En el primer semestre del año y tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 que derogó la Ley Nacional de Alquileres, la incertidumbre de no conseguir dónde vivir, de que no alcance para el próximo mes, de quedarse directamente en la calle atraviesa la diaria de las familias inquilinas del país. Los números muestran que el costo de acceder a una vivienda se duplicó en aquellos contratos firmados con posterioridad al decreto presidencial y ya demanda el 38% de un ingreso promedio (creció 8 puntos en solo seis meses).
A su vez, se registran fuertes aumentos que, en el último mes, se ubicaron incluso por arriba de la inflación, mientras los plazos de contratos son cada vez más reducidos, con actualizaciones mensuales o trimestrales y mecanismos de ajuste que no contemplan los aumentos de salario: 7 de cada 10 inquilinos que firmaron sus contratos luego del decreto tienen aumentos cada 3-4 meses. Esto a su vez lleva a que muchos hogares se endeuden para poder hacer frente a los gastos básicos: el 62% está endeudado y el 31% le debe a dos, tres o más entidades al mismo tiempo.
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Los datos se desprenden de la última Encuesta Nacional de Inquilinos y el espacio Ni Una Menos que mostró, comparado con enero de este año, que si en ese mes se pagaban, en promedio, $121.017 por una vivienda de 2 ambientes, sólo dos meses después el precio rondaba los $161.113 (33% más) y tres meses después, para junio, ese valor alcanzó los $217.424, un 35% se aumento extra.
La crisis habitacional y social se refleja también en que el 15% de los encuestados indicó que se vio en la necesidad de mudarse en los últimos meses por no poder afrontar el precio del alquiler. La amplia mayoría (más del 80%) respondió que la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios/ingresos son los principales motivos de preocupación en la actualidad y el 42% consideró que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses.
Impacto económico de la desregulación de alquileres
A seis meses de la entrada en vigencia del DNU 70/2023 del gobierno nacional que incluyó, en sus más de 300 artículos de desregulación económica, la eliminación de la Ley Nacional de Alquileres, diferentes estudios dan cuenta del impacto económico en el bolsillo de la población inquilina (en torno al 20% del total), con expensas cada vez más costosas, imposición de actualización de precios cada tres meses -lejos de la actual realidad salarial argentina- todo lo que fue aumentando el peso sobre los ingresos de los hogares que, cada vez más, recurren a diferentes formas de endeudamiento para tratar de no quedarse sin un techo para vivir.
Al respecto, un punto clave para entender qué consecuencias tuvo la desregulación del mercado de alquileres en las economías domésticas es comparar el valor del alquiler según se rija o no por la ley 27.551. Los datos son contundentes al mostrar que los contratos iniciados en 2024 bajo el DNU pagan un 50% más que aquellos que siguen bajo Ley de Alquileres. “Es notorio como aquellos que comenzaron sus alquileres después del decreto pagaron en promedio un precio mucho más caro por una vivienda de similares características para el mes de junio”, analizó el informe de la Encuesta Nacional Inquilina realizada por la Federación de Inquilinos Nacional y Ni Una Menos con el objetivo de conocer en la situación económica y de vivienda en el país.
En detalle por jurisdicciones, se observa que en CABA las y los inquilinos con contratos iniciados bajo el DNU libertario pagan aproximadamente entre un 40% y un 50% más que aquellos que comenzaron en el marco de la Ley de Alquileres, en tanto que, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba esta diferencia es mayor: el valor promedio del alquiler de junio es entre un 41% y 52% mayor respecto a quienes lo hicieron antes del decreto. En ese sentido, se mencionó también que si bien el incumplimiento de la ley en materia del índice de actualización (ICL) “era muy alto”, desde la liberación de precios promovida por el gobierno de Javier Milei, empieza a consolidarse la actualización por inflación, que pasó del 51% antes del DNU al 58%, con posterioridad.
Comparando solo con tres meses atrás, los datos de mitad de año dan cuenta de valores promedio para alquilar que son un 30% y hasta 48% mayores que en marzo. A su ve, de acuerdo con datos del Monitor de Acceso a la Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) el valor promedio del metro cuadrado para el alquiler sufrió un aumento del 5% en mayo, superando al número de inflación de ese mismo mes.
El encarecimiento en el valor del alquiler se da, además, en una coyuntura donde se imponen tiempos de actualización de precios más cortos. De esa manera, el balance del primer semestre evidenció que el 66% de los contratos firmados post DNU tiene actualización cada 3 o 4 meses, y en el 95% de los casos los plazos son iguales o menores a 6 meses, según los datos de la Encuesta Nacional que tiene correlato con lo planteado en el informe local del CEM donde se evidencia que el 46% de los contratos se firman directamente a 3 meses, dando cuenta de una suba de más de 20 puntos porcentuales comparado con los firmados previo a la derogación de la ley mientras que, por el contrario, los contratos con duración a un año cayeron 30 puntos.
