atornillaba a sus puestos buscando judicializar un despido con doble indemnización. El Gobierno tuvo que disponer en febrero que la doble indemnización por despido, que se aplicó en el medio de la emergencia económica, no se aplica al sector público. 

En febrero se realizó el primer tractorazo, donde las corporaciones agropecuarias buscaron, con escasísimo apoyo, plantarse ante un ajuste en las retenciones que aplicó Alberto a principio de año. En octubre se volverían a bajar los derechos de exportación y la presión especulativa del sector se mantuvo inalterable. 

El segundo tractorazo llegaría meses después luego de que el Gobierno anunciara la nacionalización de Vicentin, el pulpo agropecuario que se había declarado en default tras recibir millonarios préstamos del Banco Nación sin análisis previo. En medio de una serie de investigaciones sobre presunto lavado de activos de la empresa, impulsada por acreedores nacionales, bancos extranjeros y hasta el propio FBI (de Estados Unidos), las protestas de un sector de la actividad concentrada forzó la marcha atrás de la estatización de este activo estratégico. 

Se perdió una oportunidad única. Tanto de nacionalizarla como de potenciar a YPF Agro como una empresa testigo. La empresa detenta el 10,5 por ciento del mercado exportador de cereales y oleaginosos que el año pasado liquidó 22.750 millones de dólares.

Y en eso llegó Covid

A fines de enero venció el segundo pago del bono a cien años (con una tasa exorbitante de 7 por ciento anual en dólares) que pactó el ex secretario de Finanzas de Luis Caputo y el ministro de Economía, Martín Guzmán, iniciaba formalmente el proceso de reesctructuración de la deuda con acreedores privados. 

En marzo se conocen los primeros casos importados de coronavirus en el país y el 20 de ese mes se decreta la cuarentena. En las primeras ediciones, que se fue renovando cada quincena, se especulaba con los feriados para morigerar el impacto de un freno a la actividad que era difícil de imaginar que podía haberse extendido como lo hizo (incluso con rebrotes en la actualidad en países de Europa). Finalmente, la actividad se congeló durante marzo y abril, meses en los que los indicadores tocaron fondo. 

Para amortiguar el impacto en ingresos de la parálisis el Gobierno lanzó dos programas: uno vinculado a los hogares (Ingreso Familiar de Emergencia) y otro para sostener el empleo (Asistencia al Trabajo y la Producción). En medio de una caída inédita en la recaudación, el Estado otorgó 265.000 millones de pesos en 8,9 millones de personas beneficiarias, el equivalente al 20 por ciento de la población. "Es la prestación económica de mayor alcance de la historia argentina”, sostienen desde la ANSES.

El IFE iba a ser en principio un único pago de 10.000 pesos y terminó abonándose en tres oportunidades. El Gobierno decidió que no habrá cuarta edición. El programa ATP, que representa al pago de una parte de los sueldos de la nómina laboral, tuvo ocho ediciones y permitió el pago del salario a un universo de 536 mil trabajadores y trabajadores con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos. Está abierta la inscripción para la novena edición. 

Con esta ayuda también hubo especulaciones. Tras detectarse empresas que recibían este aporte estatal y luego fugaban divisas, el Banco Central dispuso como condición para acceder al mercado de cambios no cobrar el ATP. La respuesta fue un éxodo de empresas que devolvieron los préstamos. Un total de 300 empresas, encabezadas por Techint, prefirieron tener vía libre para la compra de dólares que recibir la ayuda estatal. Con el IFE se conocieron denuncias de grandes estudios contables que utilizaban a los números de DNI para evadir impuestos y comprar dólares. 

Un éxito sin discusión

El 30 de agosto se conoció que el proceso de reestructuración de deuda en dólares bajo ley extranjera finalizaba con un nivel de adhesión de 93,5 por ciento, lo que resolvió la situación del 99 por ciento del pasivo. La operación significará para los próximos años un alivio de 37.700 millones de dólares y una curva de vencimientos que redistribuye los compromisos de manera sostenible en el tiempo. 

La negociación con los fondos de inversión se mantuvo siempre en los carriles técnicos que definió desde un inicio el ministro Guzmán.  Pese a las amenazas y aprietes de los grandes fondos especulativos, la negociación nunca se trabó. El apoyo de toda la comunidad económica (el FMI, las principales potencias globales, Premios Nobel de Economía y un consenso entre oficialismo y oposición) mantuvo siempre abiertos todos los canales de diálogo. El paso siguiente fue ofrecer el mismo canje a los acreedores locales, bajo las mismas condiciones, y recogió allí un nivel de adhesión de un 99 por ciento. Comenzaron entonces las negociaciones con el Fondo Monetario, las cuales se mantienen abiertas actualmente.  

