La Justicia procesó al ex titular del Puerto durante el gobierno de Cambiemos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Gonzalo Mortola contrató de forma directa a una compañía por un millón de dólares para que realice un trabajo que no cumplió. El Destape había investigado los negocios que vinculan a este funcionario con Nicolás Caputo, el “amigo del alma” de Mauricio Macri.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le dictó el procesamiento y embargo por incumplimiento de deberes de funcionario público. Esto dejó la puerta abierta a una condena de hasta dos años y la inhabilitación permanente para volver a ejercer cargos públicos. Además, podría ampliar la acusación a fraude al Estado, con una pena que llega a seis años de prisión efectiva.
La resolución implica que el magistrado encontró pruebas suficientes que confirman el pago de más de 940 mil dólares a la empresa INDRA. Su procesamiento se da, de hecho, “en razón de haber sido hallado prima facie autor penalmente responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público”. La denuncia establece que fue contratada de manera ilegal para realizar una consultoría sobre pliegos para una futura licitación del Puerto.
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En el fallo, al que este medio tuvo acceso, Martínez de Giorgi consideró que la consultora “fue elegida, al menos arbitrariamente, es decir sin el menor fundamento legal o de conveniencia, para hacerse de una contratación, a la que accedió de modo directo, eludiendo una licitación pública, evitando la confrontación con otros oferentes, en virtud de la actuación irregular del entonces interventor de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mortola, quien violó de este modo los deberes a su cargo”. También le trabó un embargo por hasta $ 400.000 en la misma diligencia del 14 de septiembre.
Durante la gestión macrista, la Administración General de Puertos remató buena parte de sus terrenos. El esquema, que incluyó la venta del predio de la AGP, se iba a completar con la licitación para la renovación de terminales del Puerto Buenos Aires, digitada por el entonces interventor para beneficiar los negocios inmobiliarios.
La licitación, por la que Mortola fue procesado y embargado, tuvo en su origen una contratación directa a la española Indra por un millón de dólares para elaborar los pliegos. Esto ni siquiera fue cumplido, ya que finalmente la redactaron los propios trabajadores de la AGP, denunciaron los empleados a este medio.
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Remate macrista de la propiedad del Estado
Con la disposición 97/2016, la AGP perdió de un plumazo un tercio de sus terrenos, como denunció El Destape en su momento. Se trata de hectáreas en la zona de Retiro y Puerto Madero, de muy elevada cotización comercial. Por estos y otros terrenos que tuvieron el mismo destino de la privatización, la Sindicatura General de la Nación estimo una pérdida al Estado de más de 76 millones de dólares.
En esta suerte de remates que realizó Macri con las propiedades del Estado, entre 2017 y 2018 se liquidaron más de 33 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires. Los ganadores en esta se concentraron en tres, especialmente para la zona cercana al Paseo del bajo, Retiro y Puerto Madero: Consultatio, de Eduardo Constantini, TGLT SA, cercana a Nicolás Caputo, y Fidecomiso BAP, del banquero Edmond Zafra.
A inicios de 2018, TGLT compró Caputo, la constructora que fundó en 1938 Nicolás Caputo Lauría, abuelo del homónimo amigo y socio de Macri. El consolidado de esta fusión implicó, tal como lo admitieron desde la propia corporación, que dos tercios de los empleados de TGLT provengan de Caputo. Para limpiar su historial quizás, en junio de 2022 definió cambiar su nombre a otras siglas: GCDI.
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El propio dueño de la constructora absorbida, Caputo, reconoció días atrás su propio entramado offshore con cuentas en el mismo banco suizo que eligió Macri para ocultar sus bienes. El fideicomiso creado por Caputo tenía un nombre sugerente: Newman Trust, en referencia al nombre del colegio en el que estudió junto al ex presidente, su “amigo del alma”. Al mismo establecimiento que acudió el en estos momentos procesado Gonzalo Mortola.
Ahora, la AFIP y la Justicia investigan si las operaciones inmobiliarias en los terrenos que correspondían al Puerto están asociadas a los manejos irregulares. Tras el informe de la SIGEN, el trámite deberá ser analizado por el área legal de la Jefatura de Gabinete. Tras su dictamen, lo enviará a la Procuración del Tesoro, donde se podría declarar nulo.
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