Otro aspecto que da cuenta del panorama inquilino a solo seis meses de comenzada la gestión de La Libertad Avanza tiene que ver con la situación de las expensas que reflejan el aumento más significativo de todos: solo en los últimos cuatro meses escalaron 40%. Según el Monitor de Acceso a la Vivienda, en mayo el alza mensual fue del 14%, esto es, más del triple que la inflación (4,4%). El monto de expensas promedio en CABA es de $73.859, siendo Puerto Madero el barrio con las expensas más caras, con un promedio superior a los de $230.000, seguido por los barrios del corredor norte con promedios en torno a los $95.000. El barrio con el promedio más bajo es Versalles ($20.000) seguido por Villa Gral. Mitre y Villa Real ($36.000), que sufrió un incremento promedio en los últimos dos meses del 300%.
Un dato no menor tiene que ver con que, de acuerdo con el CEM, el 55% de los anuncios para alquiler están publicados en dólares, a la vez que en los barrios donde se concentra la mayor oferta de propiedades -Palermo, Recoleta y Belgrano- los anuncios dolarizados representan entre el 60% y el 70%, mientras que los barrios del sur, que acaparan menos del 10% de la oferta de la ciudad, mantienen la totalidad de sus anuncios en pesos.
Como consecuencia de todo lo anterior se observa que el peso del gasto del alquiler en el salario promedio fue incrementándose en este tiempo. En junio, el 34% de los ingresos de los hogares inquilinos encuestados se destinaba a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos. En el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del DNU 70/2023, la incidencia del gasto en el presupuesto del hogar es todavía mayor y llegó al 39% (antes del decreto el porcentaje sobre el ingreso era de 31%). Sobre ello, vale mencionar que la Encuesta de Inquilinos relevó en un 68% de los casos a trabajadores registrados, es decir, la gran mayoría de los inquilinos e inquilinas consultados tienen condiciones laborales formales, por lo que el peso en los hogares con ingresos no registrados es aún mayor.
Si se piensa en términos de salario mínimo, una persona necesitó contar con 3 salarios mínimos para pagar el valor promedio publicado de unos dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires, y esto sin contar las expensas.
Ante la pulverización del poder adquisitivo de los ingresos (según los últimos datos de salarios de INDEC, el promedio de los registrados continúa 14% por debajo de noviembre de 2023, el golpe es mayor aún para el sector público (-21% vs nov/23) que el privado (-10% vs nov 23)), las familias recurren a un mayor endeudamiento para hacer frente a gastos corrientes. En lo concreto el 62% de los hogares inquilinos está endeudado, el 30% contrajo deudas para pagar el alquiler y 34% pata alimentos. Es decir, al mismo tiempo que se destina una mayor proporción de los ingresos a pagar el alquiler, la cantidad de inquilinos que están endeudados también es mayor. El endeudamiento para pagar las tarjetas de crédito aparece en el 54% de los casos. En segundo lugar, se presenta la necesidad de pagar alimentos en más del 37% y la deuda para pagar el alquiler es mencionada por encima del 30% entre quienes alquilan y se encuentran con deudas actualmente. Las jefas de familias son las que más se endeudan para pagar el alquiler (37% vs 23% varones).
En cuanto a la entidad acreedora o las personas con las que se endeudan se destacan en primer lugar los bancos emisores de tarjetas de crédito, en un 44,3% de los casos. Le siguen el endeudamiento con familiares y amigos (15,7%), banco por préstamo personal (15%) y empresas de plataformas como por ejemplo Mercado Pago, Ualá, entre otras (13,3%). Otra cuestión importante a resaltar es que dentro de este grupo de hogares inquilinos endeudados, el 31,3% no tiene sólo un acreedor, sino que posee deudas con dos, tres o más entidades al mismo tiempo, combinando deudas con tarjeta de crédito, plataformas y otras modalidades informales, contando principalmente con préstamos de familiares y/o amigos.
MÁS INFO
Un dato que arrojó la Encuesta de junio tiene que ver con las tasas de interés: el 58,4% no conoce la tasa de interés que paga por las deudas que contrajo. En particular, aquellas personas que indicaron endeudarse principalmente con billeteras virtuales y plataformas de créditos, y con medios informales son quienes desconocen la tasa de interés a pagar. A la pregunta sobre la puntualidad o no en el pago de sus deudas, el 38% afirma que está atrasado con el pago.
Panorama complicado a futuro
La dramática situación de las y los inquilinos no encuentra fin y las perspectivas de acceso a un techo para vivir lejos están de mostrar una mejora. Así, el 88,4% de considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses mientras que sólo el 11,6% afirmó que no tendrá inconvenientes, según la Federación de Inquilinos Nacional. Para el 41%, la problemática del derecho a la vivienda no es nueva, ya que sus propios padres/madres no han logrado tener tampoco una casa propia.
Al ser consultados sobre las problemáticas actuales que les generan mayor preocupación, la amplia mayoría (más del 80%) respondió que la vivienda y la evolución de los salarios/ingresos son los principales motivos de alarma. Otras razones muy frecuentes en las respuestas de los y las inquilinas fueron la inflación, el aumento de tarifas de servicios básicos y el crecimiento del nivel de pobreza, en más del 70% de los casos. También aparecen, pero en menor medida, otras preocupaciones tales como el desempleo, la salud y la inseguridad, como se muestra en el gráfico que sigue.
Finalmente, sobre la opinión de las familias respecto del impacto de la eliminación de la Ley de Alquileres, más de la mitad (53,4%) cree -por la experiencia de esta primera mitad del año- que los beneficiados son únicamente los propietarios y el mercado inmobiliario.