A pesar de que las tarifas de servicios públicos fueron congeladas durante todo 2020 y el primer trimestre del nuevo año, el peso del costo de las facturas sigue siendo significativo en comparación al salario. El aumento indiscriminado promovido en la gestión macrista provocó una distorsión sin precedentes que pulverizó el poder adquisitivo.
Como resultado de la política de quita de subsidios, el peso de las facturas de electricidad, gas y servicio de agua y cloacas para un hogar del conurbano bonaerense se incrementó, como proporción del ingreso, del 1,9 al 13,3 por ciento hasta 2020. La cifra siete veces la que representaba en octubre de 2015.
Al considerar el impacto sobre el bolsillo de los trabajadores, el informe considera los montos totales de facturación –incluyendo impuestos-correspondientes a consumos moderados de una familia tipo del conurbano bonaerense, no alcanzada por la tarifa social. El estudio elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra, perteneciente a CTA) detalló los siderales incrementos para cada servicio.
Electricidad: En el ámbito de los partidos del Gran Buenos Aires, los aumentos de las facturas residenciales aumentaron entre 1053 y 2388 por ciento. La gestión de Cambiemos finalizó con aumentos de este servicio en torno de 18 y 39 veces.
Gas: El aumento acumulado osciló entre el 462 y el 1353 por ciento, dependiendo del segmento de consumo. La factura tipo acumuló aumentos de entre 8 y 21 veces hacia el mes de octubre.
Aguas y cloacas: Los aumentos fueron del 832 por ciento para el servicio medido y del 554 para el servicio sin medidor. Así, las facturas fueron entre 10 y 14 veces más elevadas que en octubre de 2015.
Al finalizar el período 2016-19, en términos nominales, mientras las tarifas terminaron el 2019 con una suba en torno a 550% respecto a los niveles heredados por la actual gestión, el dólar con una de alrededor de 400%, la inflación con un acumulado superior al 250% y el salario con una corrección de 200%, bien por debajo.
En promedio, descontando la inflación, los salarios formales o registrados ante la Seguridad Social, que comprende a más de 9 millones de trabajadores en relación de dependencia, del sector público y privado, retrocedieron casi un 20% en relación al valor que tenían en diciembre de 2015, según las distintas mediciones oficiales.
Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina pasó de ser uno de los más competitivos en materia de tarifas de servicios públicos a estar en el podio de los más caros. Venezuela ocupa el primer lugar, producto de la escalada inflacionaria que se presenta en dicho país. Chile está segundo, aunque la participación de las tarifas en este país se mantuvo estable en relación al ingreso.
En tanto, en los demás países analizados también se incrementó el peso de las tarifas en relación al ingreso mínimo. No obstante, la proporción del salario que deben destinar los hogares de dichos países para solventar la canasta de servicios públicos es menor a la Argentina.
Una crisis que no se detuvo en 2020
En 2020, se acumuló una pérdida adicional de poder de compra, ya que recién en octubre tuvo lugar la reunión del Consejo del Salario y la primera revisión salarial. El aumento acordado para octubre y para diciembre último implicó que a fin de 2020, el salario mínimo real quede 32,6% por debajo del de 2015.
Si bien el salario mínimo es la menor remuneración que debe percibir el trabajador sin cargas de familia, puede plantearse una comparación con la canasta para una familia “tipo”, respecto de la cual representa una proporción cada vez menor. Mientras que en noviembre de 2015, el salario mínimo podía comprar casi el 61% de la canasta que marca el límite de la pobreza, esa relación descendió rápidamente, en especial desde mediados de 2017.
Producto de la pandemia, en 2020 continuó reduciéndose, de modo que en septiembre podía comprar sólo el 35,7% de esa canasta y en octubre, con el primer escalón del incremento pautado, quedó en el 37,9%.
Actualmente, el salario mínimo se ubica en $ 20.587,50. Ese valor es incluso inferior al de la canasta básica alimentaria para una familia tipo, es decir, la que marca la línea de indigencia. De acuerdo con la última negociación que se llevó a cabo en octubre, en marzo se incrementará a $ 21.600.
Más aumentos
Hasta el momento, según apuntó el último informe disponible del Indec, los salarios totales crecieron 26,5% hasta octubre, cuando la inflación proyectada a diciembre se ubica en torno al 35%. En el año que acaba de irse, los servicios públicos no aumentaron por decisión del Gobierno, aunque durante el primer semestre se registraron aumentos en los servicios de telecomunicación, que fueron transformados en públicos hace pocos meses y que impactan de lleno sobre las remuneraciones de los trabajadores.
Por ejemplo, el servicio el Móvil Pospago de Movistar creció 22,56% en el primer semestre de 2020, el Móvil Mixto 22,71% y el servicio de Internet Hogar + Telefonía 22,99%. En tanto, el Móvil Pospago/Mixto de Claro aumentó 14,29% en el primer semestre de 2020, el Móvil Mixto 14,41% y el servicio de Internet Hogar + Telefonía aumentó 30,82%.
Asimismo, el Móvil Pospago que ofrece Telecom se incrementó 17,14% en el primer semestre del año pasado, el Móvil Mixto 16,67%, el Servicio Básico Telefónico 9,99%, mismo aumento para el pack Internet Hogar + Telefonía.
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