La Argentina está recuperando su potencial de producción, pero aún tiene serias dificultades para redistribuir ingresos y riquezas. Las causas son conocidas: pobreza preexistente agravada por la pandemia, heterogeneidad en el mercado de trabajo y una inflación creciente con un fuerte impacto en el precio de los alimentos, golpeando a las clases populares.
Una vez más, quienes más sufren esta coyuntura son los trabajadores y trabajadoras informales, aquellos de la economía popular, quienes sostienen ollas populares, comedores, trabajos de cuidado, y recicladores urbanos, entre otros. Los argentinos y argentinas que están en los márgenes de nuestra sociedad, que pelean día a día para poner un plato de comida en su hogar, muchos de los cuales marcharon masivamente el pasado jueves en las calles de Buenos Aires, requieren de una respuesta urgente, contundente y estructural.
A ellos busca beneficiar el proyecto de ley presentado por el Frente de Todes para la creación de un Salario Básico Universal. Para poner un número, recordemos que el bono complementario que anunció recientemente el presidente de la Nación alcanzará a 13,6 millones de personas otorgándoles $9.000 a finales de mayo y $9.000 a finales de junio. Pero, con la reciente noticia del 6% de inflación mensual del mes de abril y los riesgos de que la restricción externa (escasez de dólares) comience a frenar la generación genuina de empleo, parece indispensable buscar mecanismos permanentes que eviten que familias enteras caigan en la pobreza e indigencia.
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Aquí, podemos hacer un aporte a esta discusión. En primera instancia profundizar en los orígenes de los llamados planes sociales, que tiene suma importancia dado que la derecha siempre los desvaloriza diciendo que los trabajadores se manifiestan por un plan. Parece que cuando se pone la situación en esos términos, erramos en el análisis de la pobreza real que sufre la Argentina y de la situación de desamparo de muchos de los trabajadores y trabajadoras. Las manifestaciones y movilizaciones sociales lo que reclaman es trabajo digno o “ trabajo decente” en términos de la OIT.
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Los planes sociales forman parte de nuestro país producto de las consecuencias del modelo neoliberal implementado por la última dictadura cívico-militar. Un primer antecedente es el Plan Alimentario Nacional, las famosas cajas PAN (Incluía harina, leche en polvo, azúcar, aceite, fideos, arroz, lentejas, porotos) del gobierno de Alfonsín, para 1986, 5.6 millones de personas recibían esa ayuda alimentaria. Se entregaba a través de los municipios, a aquellos que estaban bajo la línea de la pobreza como respuesta a una inflación alta e hiperinflación. Ya en el gobierno de Menem, la falta de soluciones a los problemas de empleo hizo que, a pesar de la reducción en la inflación, ese tipo de programas se sostengan. En 1995, se creó el Programa Trabajar I, que luego tendría dos versiones más. Y en 2002 nuevamente para paliar las consecuencias del modelo neoliberal y de su crisis que estalló en el 2001, se creó el Plan jefes y jefas de hogar.
Fue Néstor Kirchner quién, institucionalizando el Ministerio de Desarrollo Social, incluye al desarrollo productivo y económico también el aspecto humano y social del trabajo. Impulsando a nuestras fuerzas populares, transformando los planes sociales en una herramienta para el desarrollo de las cooperativas, de las empresas recuperadas y para la resignificación del trabajo.
Hoy producto de los altos niveles de pobreza y la dificultad en la creación de empleo de calidad, casi el 50% de los hogares recibe algún tipo de transferencia desde el Estado, asistencia social o alimentaria, concentrada principalmente en el conurbano bonaerense. Mucha de esa ayuda se distribuye mediante múltiples programas, muchos de los cuales son de acceso restringido o arbitrario.
En cambio, un salario básico universal apunta a aquellas personas que tengan entre 18 y 65 años que no reciben ingresos como asalariados formales y se encuentran en las categorías más bajas del monotributo “social”. Vamos a poder universalizar el derecho a la alimentación. Tal y como se hizo con la Asignación Universal por Hijo, se pasarían muchos programas sociales con un cupo, plazo y fin determinado, a la universalidad del derecho y se incluiría a personas que no necesariamente tienen la redes o los recursos para poder aplicar a un programa social. A nivel internacional, este tipo de propuestas en distintas versiones fue promovida por reconocidos economistas asociados a ideas muy disímiles como fueron John Kenneth Galbraith y Milton Friedman. La crisis económica europea producto de la pandemia y actualmente de la guerra entre Rusia y Ucrania, también ha hecho resurgir con ímpetu este debate en los estados del bienestar europeos.
Universalizar derechos implica que no haya que mendigar por un plato de comida. Implica el compromiso de la sociedad en su conjunto por erradicar la pobreza, la indigencia, sabiendo que una Argentina próspera, que crezca, va a necesitar una población formada y educada. Eso, también es desarrollo.
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