Los consumos con tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán desde este lunes a pagar una alícuota del 1,2% en concepto de "impuesto de Sellos", un artilugio inconstitucional del gobierno porteño para presionar sobre la devolución de puntos de coparticipación a la Provincia. El objetivo de la administración de Horacio Rodríguez Larreta es recaudar 7.700 millones de pesos y compensar en parte la reasignación de los fondos de coparticipación que dispuso la Nación.
En el marco de una batalla legal que se abrió entre el Gobierno nacional y el porteño por 52.000 millones de pesos de coparticipación federal que el macrismo transfirió por decreto a territorio porteño y el gobierno actual restauró parcialmente, la Ciudad sorprendió con la presentación de dos impuestos incluidos a último momento en el Presupuesto 2021.
Dispuso gravar las Leliqs y las operaciones de pases entre bancos y las compras con tarjeta de crédito. La polémica se abrió por los primeros dos instrumentos, que el Central utiliza para mantener a raya la inflación. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le pidió al a Rodríguez Larreta que desista de la intención de aplicar un impuesto a las Leliq, instrumento de política monetaria de la entidad. En una misiva pública le recordó que la Corte Suprema tiene jurisprudencia sobre la imposibilidad de los distritos de avanzar sobre las regulaciones del BCRA.
La tercera medida prosperó y comenzó a regir este lunes. estimaciones privadas realizadas durante el debate de la nueva alícuota señalaron que la recaudación a la que podría aspirar la Ciudad con este tributo y otros incrementos impositivos se elevaría a casi 20.000 millones de pesos, de los cuales un tercio provendrá del uso de los plásticos por parte de las familias que tengan cuenta en bancos porteños.
La base imponible del gravamen serán todas las tarjetas de crédito bancarias, para los consumos tanto en pesos como en dólares, de todas aquellas cuentas registradas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, aunque su titular resida en otra jurisdicción. La medida, incluso antes de su aprobación, había recibido el rechazo de las entidades representantes de comerciantes y de la pequeña y mediana empresa, por entender que se trata de un nuevo impuesto al consumo en momentos en que se impulsa la recuperación de la actividad económica.
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