Por la pandemia se mantienen a la fecha cuatro millones de hogares, equivalente a más de 12 millones de personas, con deudas en servicios de gas, electricidad y comunicaciones (telefonía móvil y cable prepagas). Si bien el índice de mora comenzó a mejorar a partir de junio, según relataron fuentes de las compañías del sector consultadas por este medio, la incobrabilidad todavía es alta y con pocas perspectivas de recuperarla en el corto plazo. Son hogares que dejaron de percibir ingresos y quedaron amparados en disposiciones oficiales que impiden el corte del suministro y que al final del año habrán acumulado siete meses impagos de sus facturas de servicios. El Destape hizo un relevamiento de la situación de morosidad para cada uno de los servicios, en los que también se verifica una alta dispersión por región.
El Gobierno analiza distintas salidas post pandemia que se podrán ofrecer a las familias para "ponerse al día" frente a un escenario que no promete una recuperación de los ingresos en el corto plazo. En algunos casos se estudia la posibilidad de absorber parte de la pérdida que genere para las empresas esta situación de incobrabilidad. Según las disposiciones vigentes, cuando se levante el congelamiento las prestadoras deberían establecer un plan de cuotas para los hogares con facturas impagas.
El peor momento fue abril y mayo, según relatan las empresas del sector. "Ahí la caída en el nivel de cobros se contrajo más de la mitad, debido a que no había lugares habilitados para el pago del servicio ni para el envío de las facturas. En junio, cuando se declaro esencial el envío de las facturas y las mediciones los hogares comenzaron regularizar sus situaciones", explicaron a este medio desde la distribuidora Naturgy, una de las empresas que abastecen en conjunto a 8,6 millones de hogares a través de la red de gas.
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"A nosotros nos sucedió lo mismo. En ese momento la cobrabilidad se ubicó en el 30% o 40%, según la zona. Fue mejorando a partir de un trabajo para que se acceda digitalmente a la factura", sumaron su aporte desde la distribuidora eléctrica Edenor. Las distintas empresas del sector eléctrico brindan servicio a 11,5 millones de hogares residenciales. Por usuario se refiere a una conexión, así que son muchas más las personas que acceden al gas por red, ya que en un hogar generalmente vive más de una persona.
Con boleta en mano
El porcentaje de cobra de cobrabilidad acumulado a los usuarios residenciales y comerciales e industriales pequeños a partir del 20 de marzo y hasta el 25 de septiembre promedia el 90% sobre un total de 8,6 millones de hogares. El total de incobrabilidad a del servicio público de gas por redes alcanza a 1.015.000 hogares, según estimaciones propias realizadas sobre la base de la información del Enargas.
Si se analiza por empresa, Gasnor, con más de 500 mil usuarios de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, mantiene una regularidad del cobro del orden del 84%, seguida por Distribuidora de Gas Cuyana, abasteciendo a más de 600 mil usuarios en Mendoza, San Juan y San Luis, con 85% de cobrabilidad en su facturación. Gasnea, que abastece a más de 100 mil usuarios de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, tiene una cobrabilidad de 88%. Luego se registra que Metrogas (2,4 millones de usuarios en AMBA) y Naturgy Ban (1,6 millones en zona noroeste de Buenos Aires) tienen una cobrabilidad de 86% y 87% respectivamente.
Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, que conectan a más de 2 millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires, la Región Pampeana y Patagónica; junto con Distribuidora de Gas del Centro (700 mil usuarios en Córdoba, Catamarca y La Rioja) y Litoral Gas (supera los 700 mil usuarios en Santa Fe y los partidos de San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Colón, Bartolomé Mitre, San Pedro y Baradero) registran un promedio de cobros de 90% o mayor sobre facturación vencida.
Al normalizarse los canales de pago presenciales, se observa una mayor cobrabilidad. A la fecha, se incrementó aproximadamente un 28% el promedio de la cobrabilidad respecto de abril, señala el ente regulador. "Por ejemplo, medido en cantidad de operaciones, de enero a agosto de 2020, el 46% de los cobros realizados por Naturgy fueron realizados por medios electrónicos (742.139); mientras que en el mismo período de 2019 la cifra fue de 36% (370.240)", explicaron desde Naturgy, que aclara que aún "no llegó a compensar la caída de las cobranzas de los canales presenciales".
En el caso del servicio eléctrico la regulación es distinta y cada jurisdicción tiene competencia sobre el servicio. Según datos de Cammesa, la red eléctrica abastece a 11,5 millones de hogares. No se cuenta el suministro a empresas, que suma 2,5 millones de usuarios adicionales. Estimaciones de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) advierten que el índice de cobrabilidad se ubica actualmente entre el 70% y 75%, lo que dejaría entre 2,8 y 3,5 millones de usuarios con deudas en sus facturas de electricidad. Si se extrapola a una "familia tipo" de cuatro integrantes, estaría afectando a más de 12 millones de personas.
El conjunto de las distribuidoras asociadas a ADEERA presta el servicio público de electricidad a más de 14 millones de clientes en todo el país y la población beneficiada llega a 32,5 millones de habitantes. Las distribuidoras de ADEERA operan el 97% de la energía eléctrica que se consume en la Argentina.
Esta semana la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español, y el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo Richards, establecieron una agenda conjunta con el fin de "coordinar acciones para proteger a las y los usuarios del servicio eléctrico en su carácter de consumidoras y consumidores".
El decreto vigente contempla el caso de usuarios del sistema de servicio prepago de telefonía móvil o internet que no hubiesen abonado recargas para acceder al consumo y aplaza hasta el 31 de diciembre la obligación de los prestadores de "brindar un servicio reducido que garantice la conectividad". Según cifras de la Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) se registran 400.000 usuarios de una de las operadoras que se acogieron a servicio reducido, y los 75.000 hogares al mismo esquema para el Cable.
Según la reglamentación vigente, quien acredite que sus ingresos cayeron 50% pueden pedir que no le corten el suministro por 180 días y acceder a una prestación básica. Por su parte, pueden solicita la Tarifa Social, tanto para gas como electricidad, jubilados o pensionados, titulares de un plan social, quienes reciban un seguro por desempleo, tengan una discapacidad o se encuentren en situación de pobreza. Las cifras oficiales revelan un universo de 18 millones de personas en condiciones de pobreza; es decir, sin recursos para afrontar la canasta básica de alimentos y servicios.
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