Los cinco meses cumplidos desde del inicio del aislamiento preventivo y obligatorio, permiten un balance del recorrido trazado durante este tiempo, así como también de los desafíos que enfrentará el gobierno sobre la base del actual contexto. Es posible afirmar que, hasta el momento, el Ejecutivo ha sorteado con gran éxito uno de los cuadros más complejos que le tocó asumir a gobierno alguno, esto es, gestionar los resultados macroeconómicos y sociales del modelo neoliberal impuesto por la alianza Cambiemos junto con la irrupción del drama global del coronavirus, sin que ello implique un desborde sanitario ni socioeconómico. Logrando además, en el medio, un acuerdo por el tramo más complejo de la deuda, con una quita superior a los 30.000 millones de dólares, más allá de que aún hay que aguardar el resultado de la negociación por las cláusulas legales, claves de cara al futuro poder de maniobra de los bonistas.
Con todo, lo más trascendente resulta hoy el plano sanitario, pues el lamentable fallecimiento de más de 6.700 argentinos y argentinas a causa del coronavirus, es decir poco más de 13 por cada 100.000 habitantes, exhibe que nuestro país sostiene una tasa de letalidad mucho menor que la de Brasil, México, Chile, Colombia, Bolivia, Perú, o Ecuador, más allá de que los fríos números no deberían hacernos olvidar que detrás de ellos se cuentan miles de historias de vida. Y justamente en relación al plano social, al margen de casos puntuales, no se han visto escenas de desesperación masiva por falta de alimentos o servicios básicos. Aún más, si bien el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publicó el INDEC registró una caída del 12,3 por ciento interanual del PBI en junio, acumulando una caída del 12,9 por ciento en el primer semestre, exhibe igualmente una menor caída que en mayo, donde había sido del 20,6 por ciento interanual. La medición desestacionalizada de julio, que exhibe así una suba del 7,4 por ciento mensual, que bien vale para evaluar la dinámica económica en medio de la pandemia.
Todo este cuadro presente da cuenta de que la gestión del día a día ha sido mucho más eficaz que la de nuestros vecinos, pero resulta innegable que existen, en materia económica, dos elementos que podrían desestabilizar este precario equilibrio para el caso de que el gobierno no logré modificar su dinámica.
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No son novedosos, pues el país está acostumbrado a convivir con ellos, pero nunca en una situación como la de la actual pandemia. El primero y más importante de ellos, es la habitualmente denominada “restricción externa”, es decir la carencia de dólares, que traba cualquier posibilidad de desarrollo y crecimiento, debido a una industria nacional fuertemente dependiente de las divisas para la adquisición de insumos y/o bienes de capital. Con los mercados de crédito cerrados desde el año pasado, a causa de que el mega endeudamiento macrista se consumió la totalidad de los recursos que los que el mundo y el FMI tenían para prestarle a la Argentina, el única ingreso de divisas es actualmente a través de las exportaciones. Si bien en este aspecto el presente año se presentará como muy beneficioso para el país, debido a que la caída industrial derribó las importaciones, con lo que se estima un superávit record de 20.000 millones de dólares, la presión que hay sobre los pocos dólares con los que cuenta la Argentina, provocan que el Estado deba perder gran parte de las divisas en calmar esta demanda para evitar una suba abrupta en el precio de la moneda norteamericana, lo que provocaría también un salto inflacionario. La vía por la que millones de argentinos están accediendo a los dólares que atesora el Estado, es el denominado “dólar ahorro”, un cupo límite de 200 dólares mensuales que habilitó el macrismo una vez que permitió la compra sin límite y posterior fuga de 88 mil millones de dólares. Así, mientras que en enero 500.000 argentinos habían hecho uso de esta opción, la suba del dólar paralelo llevó a que en julio último cuatro millones de personas adquirieran su cupo total o parcial, por una suma total de 800 millones de dólares, mientras que se prevé para este mes que se llegue a los mil millones, en una carrera que pueda hacer dilapidar el grueso del superávit comercial, tornando altamente dificultosa la contención del valor del dólar oficial así como una recuperación industrial.
El segundo aspecto es el déficit fiscal, cuyo monto, si bien se encuentra decreciendo, se mantiene en valores insostenibles en el tiempo. De acuerdo al Ministerio de Economía, en julio pasado, alcanzó los 155.524 millones de pesos en el caso del primario (antes del pago de servicios de deuda) y de 33.566 millones de pesos en el financiero, es decir 189.089 millones de pesos, debido un gasto un 59 por ciento mayor al de julio de 2019 e ingresos que solo crecieron un 16 por ciento interanual, aunque en un 8,3 por ciento mayores a los del pasado junio.
El abultado déficit se explica por la asistencia record que el Estado está proveyendo a sectores vulnerables como trabajadores y pymes, aunque también al hecho de que no ha efectuado mayores acciones entre los sectores privilegiados del espacio político y empresarial, como por ejemplo la implementación del impuesto a la riqueza. No es necesario ser monetarista para advertir que este déficit, cubierto por endeudamiento en moneda local y emisión, se vincula con la creciente presión hacia una mayor inflación, más allá de no ser la única causa.
A estos dos riesgos económicos, se adiciona uno político, derivado de que el gobierno no pueda o no desee avanzar con su agenda inicial, en la que buscaba redistribuir la riqueza concentrada especialmente durante los cuatro años en los que la alianza Cambiemos ejerció el poder. El freno al inicial proyecto de expropiación o intervención de Vicentin, o la falta de avances en el anunciado impuesto a la riqueza, da cuenta de una imposibilidad de avanzar en ciertas líneas, sea a causa de la pandemia, de una disposición táctica en relación al tiempo para lograr los objetivos, o de falta de decisión política de confrontar con ciertos sectores del establishment. Y es que la implementación de una agenda económica progresista y distributiva, requiere fundamentalmente de una política poco permeable a los lobbys económicos, políticos y judiciales. Justamente en relación a esto último, la decisión del gobierno de avanzar con la reforma judicial, puede dar cuenta de un nuevo impulso por retomar su agenda y disminuir el riesgo político que le implicaría no poder llevarla adelante. De su resultado, también dependerá como enfrentará el gobierno los próximos desafíos económicos.
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