El Gobierno decidió excluir a empresas de intermediación financiera (es decir, los bancos) y a las aseguradoras del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo ya que considera que se trata de rubros que "operan en total normalidad" y en los cuales sus empleados pueden realizar sus tareas mediante el teletrabajo.
A pesar de que varias empresas de ambos rubros ya habían sido apartadas del Programa, algunas compañías seguían incluidas, como por ejemplo, los servicios de seguros patrimoniales (excepto los de las aseguradoras de riesgo de trabajo), las casas y agencias de cambio, los mercados a término, la asesoría financiera, los servicios auxiliares a los servicios de seguros, entre otros.
A través de la Decisión Administrativa 702/2020 publicada esta mañana en el Boletín Oficial se señaló que, a partir de hoy, dichas empresas quedarán excluidas del programa por tres motivos.
En primer lugar, se destacó que "la intermediación financiera opera con relativa normalidad" y que "en ningún momento el sector dejó de cobrar intereses".
También, afirmaron que los costos de las aseguradoras disminuyeron significativamente tras el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio": "La cantidad de usuarios diarios de tarjeta SUBE cayó 84% y 89% en las provincias desde el 20 de marzo, en tanto que la movilidad particular (medida a partir del uso de autopistas en los corredores oeste y norte) cayó 76%".
Por último, aseguraron que "se trata de sectores con un elevado potencial para el teletrabajo debido al alto uso de equipos informatizados por parte de sus trabajadores".Sobre este tema, detallaron que el 81% de los trabajadores del sector utiliza normalmente equipos informáticos y sistemas en sus tareas habituales: "El mayor de toda la economía, que en promedio dicha cifra es del 25%".
El Programa ATP se creó para asistir económicamente a las empresas con menos de 800 trabajadores, abonando el 50% de los sueldos en concepto de "salario complementario" en las cuentas bancarias de los más de 2 millones de asalariados alcanzados con el beneficio. Además, algunas entidades recibirán una reducción del 95% de las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino.
En la modificación publicada esta mañana se explica que el objetivo es "preservar las capacidades organizacionales de las empresas, así como puestos de trabajo de calidad (como lo son los asalariados registrados, hacia donde apunta el programa)".
En este sentido, desde el Gobierno destacaron que "dicho objetivo debe cumplirse atendiendo a criterios de costo-efectividad, esto es, maximizando la eficiencia en el uso de los recursos públicos".
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