El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Impacto del COVID-19 en el empleo”, prevé que, en el peor de los escenarios, durante el año podrían perderse 340.000 empleos en la Argentina y ver una caída del PBI entre el 2% y el 3,8%, descenso que para el Ministerio de Economía quedó atrás, ya que estiman una baja del 6,5%, la mayor desde 2002.
Del documento de la entidad se desprende una observación preocupante: “Es importante tener presente que los trabajadores informales, además de verse especialmente afectados por la crisis, no cuentan con los mecanismos de protección que les permite disponer de un ingreso durante el tiempo que no puedan realizar su actividad”.
La informalidad en Argentina ronda el 35% de los trabajadores y, de acuerdo a los especialistas consultados, los sectores que estadísticamente representan un mayor grado de asalariados no registrados son la construcción, comercio, hoteles y restaurantes, industria manufacturera, especialmente textil y calzado, el sector agrícola -aunque haya pocos datos- y el personal doméstico. Roberto Picozzi director de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), encendió la alarma en este último rubro con datos aún más preocupantes: “En 2005 logró registrarse el 5% del personal doméstico. Actualmente esa cifra sólo creció al 25%. Hay que continuar con la fiscalización en las provincias”, reclamó.
Además, el contexto de pandemia pone en juego flexibilizaciones laborales encubiertas en cuarentena, como sucede en el delivery, el homeoffice y el callcenter, modalidades relativamente nuevas que ahora juegan un papel esencial y su regulaciones son pobres.“En el teletrabajo no hay fines de semana, feriados ni horarios fijos y los repartidores tienen que hacerse de sus propios elementos de protección. Si los sindicatos realmente estuvieran al servicio de los trabajadores darían pelea por todos estos rubros, pero muchas veces son los propios dirigentes quienes tienen empresas que precarizan”, manifestó Celeste Fierro, referente de Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)
¿De qué modo se expresan estas desregulaciones dentro del trabajo informal?
Las expresiones de la desregulación estatal en el mundo del trabajo esencialmente son las contrarias a las exigencias que implica acatar a la Ley N° 20744, o Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, por ejemplo, en el ámbito informal se ve como se pasa por alto el pago del aguinaldo, horas extras, y, sobretodo, la indemnización frente a un despido. En ese sentido, la brecha salarial entre trabajadores registrados y los que no lo están puede llegar hasta un 30%, según Sonia Balza, socióloga y becaria CONICET. “La informalidad no solo es la ausencia de la batería de derechos laborales, también colabora en profundizar la fragmentación del colectivo trabajador”, indicó la especialista. Además, se suma la falta de cobertura social frente a potenciales riesgos al que el trabajador queda expuesto. Según INDEC, el 32,5% de la población solo posee cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a casi 10 millones de personas. Entre otras cosas, tampoco se tiene en cuenta la protección provista por las organizaciones sindicales
¿Desde cuándo Argentina carga con esta problemática?
La informalidad no es una problemática novedosa, más bien se naturalizó desde que en la década del 90’ la suba del desempleo, la desregulación laboral y el Estado flexibilizador de la relación empleado-empleador comenzaron a formar parte del paisaje. Sin embargo, David Trajtemberg, economista y docente de Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), recalcó que, durante la primera etapa del kirchnerismo, hubo un “cambio de paradigma en materia laboral”, donde la reducción del costo laboral y la inspección de trabajo permitieron reducir “significativamente la tasa de empleo no registrado”. Datos del Ministerio de Trabajo indican que la tasa de informalidad en 2003 era del 48,4% y al último trimestre de 2019 se ubicó en el 35%.
¿Como se podría tener un mayor control sobre el empleador para evitar esta problemática?
Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacó tres claves para echar ojo sobre la fiscalización al empleador: “La primera es el registro e inscripción de les trabajadores, la segunda es el seguimiento de las formas de organización productiva (¿se tercerizan actividades o se desprenden del mismo proceso?) y la tercera es el seguimiento sobre aquellas actividades que han tenido reconocimiento como trabajadores de manera muy reciente”, enumeró el especialista. Aquí entonces se destacan dos rubros: trabajadores rurales y trabajadoras de amas de casa particulares. Sobre los primeros, en enero el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) advirtió que, de un total de 15.648 empleados rurales,12.994 se encontraban en la informalidad, es decir el 83%. De ese porcentaje solo logró formalizarse un 30%. Sobre el personal doméstico, el CONICET, junto con la Universidad de Lanús (UnLa), recientemente alertó que únicamente el 33% cobró su salario, cuando la reglamentación estatal contemplaba pagar la remuneración de las cinco categorías aunque solo una estuviera exceptuada de cumplir la cuarentena.
Capítulo especial para las PyMes: “Hay una relación directa entre la ausencia de derechos y el tamaño de las firmas”
No es lo mismo el contrato laboral entre empresarios y empleados en los grandes emprendimientos que en los medianos y pequeños. De hecho, a menor tamaño de la firma, mayor es el nivel de trabajadores no registrados. De acuerdo a una medición propia de Balza en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los micro establecimientos son las empresas que mantienen al 71,3% de sus trabajadores informalmente, en tanto que los grandes al 6,9% de sus integrantes. La diferencia es abismal y se revaloriza teniendo en cuenta que el 66,5% del empleo se concentra en las microempresas. Desagregado por rubros, en las micro compañías abocadas a la Industria Manufacturera hay casi un 80% de trabajadores no asalariados, en las entidades de mismo tamaño pero de la Construcción ese porcentaje alcanza el 96,10% y en las del Comercio un 66,40%. La menor productividad se compensa con el ahorro del salario.
En pos de mejorar las condiciones laborales del trabajador, Natalia Torres, economista del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) sugirió un sistema de incentivo fiscal o tributario para blanquear contrataciones. “Muchas veces la informalidad surge de la incapacidad del empleador para poder pagar los costos asociados al blanqueo de un trabajador. Se requiere una política masiva de control y fiscalización ante incumplimientos para evitar la precarización, como inspecciones rurales”, promovió.
Teletrabajo, impuesto a la riqueza y bono de ayuda universal: la respuesta al “y luego qué? después de la pandemia.
Pasados 72 días luego del inicio del El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), comenzar a imaginar la “nueva normalidad” es una realidad cada vez más cercana. Y allí, en ese futuro incierto pero tan añorado, es que el trabajo a distancia podría llegar a quedarse en algunos sectores. “No solo es no ir a una oficina. Hay un trabajo interpersonal, de limitar uno mismo el tiempo de trabajo, y, a su vez, ayuda a distribuir las tareas de cuidado”, opinó Picozzi y destacó que la ART en el domicilio y el pago de internet por parte de los empleadores serán nuevas herramientas a discutir.
Por otro lado, para quién no lo había notado hasta el momento, la abrupta caída de la economía expone tanto las relaciones de trabajo asimétricas, como la brecha sustancialmente grande entre la concentración económica y sus responsables y el resto de los mortales. “Recomponiendo los niveles de crecimiento no se componen los niveles de distribución. Para ello hay que implementar una reforma tributaria progresista. La riqueza es generada por todos, pero concentrada en pocas manos”, concluyó Balza. Por el momento, a corto plazo, Fierro invitó a debatir la iniciativa de hacer extensivo un bono con la misma lógica del IFE: “Tendría que haber un subsidio universal de emergencia no menor a 36 mil pesos. ¿Cómo se pagaría? Con el impuesto a las grandes fortunas. Con el gravamen, en solo un mes, podríamos contar con 15 mil millones de dólares.”, propuso.
La crisis actual pone al desnudo una problemática concreta, de larga data, imposible de relativizar y que merece un pronunciamiento determinado: el aislamiento deja expuesto el nivel de precariedad e informalidad laboral que hay en Argentina.
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