El Senado aprobó en la última sesión del año, hace una semana, el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Economía y que prohíbe al Ejecutivo tomar deuda bajo legislación extranjera y alcanzar acuerdos con el Fondo Monetario sin aval previo del Congreso. El objetivo es evitar otro endeudamiento compulsivo como el de Cambiemos.

En agosto se aprobó también la primera ley argentina para regular el teletrabajo, el cual abarca diferentes dimensiones como el derecho a la desconexión, la garantía de elementos de trabajo, la compatibilización con tareas de cuidado en el hogar y la mirada de género. Seguramente perfectible con el tiempo, la flamante ley, que entrará en vigencia a los tres meses de que se dé por finalizado el aislamiento preventivo frente a la pandemia de coronavirus, cuenta ya con una mirada dinámica y avanzada respecto a varios países de la región. En esa línea se definió también a la telefonía móvil, el acceso a Internet y al Cable como servicios públicos. 

El dólar, una pelea siempre aparte

Las presiones sobre el dólar retomaron bríos en agosto, apenas se cerró el canje. La cadena agroexportadora conformó un grupo de rastreo que se autodenominó el Consejo Agroindustrial Argentino, con el cual negoció con el Gobierno una serie de incentivos para estimular la exportación y liquidación de divisas, algo que escaseó durante todo el año, ejerciendo presión sobre el tipo de cambio.

A pesar del cambio de expectativas que implicó despejar los vencimientos de deuda hacia un horizonte sustentable, las presiones para devaluar se hicieron sentir de inmediato. En septiembre el Ministerio de Economía y el Banco Central coordinaron una serie de medidas para frenar la caída de reservas. Al 30 por ciento de impuesto PAIS, institucionalizado a principio de año, se incorporó otro 35 por ciento a cuenta de Ganancias, que en la práctica elevó el precio real de la divisa minorista, impulsando una segunda ola de subas en el mercado paralelo. En simultáneo, se restringió la operatoria de dólar bursátil.

Para el último trimestre se definió una rebaja en las retenciones para el complejo sojero de tres puntos, que irá desapareciendo hasta enero, con el objetivo de destrabar en lo inmediato dos de cada diez dólares declarados que fueron exportados pero que seguían sin ingresar. Con una brecha cambiaria entre el precio formal y el paralelo de un cien por ciento, los productores mantuvieron los granos en los silo-bolsas. En lo que va del año acumulan una liquidación de 18.583,6 millones de dólares, un 13,5 por ciento por debajo de los primeros once meses de 2019, según informó la cámara que agrupa a la industria aceitera. 

Las oscilaciones del precio del dólar en el mercado paralelo presionó en los precios internos a partir de la retención de stocks por parte de las empresas, principalmente en sectores clave como la actividad de la construcción. El dólar oficial, al que acceden los importadores y las empresas para la compra de insumos, se apreció desde el 10 de diciembre de 2019 un 38,9 por ciento, al pasar de 62,99 a 87,17 pesos, en línea con el nivel de precios internos. La inflación interanual a octubre (último dato disponible) fue de 37,2 por ciento. 

Aunque la inflación se desaceleró respecto de 2019, sin ajustes de salarios en igual cuantía, con pérdida de puestos formales y de empleos no registrados, la suba de precios se convirtió en una máquina de crear nuevos pobres.

Las propias estadísticas oficiales dan cuenta de que el salario promedio se ubica por debajo del costo de la canasta básica para un hogar tipo de cuatro miembros. En tanto, se conoció que en pandemia se creó un millonario por semana. En una de las últimas sesiones ordinarias del año el Congreso aprobó el aporte extraordinario alcanzará a más de 12.000 personas con fortunas superiores a los 200 millones de pesos. La cifra creció (al iniciar el debate alcanzaba a menos de 10.000) al ritmo de lo que hicieron los patrimonios de algunas familias mega millonarias en el transcurso de este año.

La iniciativa, sumamente resistida por los principales exponentes de la riqueza super concentrada, le otorgaría aire fresco a unas arcas públicas deterioradas y en un contexto en el que no puede aflojarse con la asistencia a quienes menos tienen.