El proyecto de ley de incentivo a la construcción y acceso a la vivienda, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados en mayo pasado, espera ahora por la media sanción del Senado. La medida cuenta con el impulso de la Cámara de la Construcción (CAMARCO), la UOCRA y los desarrolladores inmobiliarios, que quieren de ese modo reactivar el sector y aumentar la oferta de viviendas.
El proyecto propone darle impulso tanto al mercado inmobiliario como al de la construcción y al de vivienda mediante el blanqueo de dinero en el sector, con el objetivo de ingresar fondos al sistema y generar costo cero para el Estado. En este sentido, estipula un plazo de pago por el blanqueo de 360 días en total, con una alícuota creciente cuanto más se demora el pago: será del 5% en los primeros tres meses, del 10% en los segundos tres meses, y del 20% en los 180 días restantes.
Además, la iniciativa estimula la transformación de planes de trabajo en empleo formal en el sector de la construcción, siempre y cuando los beneficiarios "cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan", afirma el texto que recibió media sanción, y agrega que "el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social establecerán las pautas para determinar la procedencia y el alcance de la compatibilidad del trabajo registrado con los programas sociales y de empleo nacionales que otorguen prestaciones dinerarias destinadas a las personas y grupos familiares en situación de vulnerabilidad social, incluyendo los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas municipales y de las organizaciones sociales".
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Damián Tabakman, presidente de la CEDU (Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos), afirmó que la mesa de la vivienda de CAMARCO, la UOCRA y las inmobiliarias se está impulsando "desde hace tiempo un paquete de medidas para reactivar al sector". "El blanqueo para la construcción es una de las más importantes y está al salir en el Congreso. Sería la renovación del que estuvo vigente el año pasado pero que duró poco tiempo. Nuestra expectativa es que ahora sea por un año. Teniendo en cuenta el enorme efecto multiplicador de la construcción, la capacidad de generar empleo genuino rápidamente, y que además es un sector que no necesita dólares, estamos convencidos que este blanqueo está más que justificado", explicó Tabakman.
El proyecto se basó en dos antecedentes. Por un lado en los CEDIN (Certificados de Depósito para Inversión) lanzados en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, que, según los constructores, lograron darle cierto impulso al sector. Y por el otro, las leyes de vivienda de Uruguay, que eximen de impuestos a quienes construyan viviendas en el país.
La iniciativa obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 5 de mayo pasado con el apoyo tanto del Frente de Todos como del PRO, por 172 votos afirmativos, 20 negativos y 45 abstenciones, mayoritariamente del radicalismo.
En 2021 se había aprobado una normativa similar, que establecía una ventana de blanqueo más corta, de 120 días, para construcciones de vivienda de avance menor al 50%. Sin embargo, la ley fue reglamentada solo dos días antes de vencer, por lo que pocos pudieron entrar. La ley fue luego incluida en el Presupuesto 2022, que terminó siendo rechazado en la Cámara baja, por lo que los legisladores impulsaron el nuevo proyecto finalmente aprobado el mes pasado.
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