Las fallidas negociaciones entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires desnudaron los privilegios que otorgó Cambiemos al territorio porteño durante la gestión de Mauricio Macri. Según estimaron los gobernadores de todo el país, el resto de las provincias perdieron 500 mil millones de pesos durante la vigencia de la irregular reglamentación que cambió los términos de distribución de ingresos por parte de Nación entre 2015 y 2019.
Nación y Ciudad concluyeron las negociaciones por los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña sin haber alcanzado un acuerdo, por lo que será la Corte Suprema de Justicia la que deberá fallar en el diferendo entre las partes. La falta de consenso llegó horas después de que los gobernadores peronistas emitieran un comunicado de respaldo al Gobierno y de crítica al máximo tribunal por su postura ante la inminente sentencia.
A poco de asumir y a través de un decreto, Macri llevó a más de tres puntos la coparticipación a la Cuidad, que pasó así de 1,40 a 3,75, algo que revirtió el Frente de Todos al asumir y que motivó acciones judiciales ante la Corte Suprema por parte del jefe comunal Horacio Rodríguez Larreta.
El incremento de las transferencias a las provincias -salvo CABA- entre 2015 y 2019 fue en promedio de 3,6 veces. Sin embargo, el aumento de las transferencias a CABA se incrementaron 10,6 veces. La razón del incremento se relacionó directamente con el traspaso de la Policía Federal a CABA.
El costo de la Policía (Seguridad Metropolitana y Bomberos) a 2016 según las cifras oficiales, representaba $ 12.600 millones. Si se proyectaba ese valor a 2019 con el aumento promedio de las transferencias a las provincias salvo CABA, sumarían $35.186 millones.
La actualización de los valores recibidos por la Ciudad en 2015 con el promedio de aumento de las provincias salvo CABA hasta 2019 sumaban $ 28.920 millones. Es decir, en 2019, la Ciudad debería haber percibido $ 35.186 millones correspondientes a la Policía y $ 28.920 millones correspondientes a los recursos percibidos hasta 2015. Sin embargo recibió la suma de $ 84.796 millones en todo 2019.
Es decir, la Ciudad recibió $ 20.689 millones más que lo que le correspondía a valores de 2019. En todo el lapso de implementación de este esquema, las provincias perdieron en su conjunto alrededor de 500 mil millones de pesos. Actualmente, las arcas nacionales padecen la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto en la Ciudad.
Desde la Ciudad señalaron a este medio que el gobierno porteño "concurrió a estas reuniones con la intención de analizar si existía una posibilidad de resolver este conflicto". En ese sentido, señalaron que se había avanzado con algunas cuestiones como la forma y la actualización de la transferencia que la Nación le hace a la Ciudad por este servicio todos los meses. "Pero en la cuestión de fondo que es el tema del monto final de la transferencia no hubo acuerdo posible", subrayaron.
Ahora la Corte tomará la decisión final
La reunión entre Nación y CABA se concretó en la misma jornada en que vencía la extensión del plazo otorgado por el máximo tribunal y luego de que 21 provincias aprobaran un informe de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) que contradice la posición de la Ciudad en el reclamo. Será ahora el máximo tribunal el que deba emitir un fallo, que podría ser precedido por una medida cautelar.
"La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo", remarcaron una larga lista de gobernadores en el documento firmado para ejercer presión sobre la Corte.
Cabe destacar que la Corte no tiene plazos para ninguno de sus procedimientos. Por lógica, las cautelares no pueden demorar mucho, por lo que si dispone resolverla, debería ser en el marco de horas, días o máximo algunas semanas. Sin embargo, la dinámica judicial que reina en el máximo tribunal tiende a prolongar los tiempos de resolución por mucho más tiempo. Los magistrados no tienen sobre sus espaldas el peso de normativas que los obliguen a resolverlo antes.
Mientras tanto, desde el gobierno nacional insisten en que no hay bases ni justificativos para fundamentar la suba de ingresos a la Ciudad. De momento, el costo por mantener el unitarismo del esquema vigente lo pagará la desfinanciación del resto de las jurisdicciones del país.
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